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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 03/05/2025 10:31
De acuerdo con el informe de la CNDH, la corrupción y el crimen organizado perpetúan la impunidad en casos de desapariciones. (EFE/David Guzmán.) La desaparición de personas en México, incluyendo la desaparición forzada, representa una de las crisis graves en materia de derechos humanos en el país. Según informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este fenómeno afecta directamente a las víctimas y genera un impacto devastador en sus familias, quienes enfrentan incertidumbre, sufrimiento prolongado y un deterioro en su salud física, mental y económica. A pesar de los avances legislativos y los compromisos internacionales asumidos por el estado mexicano, el problema persiste como un desafío estructural que combina una amplia variedad de factores. De acuerdo con la CNDH, México ratificó instrumentos internacionales como la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas en 2002 y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas en 2008. Sin embargo, no fue hasta noviembre de 2017 que se promulgó la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, un marco normativo que tipifica estos delitos y establece mecanismos para su investigación y sanción. A pesar de este avance, la implementación efectiva de la ley enfrenta múltiples obstáculos, como la falta de recursos, la ausencia de voluntad política y la debilidad institucional en los sistemas de justicia. Un problema agravado por la falta de datos confiables Más de 35 mil restos humanos son hallados en fosas clandestinas entre 2007 y 2016. (EFE/Carlos López) Uno de los mayores retos señalados por la CNDH es la inexistencia de cifras oficiales precisas sobre el número de personas desaparecidas en el país. Según el organismo, no se cuenta con una base de datos nacional sólida que concentre esta información, lo que dificulta la búsqueda, localización y justicia para las víctimas. Además, las instituciones encargadas de la procuración de justicia han mostrado resultados limitados en la investigación de estos casos. En este contexto, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas establece el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, los resultados de las investigaciones y el destino de las personas desaparecidas. Sin embargo, el estado mexicano no ha reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, un órgano creado para supervisar el cumplimiento de esta convención. La CNDH ha insistido en la necesidad de que México acepte esta competencia, ya que podría contribuir a una atención más integral del problema. El informe de la CNDH también destacó el hallazgo de fosas clandestinas como una de las manifestaciones más alarmantes de la crisis de desapariciones en México, pues entre 2007 y 2016, se localizaron 855 fosas clandestinas en el país, de las cuales se exhumaron 1, 548 cadáveres y más de 35 mil restos humanos. Muchas de estas fosas fueron descubiertas por colectivos de familiares, quienes, ante la falta de acción de las autoridades, han asumido la búsqueda de sus seres queridos. Además, la comisión realizó un muestreo hemerográfico que identificó 1, 143 fosas clandestinas adicionales, con un total de 3 mil 230 cadáveres y restos humanos exhumados. Recomendaciones y acciones para enfrentar la crisis Familiares de personas desaparecidas asumen búsquedas en México. (AP Foto/Ginnette Riquelme) En su informe, la CNDH emitió varias recomendaciones dirigidas a diferentes niveles de gobierno para abordar la problemática de las desapariciones. Entre ellas, destacaron la necesidad de implementar el Protocolo Homologado de Búsqueda e Investigación así como fortalecer las fiscalías especializadas, garantizar recursos suficientes para las investigaciones y emitir la legislación pendiente en materia de Declaración Especial de Ausencia, acciones que señaló como inmediatas la presidenta Claudia Sheinbaum hace tiempo durante la conferencia matutina. Asimismo, la comisión subrayó la importancia de redimensionar las acciones gubernamentales para garantizar los derechos de las víctimas y sus familias, incluyendo el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño. En su informe especial, la CNDH presentó 102 propuestas dirigidas a diversas autoridades para atender de manera integral la desaparición de personas en México. Estas sugerencias incluyen medidas en áreas como la legislación, la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, la localización de fosas clandestinas, el acceso a la justicia, la reparación del daño y la prevención del delito. Entre las recomendaciones más destacadas, se encuentra la necesidad de crear un registro nacional de personas desaparecidas y fallecidas no identificadas, fortalecer los mecanismos de identificación humana y garantizar la aceptación de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Con esto, la comisión hizo un llamado a las autoridades para que redoblen esfuerzos en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación del daño y para que trabajen en conjunto con los colectivos y las organizaciones de la sociedad civil en la erradicación de este flagelo. El informe concluye que, mientras no se generen las condiciones adecuadas para atender esta crisis, la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho seguirá debilitándose, perpetuando el sufrimiento de las víctimas y sus familias.
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