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La Paz » Politica con vos
Fecha: 15/05/2025 11:01
La cartera que dirige Federico Sturzenegger informó este jueves la decisión del Gobierno para quienes no hayan aprobado el examen implementado el año pasado. El Gobierno nacional anunció que los empleados públicos que no aprobaron la prueba de idoneidad implementada desde el año pasado serán desvinculados de sus cargos a partir del segundo semestre del 2025. Se trata de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, una medida relacionada con la idea de «aumentar la eficiencia» en las contrataciones del personal estatal. El nuevo requisito para ocupar un cargo dentro del Estado fue oficializado en el Boletín Oficial, luego de que se publicara la Resolución 48/2025. De acuerdo con el texto que lleva la firma del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la nueva normativa estará en vigencia a partir del 1 de julio de 2025. Examen de idoneidad: la decisión del Gobierno para quienes reprobaron «Establécese que, a partir del 1° de julio de 2025, los sujetos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 solo podrán contratar y/o efectuar renovaciones en los términos del artículo 93 de la Ley N° 20.744 al personal que hubiera aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias en los términos de la Resolución de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública N° 26/24, indica el artículo 1° del documento. En este sentido, los empleados que no hayan superado el examen ya no podrán ser contratados como funcionarios y/o colaboradores, según lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley N° 20.744 de Contratos de Trabajo a partir del segundo semestre de 2025. En caso de que tuvieran un documento vigente posterior al 30 de junio, precisaron que será anulado al entrar en vigencia de la nueva normativa. Unos 40.000 trabajadores debieron rendir en diciembre del año pasado. La normativa busca alinear las contrataciones con un «estándar de competencias», en la búsqueda que sostiene el Gobierno para «optimizar el funcionamiento y la transformación del Estado». Asimismo, consideran que, con esta implementación, el Estado puede asegurar que los empleados están debidamente cualificados para cumplir con las funciones propias de su cargo.
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