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» El Sur Diario
Fecha: 06/05/2025 02:20
Este lunes 5 de mayo comenzó la etapa final del histórico juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos a partir de marzo de 1975 durante la represión al Villazo, la emblemática manifestación obrera de marzo de 1974 en Villa Constitución. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario, querellante en la causa, inició sus alegatos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario. Se trata de un proceso judicial inédito en la provincia de Santa Fe: por primera vez, se juzga la posible responsabilidad penal de una empresa privada —Acindar— en crímenes perpetrados antes del golpe de Estado de 1976, bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Una cita con la memoria Desde la APDH, distintas voces llamaron a acompañar esta instancia crucial del juicio, que representa un reclamo de justicia largamente postergado. El abogado querellante Federico Pagliero subrayó que “llegamos a la etapa final del histórico juicio del Villazo. Se vienen los alegatos y es importante acompañar a los históricos obreros de la Lista Marrón que fueron encarcelados y torturados en diferentes cárceles del país”. Guillermo Torremare, vicepresidente de APDH Nacional y abogado en causas de lesa humanidad, recordó que “el alegato es quizás la etapa más importante, porque es cuando se resume todo lo que ocurrió a lo largo de mucho tiempo de audiencias, testimonios y pruebas”, y llamó a “respaldar con presencia esta lucha por memoria, verdad y justicia que aún continúa”. María Castañeda, secretaria general de la APDH Rosario, enfatizó que la presencia ciudadana en el tribunal “es importantísima para acompañar al equipo jurídico, a los testigos, familiares y sobrevivientes”. Eduardo Tavani, presidente nacional de la APDH, también se sumó al llamado: “Tan importante como seguir bregando por memoria, verdad y justicia es llevar a la cárcel a los responsables del genocidio que padeció nuestro pueblo”. La causa El juicio investiga la responsabilidad de 22 imputados —entre ellos, dos exdirectivos de Acindar, dos exmilitares, 16 expolicías federales y un expolicía provincial— por crímenes cometidos contra 67 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios entre marzo de 1975 y marzo de 1976. La represión se desató a partir del 20 de marzo de 1975 en la ciudad de Villa Constitución y fue una respuesta al masivo reclamo obrero conocido como El Villazo. El Ministerio Público Fiscal está representado por Adolfo Villatte y Juan Patricio Murray, de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario. Los jueces del tribunal son Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci. Según la acusación, la represión incluyó secuestros, torturas y homicidios, con epicentro en la planta de Acindar, donde incluso se habilitó un centro clandestino de detención en el edificio conocido como el “Albergue de Solteros”, en el marco del operativo represivo denominado Serpiente Roja del Paraná. Hace tres se realizó una inspección judicial en el predio de Acindar como parte del proceso. El recorrido, ordenado por el Tribunal Oral Federal N°1, se concentró en el área donde funcionó el “Albergue de Solteros”. Allí, según numerosos testimonios, se mantuvo secuestrados y bajo tormento a obreros metalúrgicos de la Lista Marrón. La represión de "El Villazo" De acuerdo a la reconstrucción histórica planteada por la Unidad Fiscal, un conflicto gremial de 1974 aumentó la tensión entre el empresariado metalúrgico y los sindicatos. "Las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios, y a través de las fuerzas armadas y de seguridad, decidieron aplicar un programa represivo –que luego se profundizó- en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas", se describió en la acusación. El 20 de marzo de 1975 la ciudad fue "literalmente militarizada e invadida por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura, las policías provinciales de Santa Fe –incluyendo a la división de guardia rural “Los Pumas”- y bonaerense, grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical, personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado y del Ejército", agregó. En total, unos cuatro mil efectivos a bordo de 105 vehículos que, según se describió, "hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas; entre ellos, todos los directivos de la UOM [Unión Obrera Metalúrgica] local, la Comisión Interna de Acindar, más distintos activistas". La represión se generalizó y hubo homicidios y allanamientos a las viviendas de los trabajadores y al comité local de la UOM, que fue intervenida.
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