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» El siglo web
Fecha: 07/05/2025 00:53
Así lo detalla una Resolución del Ministerio de Educación N°0648 –Expediente N°002686/230-M-25– que lleva las firmas de María Gabriela Gallardo, secretaria de Estado y Susana Montaldo, ministra del área En noviembre de 2023, a días de haber asumido Osvaldo Jaldo la gobernación, había tomado una serie de medidas, entre ellas, la prohibición de las adscripciones por considerarlas “una estafa al Estado”. Es una resolución que generó sorpresa en algunos sectores del ámbito educativo, y político. El Ministerio de Educación de Tucumán, a cargo de Susana Montaldo, autorizó la adscripción de personal docente para prestar servicios en el Ministerio del Interior, a cargo de Darío Monteros, durante el período comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 26 de febrero de 2026. La medida fue tomada tras un pedido expreso del ministro del Interior y quedó formalizada a través de una resolución firmada por la ministra de Educación de la provincia. En su primer artículo, el documento establece: “Disponer Ad Referéndum del Poder Ejecutivo la adscripción para prestar servicios en el Ministerio del Interior del personal docente dependiente del Ministerio de Educación”. Según se explicó desde la cartera educativa, esta decisión responde a necesidades operativas y de colaboración interministerial. No obstante, no se especificó cuáles serán sus funciones en el Ministerio del Interior. La resolución generó inquietudes entre algunos sectores sindicales y educativos, que reclaman mayor claridad sobre el destino de los docentes implicados y el impacto que esto podría tener en el sistema educativo provincial. Desde el Ministerio del Interior tampoco se brindaron detalles acerca del tipo de tareas que se espera que desarrollen los docentes en comisión. Mientras tanto, la medida permanece “ad referéndum” del Poder Ejecutivo, lo que significa que aún debe ser convalidada formalmente por el gobernador para tener plena vigencia. La práctica de adscripciones entre organismos del Estado no es nueva, pero su uso suele ser objeto de debate cuando afecta a personal del sistema educativo, especialmente en contextos donde se denuncia falta de recursos humanos en las aulas. fuente:sincodigo
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