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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 15/05/2025 05:30
Por medio de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno anunció el endurecimiento del régimen migratorio y buscará acelerar los tiempos de expulsión de los ilegales. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este miércoles que el Gobierno introducirá cambios al régimen migratorio en busca de endurecer la política de ingreso y permanencia de extranjeros a la Argentina a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que se publicará en los próximos días. Al anuncio lo acompañó la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; y el jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni. Se trata de una medida que venían anticipando en Casa Rosada hace meses, pero finalmente formó parte de la catarata de anuncios pre-electorales que se vienen sucediendo a lo largo de esta última semana de campaña por la Legislatura porteña. «Tenemos una normativa inmigratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivos», se quejó Adorni al respecto, y agregó: «Hoy entra casi cualquiera sin mediar muchas preguntas y las condiciones de deportación son demasiado flexibles». Según el vocero, en los últimos 20 años, ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares a la Argentina, por lo que el gobierno de Milei endurecerá las medidas para entrar al país y permanecer aquí, desde el uso de servicios públicos como salud o educación, hasta agilizar la deportación de criminales inmigrantes. A su vez, informó que «todos los condenados por cometer un delito serán deportados», así como también «se habilitará a las universidades a cobrar sus servicios si así lo deseen», un debate que Milei sostiene desde su campaña electoral. La presión de la política migratoria de Trump Según pudo saber El Cronista, la medida también se ampara en la «urgencia» que desata la deportación de inmigrantes que se aceleró este año desde la asunción del presidente estadounidense Donald Trump. En un despacho de Casa Rosada resaltaron que ya hubo más de 1.250.000 personas deportadas y contando, dentro de las cuales 138.000 son latinoamericanos y, por ende, la Argentina podría quedar expuesta a más ingresos irregulares. En ese sentido, los datos que arrojan desde Balcarce 50 denotan que en los últimos 20 años hubo más de 1.600.000 casos detectados de residencia irregular y un 24% registran como último movimiento el ingreso al país, por lo que indica que todavía siguen en el territorio en estas circunstancias. Solamente en la Ciudad de Buenos Aires, desde diciembre del 2023, hay 4.367 extranjeros y el 77% de ellos son irregulares. A su vez, destacan que el 10,5% de los gastos en materia de salud son destinados a extranjeros y que el acceso gratuito de las universidades no distingue entre los distintos tipos de residentes: la idea es que los institutos que decidan arancelar su servicio para extranjeros puedan hacerlo para residentes transitorios, temporarios e irregulares pero se mantendrá la gratuidad obligatoria para los residentes permanentes en regla. Ciudadanía: nuevos requisitos para acceder El DNU, que buscarán firmar en el día, apunta a varios frentes. El primero tiene que ver con el acceso a la ciudadanía: la Constitución Nacional le otorga derechos civiles a todos los extranjeros, pero la ciudadanía además habilita ejercer derechos políticos (poder votar) y el pasaporte, y esa distinción tendrá requerimientos más rigurosos. Para adquirir la ciudadanía se debe residir un mínimo de dos años en el territorio: el Gobierno sumará que los 365 días de permanencia sean continuos para poder acceder. Es decir, el extranjero que quiera adquirir la ciudadanía y no sea hijo de argentinos deberá permanecer en el país sin interrupciones y no podrá viajar al exterior ni un solo día, aunque no por esto perderá la residencia. Existirán excepciones: una de ellas y la más destacada tendrá que ver con que los extranjeros que realicen una «inversión relevante en el país». Para estos casos se podrá acotar el tiempo de residencia obligatorio y dependerá del monto, aunque esto se dará a conocer a través de un decreto reglamentario para que pueda eventualmente ser modificado sin alterar la norma. Residencia, ingreso y expulsión: qué cambios aplicará el gobierno de Milei También habrá más exigencias en torno a la residencia: se pedirá constancia de antecedentes penales, la garantía de arraigos y medios económicos para poder arreglarse. Destacaron, como fue previamente mencionado, que se hará una distinción para los que obtengan la residencia permanente, ya que serán los únicos exentos del arancelamiento de las universidades (que, de todos modos, será opcional). Para el ingreso al país sumarán el requisito de una declaración jurada que constate de los motivos de ingreso y seguro de salud, de manera tal que los controles puedan hacer un seguimiento de si eventualmente se desnaturaliza ese motivo: esto apunta a regular a quienes, por ejemplo, ingresen como turistas por un tiempo determinado y una vez vencido ese plazo, viajen por un día y vuelvan a ingresar al país como turistas. En lo que respecta a los antecedentes penales, quien esté procesado por un delito que implique una condena de prisión por tres años o más no podrá ingresar al país, en pos de evitar que haya prófugos. También habrá modificaciones para quienes estén condenados: Actualmente, cualquiera que esté condenado por delitos que impliquen prisión por tres años o más no puede ingresar al país: el Gobierno sumará que la prohibición aplique para todo tipo de delito con condena de prisión, aunque no esté firme. En lo que refiere a la expulsión, esto difiere: actualmente se le expulsa del territorio a quien cuente con una condena con una pena de prisión de cinco años o más, el Gobierno sumará que se contemplen todos los delitos con pena de prisión, pero, para este caso, la condena sí deberá ser firme. También la dispensa (permitir que ingrese alguien con impedimento de ingreso o que no se expulse a alguien con motivo de expulsión) quedará inhabilitada para quienes hayan, además, sido condenados por delitos dolosos contra la vida, la integridad sexual o que atenten el orden democrático. Por último, otro de los factores clave de la reforma tiene que ver con quienes sean encontrados en Flagrancia, es decir, en un intento de traspaso no habilitado por la frontera: el Gobierno sumará que pueda ser rechazado de forma inmediata, aunque todavía no haya sido ingresado. Congreso: ¿tiene que modificarse la Ley de Migraciones en el Congreso? El trámite parlamentario del DNU deberá respetar primero el plazo de la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el diputado del MID, Oscar Zago, y luego el oficialismo espera que pueda ir al recinto de la Cámara de Diputados para ser validado. Eso dependerá de si consigue las mayorías que ayudaron a, por ejemplo, blindar el DNU que autorizó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En tanto no sea rechazado por ambas cámaras, la normativa se mantendrá vigente aunque no haya una pronunciación explícita a favor. El debate, de todos modos, no asoma fácil. Aunque el anuncio es reciente y todavía no hubo un pronunciamiento general de los distintos espacios políticos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya alertó en redes que muchos puntos de la reforma atentan contra el Acuerdo de Libre Circulación del Mercosur. El Gobierno no prevé enviar proyectos de ley antes de las elecciones de octubre porque entiende que es inviable debido a la amplia presión opositora, por lo que todas las medidas que busque acelerar deberán ser por DNU. Así, podrían conseguir el aval parlamentario suficiente entre los pocos aliados que reclutaron en la Cámara baja y, de paso, dar un pretexto que acerque nuevamente el oficialismo a los sectores políticos afines y esto incentive la campaña electoral. Prohibición de ingreso para extranjeros con condenas previas; Rechazo en las fronteras a cualquier condenado que intente ingresar al país, o que sean encontrados en flagrancia, ingresando por pasos no habilitados, quienes serán inmediatamente expulsados; Deportación de extranjeros que cometan cualquier delito en Argentina, sin importar la gravedad de la pena; Inclusión de delitos con penas menores a 5 años como motivo de rechazo de ingreso o deportación; Obligatoriedad de pago por servicios de salud para residentes transitorios, temporarios e irregulares; Exigencia de seguro médico obligatorio al ingresar al país; Autorización a Universidades Nacionales para establecer aranceles para residentes temporarios (manteniendo gratuidad en educación primaria y secundaria); Endurecimiento de requisitos para obtener la Carta de Ciudadanía, otorgándola solo a quienes hayan residido continuamente en el país por dos años o hayan realizado una inversión relevante para Argentina; Otros requisitos para residencia permanente: acreditar medios de vida suficiente y demostrar ausencia de antecedentes penales «Hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen a trabajar y a forjar su futuro en las buenas de la ley», marcó Adorni, y cerró: «Por eso, no es justo para ellos que permitamos que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en nuestro territorio al margen de la ley». Fuente: El Cronista
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