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  • El peronismo pide informes sobre “faltas graves y delitos” cometidos por agentes de la Policía

    Parana » Bicameral

    Fecha: 03/05/2025 04:07

    Senadores del bloque Más para Entre Ríos presentaron en la última sesión de la Cámara alta un pedido de informes en el cual solicitaron al Poder Ejecutivo que dé cuenta sobre cuáles son las acciones que lleva adelante “en relación a la sistematización de informes, documentos, estadísticas y toda otra información referente a faltas graves y delitos de cualquier índole cometidos por agentes de la Policía de la Provincia de Entre Ríos en el ejercicio de sus funciones”. El proyecto al que accedió Bicameral ingresó y fue sancionado sobre tablas en la última sesión del Senado, en un contexto donde el peronismo busca en ambas Cámaras que se regulen por ley las respuestas a los pedidos de informes, con iniciativas presentadas por Claudia Silva y Andrea Zoff en el Senado y Diputados, respectivamente. Además, el pedido tiene lugar tras la publicación de las imágenes donde tres agentes policiales de Paraná atacan a Marcelo Bruffal, un albañil de la capital provincial que sufrió graves lesiones. Cabe destacar que, tras ello, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos comunicó que los tres agentes de la Policía provincial fueron separados de sus funciones y pasados a disponibilidad. La iniciativa lleva la firma de Martín Oliva, titular del bloque Más para Entre Ríos, y cuenta con el acompañamiento de los senadores de la bancada opositora. En su artículo segundo, pregunta si existen “informes internos” por denuncias realizadas contra agentes de la Policía de Entre Ríos y/o del Servicio Penitenciario de Entre Ríos por violencia institucional y/o violación de derechos humanos. En caso afirmativo, pide remitir la documentación correspondiente a los años 2024 y en curso. Además, pide que se expliquen los “procedimientos internos, los supuestos sumariales y las medidas disciplinarias previstas para dichos casos”. Entre las nueve preguntas realizadas, se consulta si se “evaluó la posibilidad de poner en funcionamiento un sistema de recepción de denuncias y un registro de casos de violencia institucional“, como así también si “se evaluó la posibilidad de confeccionar un instructivo para explicar a la ciudadanía cómo actuar ante una acción irregular de la Policía”.

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