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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 11/05/2025 10:30
El 4 de julio de 2023, el odontólogo paranaense Jorge Claudio Sapetti acudió con una presentación ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 y promovió demanda de desalojo contra el Arzobispado de Paraná y el entonces párroco de Nuestra Señora de la Piedad, Mario Haller, y de ese modo pretendió hacer efectivo el proceso de compra a una congregación religiosa del majestuoso edificio del exAsilo San Antonio, en la esquina de Paraguay e Italia. El 1º de agosto de ese año se presentó ante la jueza Civil y Comercial Nº 2 Gabriela Rosana Sione y pidió rechazar la demanda de Sapetti, apoyadándose la curia en un pleito que la Iglesia de Paraná había iniciado en los Tribunales de Buenos Aires contra la congregación Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, la orden religiosa que había tenido la posición del exAsilo San Antonio y que había cerrado un negocio con Sapetti: la venta de la propiedad. En ese pleito ante los tribunales porteños se resolvió el 2 de junio de 2023 la «prohibición de innovar en cuanto a la tenencia del inmueble sito en calle Italia esquina Paraguay». Esa decisión del Juzgado Civil N° 42 de Poder Judicial de la Nación fue luego confirmada por la Cámara Civil Sala I del Poder Judicial de la Nación. En función de esa situación la jueza Sione entendió que «por imperio de la medida cautelar, la pretensión de desalojo es improponible». Así, el 13 de marzo de 2024 la magistrada resolvió rechazar el pedido de desalojo. El 6 de noviembre de 2024, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná confirmó lo resuelto por Sione y rechazó el recurso de apelación. Como no hubo una nueva presentación en forma posterior de parte de Sapetti, el fallo de la jueza de primera instancia quedó firme. El caso estalló en el invierno de 2022. El domingo 31 de julio, durante la misa de la mañana en el Templo a Jesús misericordioso, se escuchó un sermón que salió de sus cánones habituales.»Lo que voy a decir ahora puede golpear, y lo que voy a decir ahora reclama oración a todos».Poco después de las 8 de ese domingo, Mario Haller, párroco de Nuestra Señora de la Piedad, ocupó su tiempo en la misa en el Templo a Jesús Misericordioso para revelar la frustrada negociación que durante los últimos cinco años llevó adelante el Arzobispado de Paraná con la congregación Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, que acabó en escándalo.La Iglesia de Paraná quiso retener el uso del amplio edificio que supo ocupar el Asilo San Antonio, en Paraguay e Italia, pero en medio de las conversaciones, la operación inmobiliaria se cerró, de espaldas a las autoridades eclesiásticas locales.El 14 de julio de2022 el arzobispo Juan Alberto Puiggari recibió una comunicación en la que las religiosas le informaron que el edificio que ocupó el viejo Asilo San Antonio, contiguo a La Piedad, fue vendido. La operación inmobiliaria quitó así a la Iglesia de varias dependencias y hasta de la casa habitación del párroco. La venta fue el punto final que desató el enojo y el escándalo dentro de la Iglesia y fue consecuencia de un diálogo frustrado. «Durante cuatro gestiones episcopales, desde monseñor (Adolfo Servando) Tortolo en adelante hasta hoy, y durante el ejercicio de ocho párrocos -yo soy el octavo- se ha intentado un diálogo pacífico para llegar a una solución con las hermanas de la Congregación Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, que tuvieron durante mucho tiempo el Hogar San Antonio. Ahora queda una sola, la hermana Carmen», dijo Haller. «Ha sido un extraño procedimiento, por no usar otro adjetivo, de la congregación, con la cual ha sido imposible dialogar. Lo digo en primera persona, y no quiero entrar en detalles ahora, porque ustedes han venido a celebrar por otro motivo pero es necesario que sepan porque esto va a tomar curso público. No se ha podido dialogar y nos han informado que han vendido», explicó a la feligresía el sacerdote. Después de aquella homilía de tono belicoso, llegó la batalla judicial. A mediados de agosto de 2022 la Iglesia presentó una denuncia penal por el supuesto delito de usurpación contra el médico odontólogo Jorge Sapetti. El escrito, con el patrocinio del abogado Mario Martínez, fue firmado por el arzobispo Juan Alberto Puiggari, el párroco de Nuestra Señora de la Piedad, y un grupo de laicos, y procura que la Justicia dirima un conflicto de envergadura que se entabló, primero, entre la Iglesia local y la comunidad de las monjas Franciscanas Terciarias de la Caridad, y ahora con Sapetti, que desde 2021 tiene la titularidad del edificio. Pero el Ministerio Público Fiscal desestimó la denuncia y la archivó. La Fiscalía constató que no se verificó el delito de usurpación por parte de Sapetti, quien aportó documentación que prueba que adquirió ese inmueble, el cual le fue vendido por la comunidad Hermanas Franciscanas Terciarias de la Caridad, que supieron tener actividad en Paraná pero que ya no: sólo queda una sola religiosa que ocupa una segunda propioedad, que comparte con la casa parroquial de Nuestrra Señora de las Piedad. «Que analizando el caso -dice la fiscal María Jimena Ballestero en su resolución-, y a los fines del juicio de adecuación corresponde subsumir el suceso denunciado en el delito de Usurpación -artículo 181 del Código Penal- figura que requiere para su configuración que el despojo ( total o parcial) de la posesión o tenencia de un inmueble se produzca por los medios enumerados taxativamente por la ley, esto es violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad». Pero esos presupuestos no se dieron en el caso del exAsilo San Miguel. Luego del fracaso en sede penal, el Arzobispado de Paraná siguió la pela en el fuero civil. Pero en esa instancia está frenada la pretensión de Sapetti de conseguir el desalojo.«El inmueble de calle Italia 398 de Paraná es de titularidad de Jorge Claudio Sapetti. Anteriormente, pertenecía a la asociación civil Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad. (escritura pública de compraventa de fecha 23/04/2021)», dice en un fallo que firmó el 31 de marzo último la titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2, Gabriela Rosana Sione. Pero la magistrada no se apoyó en la titularidad del inmueble a partir de una escritura de compra-venta para definir su futuro, sino en el testimonio de fieles que asisten a misa y que contaron «que el inmueble se ocupaba por distintos grupos de personas que realizaban actividades autorizadas por la Parroquia o el Arzobispado. Las referidas tareas se efectuaban regularmente con frecuencia semanal, variando el día en que cada grupo concurría. Los testigos ilustran que en el lugar se ubicaban los baños destinados al uso de los asistentes a las ceremonias religiosas. Por otra parte, con la demanda se acompaña facturas, recibos de obras de infraestructura y mantenimiento».Aunque la propiedad es de Sapetti la jueza permitió que la Iglesia siguiera utilizando el edificio del exAsilo San Antonio en calidad de okupas.Sapetti , dice la resolución de la jueza Sione, «acompañó escritura pública de compraventa del inmueble, en la cual se consignó que el bien se enajena libre de ocupación». Al edificio se lo vendió la congregación Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad. «Apreciando las declaraciones de los testigos propuestos por ambas partes, si bien sus expresiones parecen contradictorias, acreditan el mantenimiento de un sector del bien y el otro sector está sin mantenimiento», detalla la resolución judicial. Para hacer lugar al planteo de «interdicto de recobrar» que planteó el Arzobispado de Paraná en conjunto con la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, la jueza Sione detalló: «Los testigos propuestos por la parte actora dan cuenta que el inmueble se ocupaba por distintos grupos de personas que realizaban actividades autorizadas por la Parroquia o el Arzobispado. Las referidas tareas se efectuaban regularmente con frecuencia semanal, variando el día en que cada grupo concurría. Los testigos ilustran que en el lugar se ubicaban los baños destinados al uso de los asistentes a las ceremonias religiosas». Así, «reunidos los requisitos de procedencia, cabe hacer lugar a la pretensión de interdicto de recobrar interpuesta por el Arzobispado de Paraná y la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad». Entonces la jueza Sione condenó a Sapetti, dueño del edificio del exAsilo San Antonio, «a que en el plazo de diez días de quedar firme la presente, proceda a la restitución de la tenencia del inmueble sito en calle Italia N° 398 esquina Paraguay de Paraná, libre de todo ocupante y de ocupación, bajo apercibimiento de realizarse su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública». Por ahora, la batalla judicial por ese predio de la Iglesia Católica sigue con final abierto. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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