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Basavilbaso » Riel FM
Fecha: 02/05/2025 16:31
El gobierno de Javier Milei lanzó una nueva herramienta digital que permite a cualquier empleado desafiliarse de su sindicato sin intermediarios, sin trámites presenciales ni autorizaciones burocráticas. La función ya está disponible a través del sistema de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP en el marco de la reestructuración estatal impulsada por el Ejecutivo. Anunciada en la antesala del Día del Trabajador, esta iniciativa forma parte del paquete de reformas estructurales que impulsa el oficialismo con el objetivo declarado de desmontar lo que considera “estructuras corporativas obsoletas” dentro del sistema gremial argentino. Desde el entorno del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señalaron que la medida representa un avance hacia “una auténtica libertad de asociación”, al eliminar las llamadas “retenciones forzosas” sobre salarios de trabajadores no afiliados. Voceros oficiales remarcaron que la herramienta no busca restringir la afiliación sindical ni limitar su actividad, sino garantizar el derecho a elegir libremente si se desea continuar aportando a una organización gremial. Para el Gobierno, se trata de reparar una “injusticia histórica” que obligaba a los empleados a sostener estructuras gremiales que, en muchos casos, no los representaban y de las que no podían salir fácilmente. La digitalización del trámite de desafiliación es apenas una parte de un proceso de reformas más amplio. En el Congreso, diversos bloques legislativos -principalmente la UCR, el Pro y La Libertad Avanza- promueven proyectos para transformar de fondo el sistema gremial argentino. Uno de los más abarcativos fue presentado por el Diputado radical Martín Tetaz, quien unificó más de treinta iniciativas previas en una sola propuesta. El texto contempla la eliminación de la reelección indefinida de dirigentes sindicales, la prohibición de cuotas solidarias a trabajadores no afiliados, la representación proporcional de las minorías internas, la obligatoriedad de declaraciones patrimoniales y una reforma del manejo de las obras sociales sindicales. En la misma línea, Luis Picat (UCR) propuso derogar los aportes establecidos en los convenios colectivos, por considerar que vulneran la libertad individual y afectan el salario de los trabajadores. Desde el Pro, Gerardo Milman apuntó contra los aportes solidarios, calificándolos de descuentos arbitrarios aplicados a empleados no afiliados. Por su parte, la Diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), junto a legisladores del Pro y del oficialismo, presentó un proyecto para prohibir el financiamiento sindical proveniente de partidos políticos o empleadores, tanto nacionales como extranjeros. El objetivo, según sus autores, es resguardar la independencia gremial frente a intereses económicos o partidarios. El Diputado Ricardo López Murphy también propuso eliminar los aportes obligatorios y equiparar las condiciones entre gremios con y sin personería jurídica. Fabio Quetglas, de la UCR, fue más allá y planteó una reestructuración integral que incluye limitar los mandatos a cuatro años, aumentar los niveles de transparencia contable y exigir la publicación de balances de cada organización. En paralelo, la Diputada oficialista Marcela Pagano presentó un proyecto que busca que los aportes patronales para capacitación sindical sean optativos, y no una obligación automática. Argumentó que los empleadores no deberían estar forzados a financiar programas gremiales que no hayan sido previamente consensuados. En conjunto, estas medidas y proyectos representan un intento claro de rediseñar el sistema gremial argentino, en línea con la visión del Presidente Milei de reducir el Estado y desarticular estructuras corporativas tradicionales. Bajo el argumento de devolver libertad a los trabajadores y garantizar mayor transparencia, el oficialismo avanza con una de las transformaciones más ambiciosas en décadas en materia sindical.
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