14/05/2025 21:25
14/05/2025 21:23
14/05/2025 21:23
14/05/2025 21:23
14/05/2025 21:23
14/05/2025 21:23
14/05/2025 21:23
14/05/2025 21:23
14/05/2025 21:22
14/05/2025 21:22
» tn24
Fecha: 14/05/2025 16:25
La exintendenta de Resistencia enfrenta acusaciones por favorecer a un empresario con contratos irregulares a través del programa “Mi Pueblo”. Este miércoles se dio inicio a un nuevo juicio oral contra Aída Ayala, exintendenta de Resistencia y exsecretaria de Asuntos Municipales durante la gestión de Mauricio Macri, quien está acusada de haber direccionado recursos públicos para beneficiar al empresario Claudio Tolosa. La causa involucra también a otros tres imputados y podría resolverse en menos de un mes, aunque dependerá del ritmo de las audiencias. La acusación se centra en un convenio firmado en 2016 con el entonces intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, mediante el cual se adquirieron herramientas y maquinaria a través de la empresa Service Hogar, propiedad de Tolosa. Según la fiscalía, los insumos se compraron con sobreprecios y sin justificación técnica, lo que configuraría una maniobra de malversación deliberada desde el área que comandaba Ayala. Además de la exfuncionaria y el empresario, están siendo juzgados sus excolaboradores Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte. La Fiscalía Federal, representada por Federico Carniel, sostiene que los cuatro integraban una red estructurada para ejecutar y encubrir la operación, y adelantó que pedirá hasta seis años de prisión para Ayala. En el transcurso del juicio se espera la declaración de más de 30 testigos, entre ellos figuras relevantes como el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio y el exjefe comunal Jorge Capitanich. El proceso podría extenderse dependiendo de la disponibilidad de las partes involucradas. Este nuevo proceso judicial se suma a la condena que Ayala recibió en mayo de 2024 en la causa conocida como “Lavado II”, donde fue sentenciada a tres años de prisión en suspenso por adjudicar contratos irregulares a empresas sin solvencia técnica. Aunque en ese expediente fue absuelta por el delito de lavado de dinero, el fallo fue apelado por la Fiscalía, que insiste en su responsabilidad.
Ver noticia original