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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 04/05/2025 05:10
Aquella mañana del 2 de mayo de 2022, Tahiel llegó al Hospital Centenario completamente desvanecido en los brazos de su mamá, Macarena Ortíz. Los médicos intentaron varias maniobras de reanimación, pero terminaron constatando su fallecimiento. Los investigadores sospecharon que cuando llegó a la Guardia ya estaba sin vida. Luego, un médico legista y un forense corroboraron en el momento que se trataba de una muerte violenta, con un fuerte traumatismo encefalocraneal y constataron la presencia de golpes, hematomas y escoriaciones recientes y antiguas en todo el rostro y el cuerpo. Macarena, la madre de Tahiel, no supo explicar los detalles y quedó detenida. La tía de la víctima y hermana menor de Macarena se presentó ante la Policía y reconoció la existencia de maltratos físicos por parte de ella y de su cuñado contra su sobrino y señaló que, si bien no había radicado una denuncia policial, sí había expuesto la situación ante el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de la provincia de Entre Ríos (Copnaf). Un crimen sin precedentes en la ciudad. La Justicia actuó rápidamente y determinó la detención de su mamá y de su padrastro, quienes estaban a cargo del niño cuando le arrebataron la vida. Esa misma noche, Alfredo Ferreyra, la pareja de Macarena, se suicidó en la celda de la Jefatura Departamental de Policía en la que fue encerrado, para agregarle aún más dramatismo al ya existente. Por ello, la única que fue juzgada penalmente por la muerte de Tahiel fue su mamá. Macarena Ortíz fue declarada culpable por un jurado popular del delito de homicidio agravado por razones de vínculo y por haber sido cometido con alevosía, en perjuicio de su hijo de dos años. Luego, la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú y jueza técnica, Alicia Vivian, impuso la pena de prisión perpetua. Pese a que el abogado defensor Pablo Ledesma planteó su inconstitucionalidad y solicitó morigerar la pena por considerarla “víctima de violencia”. Sin embargo, y pese a las sucesivas apelaciones, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó la condena, por lo que la mujer saldrá de la cárcel a sus 61 años, tras cumplir 35 de encierro. La falta de contención y la fallida intervención del Copnaf En aquellos días tan movilizantes y de reclamos permanentes en la puerta de la sede local del Copnaf, quien tomó la voz cantante fue la abuela paterna de Tahiel, Fabiana Magallán: “Me dijeron que era una metida cuando fui al Copnaf a pedir la custodia del nene como su abuela, porque el padre (su hijo) tiene problemas de adicciones y no estaba en condiciones de hacerse cargo. Después no me dejaban ver a mi nieto… Macarena, en su momento, me dijo que iba a matar a Tahiel si yo se lo quitaba, además amenazó con prenderme fuego la casa”. Desde el organismo, tras varios días de silencio y de neumáticos prendidos fuego en la calle Urquiza, realizaron una conferencia de prensa en la que se excusaron de responsabilidades, aunque admitieron que algo falló: “En este caso, como organismo provincial, lo que intentamos es fomentar el trabajo descentralizado y la conformación del sistema de protección local, lo cual debo decir que, al menos en la ciudad y en el Departamento, es un sistema bien constituido y bastante robusto, ahora lo que no podemos negar acá es que algún resorte del sistema de protección, cuando hablo de esta corresponsabilidad que tenemos todos los actores, ha fallado en cuanto a la detección de esta vulneración de derechos”, admitió Gabriel Leconte, presidente del Copnaf, quien rápidamente marcó que “más allá de buscar responsables, lo que podemos garantizar es que no tenemos ningún anoticiamiento certero ni ninguna denuncia formal de una situación o sospecha de maltrato con respecto a Tahiel”. Con respecto a lo dicho por la prima del chiquito en su momento, quien aseguró que estaba bajo el cuidado de su tía y que fue restituido por el Copnaf a su madre, desde el organismo negaron que eso haya ocurrido. “Estamos en condiciones de aseverar que eso no sucedió. Nosotros no tuvimos intervención en ese aspecto, no conocíamos la situación, eso no es cierto. El Copnaf no tenía intervención ni ninguna demanda por parte de ningún efector público ni de ningún vecino o familiar, de nadie”, sostuvo Sofía Rossi, responsable local de la institución en aquel entonces. Las explicaciones del Copnaf no hicieron más que recrudecer los reclamos de los familiares, las cuales recién fueron aplacadas una vez que la Justicia condenó a Macarena. Desde el Copnaf, reconocieron extraoficialmente que “hubo un antes y un después del caso Tahiel en Gualeguaychú”, más allá de que los protocolos son estrictos y las realidades de cada niño, niña o adolescente con un derecho vulnerado son muy complejas. ¿Qué es el maltrato infantil? Es preciso especificar qué se entiende por maltrato infantil para encuadrar conceptualmente el contexto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como “cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un menor de 18 años, abarca todo tipo de maltrato físico o afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otra índole que vaya o pueda ir en perjuicio de la salud, el desarrollo o la dignidad o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”. Según la Encuesta sobre condiciones de vida de niñez y adolescencia, en el 70% de los hogares argentinos, las niñas y los niños se ven expuestos a situaciones de violencia asociadas a métodos de crianza, como gritos, insultos o golpes. En el 40%, se utiliza violencia física, y en el 10%, castigos físicos severos. A nivel mundial, se estima que 1 de cada 4 niños y niñas son víctimas de agresiones físicas, mientras que casi 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños es víctima de abuso sexual. En nuestro país, especialistas como Matías Rovira apuntan que la violencia sexual sigue siendo uno de los crímenes con mayor impunidad y con enormes dificultades en el acceso a la justicia. El maltrato, en cualquiera de sus formas, causa sufrimiento y consecuencias negativas en la vida de niñas, niños y adolescentes. Su impacto depende de la gravedad de la agresión, su frecuencia, el vínculo con quien la ejerce y el apoyo que puedan recibir. Puede afectar su salud física y emocional, interfiriendo en su desarrollo y debilitando su autoestima. En sus manifestaciones más extremas, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Además, crecer en entornos violentos puede llevar a su normalización y a la reproducción del maltrato, la negligencia y la humillación en interacciones y relaciones con los demás. Aunque es posible revertir estas consecuencias con un acompañamiento adecuado, el verdadero enfoque debe estar en la prevención, evitando que ocurra en primer lugar. Asimismo, es fundamental apoyar a las familias en la crianza, ya que allí aparecen manifiestas las prácticas violentas como formas aprendidas por personas adultas hacia niñas y niños. En este sentido, la situación actual de las políticas públicas de infancias y adolescencias en nuestro país sufre un lamentable deterioro que limita los esfuerzos de previsibilidad.
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