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» El Ciudadano
Fecha: 04/05/2025 05:44
Tres organizaciones socioambientales –Ceydas, Mundo Aparte y Capibara– presentaron una demanda en los Tribunales de Rosario para lograr “la prohibición inmediata de la caza de patos en la provincia de Santa Fe hasta que no se realicen los estudios de las poblaciones de las especies” que anidan o se desplazan por el territorio. La entidades ambientalistas apuntaron contra el gobierno provincial que “permite matar”, pero también por “la contaminación por plomo”, metal de que están hechos los perdigones con se carga cada cartucho de caza. El tema es complejo: la cacería de patos silvestres como alimento es una histórica costumbre en las poblaciones rurales y puede ser fundamental para los sectores menores recursos en las geografías del norte santafesino. Pero no hay información suficiente para determinar si se están diezmando las poblaciones, como ya ocurrió sobre algunas especies de peces que están prácticamente desaparecidos del río Paraná y sus afluentes –como el manguruyú, el bagre sapo, el bagre de las piedras, entre otros–; sobre reptiles como el yacaré overo, que estuvo a un tris de la extinción y fue recuperado con una iniciativa que generó reconocimiento para la provincia en todo el mundo –el Proyecto Yacaré– cánidos como el aguará guazú –declarado monumento natural en la provincia– y otras especies como el ciervo de los pantanos, el lobito de río, el oso hormiguero y hasta el ñandú, todos borrados de la mayor parte del territorio santafesino o con poblaciones confinadas –y fragmentadas– a reservas. ¿Está ocurriendo lo mismo con el pato sirirí y el pato crestón, entre otros? El referente del Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres Gabriel Bonomi, comunicador social y docente especializado en educación ambiental, se refirió a episodios “escandalosos”, consultado por el portal Era Verde. Y caracterizó así la existencia de cotos de caza no declarados y excursiones clandestinas, como la que quedó al descubierto en 2024 cuando cazadores norteamericanos pasaron por la provincia para hacer matanzas de patos con el solo fin de hacer puntería. “Los funcionarios autorizan la caza sabiendo de antemano que no tienen la capacidad para autorizarlas”, subrayó Bonomi. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Plantaciones y limpiezas de rios & mares (@yorioar) Certificado de defunción El texto de una resolución que autoriza una nueva temporada de caza menor en Santa Fe se filtró con los detalles de las regulaciones que se estipulan y las condiciones de autorización para la matanza de tres tipos de patos. Esto llevó a que la entidad entrerriana Ceydas, junto a las santafesinas Mundo Aparte (Rosario) y Capibara (Santa Fe Capital), presentaran una acción judicial invocando la Ley provincial 10.000 de Intereses Difusos. La presentación se cursó el pasado 31 de marzo ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N°1 de Rosario, a cargo de Ricardo Ruiz, a quien se pidió dejar sin efecto la autorización, ya que simplemente “carece de estudios previos en cuanto a las condiciones de la población de anátidos y el impacto del uso de plomo de las municiones en ambiente”. Desde Ceydas, Gabriel Bonomi, aclaró que si bien la normativa no está publicada en el Boletín Oficial santafesino, se da por descontado que la resolución tomaría estado público la semana que viene, y con ello entraría en vigencia. La medida se enmarca en una ley que data de 1958, donde Santa Fe autoriza todos los años –entre mayo y agosto– la matanza de las especies Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata), Sirirí Colorado (Dendrocygna bocolor) y Pato Picazo (Netta peposaca). Se trata de “especies migratorias que no son plagas ni perjudiciales y que resultan muy importantes para el ecosistema”, se explicó. Según la demanda, la provincia no realizó los estudios exigidos por ley, por lo que se desconoce el estado actual de las especies. Según lo que trascendió del documento oficial, la temporada de caza menor en Santa Fe se extendería entre el 1º de mayo y el 31 de julio de 2025. En el escrito firmado hasta ahora digitalmente por el titular del Ambiente de Santa Fe, Enrique Estevez, se estipula que cada cazador puede matar 6 patos de cada especie, 12 en total por excursión. También estipula restricciones territoriales en áreas protegidas, así como que no se pueden utilizar municiones de plomo, señuelos y artificios de distinto tipo. En ese marco Ceydas, el Taller Ecologista y Capibara recordaron “en julio de 2024, las irregularidades que se produjeron en los cotos, así como la falta de control por parte de la Secretaría de Ambiente provincial, quedaron en evidencia al conocerse la matanza de patos protegidos en un coto de la localidad de San Javier, a manos de cazadores estadounidenses, quienes exhibieron impunemente los cadáveres de los animales en sus redes sociales”. “La fiscalización es incipiente e ínfima; no alcanza a controlar lo que ocurre en la provincia de Santa Fe –desbarató Bonomi– En realidad, ninguna provincia tiene la capacidad para fiscalizar la caza en su territorio. Mucho menos provincias como Santa Fe y Entre Ríos, que cuentan con un territorio de ríos, montes y humedales que hace mucho más difícil el acceso. Los funcionarios autorizan la caza sabiendo de antemano que no tienen la capacidad para autorizarlos”, concluyó.
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