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» Jackemate
Fecha: 15/05/2025 14:20
Comparte este Articulo... “Ante la falta de conocimiento y sensibilidad por parte del Gobierno nacional que, además de incurrir en violaciones a tratados internacionales y un maltrato constante, ahora y después comprobar la ineficiencia de su resolución, la derogan y prometen una nueva disposición”, precisó en un informe público la concejala socialista rosarina Verónica Irizar. En particular, según precisaron, los técnicos de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas señalaron que, a pesar de los esfuerzos por mejorar la transparencia, la implementación del baremo de evaluación médica resultaba inadecuada y carecía de una base sólida para garantizar la equidad de los beneficiarios. A partir de una revisión exhaustiva, se advirtió que ciertos criterios no se alineaban con normativas internacionales en materia de discapacidad, lo que llevó a la necesidad de una nueva revisión técnica. En este marco, la concejala del bloque Socialista presentó un proyecto que busca que se extiendan los plazos para tramitar la auditoría de la pensión por discapacidad, ya que solamente el 50% de las personas alcanzadas en la región pudo llevarlo adelante. El objetivo es que haya una prórroga en el sistema de turnos y para la presentación de la documentación requerida por las auditorías. En la misma línea, se plantea la publicación de un padrón público de beneficiarios y turnos asignados junto a la suspensión de medidas punitivas y/o cese en el pago de las pensiones “hasta que se garantice que la totalidad del padrón de la provincia de Santa Fe haya sido fehacientemente notificado y evaluado, con el fin de garantizar transparencia y accesibilidad en el proceso, como también justicia en la prestación”, señaló. Esta iniciativa, aprobada el pasado jueves en el recinto del Palacio Vasallo, se da en el marco de la resolución N° 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que dispuso la realización de una auditoría general de todas las Pensiones No Contributivas de la Ley N° 13.478 y Decreto N° 432/97, además de la alta tasa de inasistencia que tuvieron los turnos asignados para la auditoría. “El mecanismo elegido es cruel y poco eficiente, algo que ya se hizo costumbre en la gestión del presidente (Javier) Milei, que tiene el único objetivo de recortar beneficios y derechos a los más vulnerables”, aseveró. Y agregó: “De otra forma no se entiende como la mitad de población objetivo estimada no se presentó, y por qué se montó un sistema que debería auditar 900 personas por día, algo imposible para el dispositivo armado en el prestador. Ahora, a último momento y después de hacer pasar mucha gente por un proceso cruel decide reverlo y proponer un nuevo sistema de auditorías”, destacó Irizar. En la ciudad hay alrededor de 13 mil personas que según los responsables de la auditoría fueron notificadas. Por ello, Irizar sostuvo que “debido a la complejidad de la metodología utilizada, solamente el 50% pudo asistir a los turnos y cumplir con lo solicitado. Desde el Concejo Municipal buscamos una prórroga en los plazos planteados, para que más personas puedan conseguir el beneficio, ya que en muchos casos es el único ingreso con el que pueden contar”, señaló la concejala. En ese marco, detalló que “los turnos llegan con poca antelación y la persona con discapacidad no llega a conseguir todos los requisitos que se le exige en ese tiempo acotado, en lo referido a su historia clínica y estudios médicos actualizados” Además, añadió que “los beneficiarios de la pensión actualmente no cobran más de $278.000 con bono incluído, por lo que carecen de recursos para abonar un profesional privado que les gestione los estudios que exige la Andis”. También dijo que “otra barrera que encontramos fue el lenguaje extremadamente técnico empleado en las cartas documento recibidas lo que fue dificultoso para la gran mayoría, fundamentalmente para las personas con discapacidad, muchas de las cuales cuentan con secuelas de salud importantes, orgánicas o de salud mental y que no entienden de qué se trata la auditoría, como también para sus acompañantes y para los profesionales de la salud que deben realizar las certificaciones”, explicó la edila. Conjuntamente, enfatizó que “muchas personas no fueron notificadas, pese a formar parte del padrón del operativo de control”, y recordó que esto fue denunciado por la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis). “El Estado tiene el derecho y el deber de auditar todos los procesos que otorgan derechos y garantías, pero debe de hacerlo siempre acorde a un plan y a una metodología que la haga accesible e implementable para todos”, apuntó. Asimismo, aclaró que “en la mayoría de estos casos son personas que suelen atenderse en el sistema de salud pública provincial o municipal, con lo cual una tarea de cruce de información previa hubiera sido más eficiente y simple, evitando la doble carga que están haciendo los sistemas de salud y las complicaciones y la angustia que le generaron a las personas con discapacidad y sus familias”. Por último, afirmó que “el Gobierno nacional debe estar atento a esta situación y no permitir que miles de personas y familias, de forma arbitraria queden sin la pensión, sin garantías ni explicaciones y también sin cobertura médica, ya que el acceso a las pensiones garantiza también la atención través del programa Incluir Salud”. Detalles del proyecto aprobado El proyecto aprobado este jueves encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la repartición que corresponda, gestione ante el Gobierno nacional una prórroga en los plazos del sistema de turnos y para la presentación de la documentación requerida por las auditorías sobre las Pensiones No Contributivas, así como la publicación de un padrón público de beneficiarios y turnos asignados, y la verificación fehaciente de las notificaciones a la totalidad del universo auditado. Por último, tiene como propósito que también se gestione el cese de toda medida que implique la pérdida de las mismas hasta tanto se garantice la evaluación. (Jackemate.com)
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