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Parana » Uno
Fecha: 14/05/2025 21:25
En Entre Ríos, más de 300.000 afiliados sostienen con su salario una obra social que históricamente fue administrada por los propios trabajadores. Esa pertenencia, que no es menor, ha sido la clave para sostener un sistema solidario que, con sus falencias, ha sido durante décadas un resguardo frente a la incertidumbre del sistema de salud en la Argentina. En este contexto, resulta indispensable dejar en claro que el IOSPER no es la obra social de todos los entrerrianos. Es, con justicia y precisión, la obra social de los trabajadores y jubilados del Estado provincial. Son ellos quienes la sostienen con sus aportes. Desdibujar esta realidad para ajustarla al discurso oficial de la transparencia y la eficiencia estatal es, cuanto menos, imprudente. En estos días, el oficialismo intenta instalar que no se trata de una disolución del IOSPER, sino de su relanzamiento. Sin embargo, los hechos, las consecuencias y los términos del proyecto enviado a la Legislatura configuran otra realidad: se disuelve el directorio elegido por los trabajadores, se elimina el voto directo de los afiliados y se reemplaza el modelo solidario por un esquema de control centralizado desde el Poder Ejecutivo abierto al gerenciamiento privado y un nuevo esquema de aportes. Además, es importante resaltar que las denuncias de corrupción que se mencionan en los medios, y que justificaron la intervención y ahora el proyecto de ley de disolución de la obra social, se sostienen únicamente en versiones mediáticas. No se ha hecho pública la auditoría que comprometió la intervención, ni se han denunciado penalmente los señalamientos de irregularidades. Este silencio sólo aumenta la desconfianza de los trabajadores y afiliados, que son los verdaderos afectados en este proceso. La intervención se presenta como la solución, pero sus resultados visibles hasta el momento han sido alarmantes: aumento de los coseguros, demoras en la entrega de medicamentos, cambios en el sistema de internación, la instalación de un dudoso sistema informático, cuya capacidad y efectividad aún están por demostrarse, entre otros hechos concretos. En este contexto, se les endilga a los empleados del IOSPER la responsabilidad de la situación de la obra social, en un intento de desviar el eje y justificar deficiencias que son propias de una intervención que nunca supo cómo abordar la crisis del IOSPER de manera efectiva. El proyecto enviado por el Ejecutivo presenta vacíos legales preocupantes, abre la puerta al gerenciamiento y habilita un mecanismo por el cual el controlado podría elegir a su propio controlador. Esto es especialmente grave cuando se trata de una institución que administra los recursos sanitarios de cientos de miles de personas. Aún así, celebramos que el Poder Ejecutivo haya puesto el funcionamiento del IOSPER en el centro del debate público. Era necesario. Lo que lamentamos es que lo haya hecho con una iniciativa equivocada, que no recoge las experiencias, demandas ni urgencias de quienes realmente hacen al sostenimiento y funcionamiento de esta obra social. Es posible y necesario una norma actualizada que brinde las respuestas que necesitan sus afiliados, pero no desde la imposición, sino desde el diálogo genuino. Una ley superadora que respete los principios solidarios, que mejore los controles, que profesionalice la gestión, y que fortalezca el rol de los trabajadores en la toma de decisiones. Porque la obra social no es un botín a administrar, sino un derecho a garantizar. *presidente del bloque de senadores Justicialistas de Entre Ríos, médico cardiólogo y doctor en medicina.
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