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» Misionesopina
Fecha: 26/04/2025 05:34
Santiago Koch actual concejal de Posadas y candidato a diputado provincial por el frente Unidos por el Futuro volvió a exigirle por segunda vez a través de un proyecto de pronto despacho que el ejecutivo municipal retire la autorización otorgada a la empresa Servicios Urbanos S.A. (SUSA) en razón del Sistema Único de Boleto Electrónico Misionero (SUBE Misionero), ante los graves perjuicios ocasionados a los usuarios del transporte público. Esta solicitud cobra carácter urgente y prioritario a la luz de los hechos de público conocimiento ocurridos en los últimos días. El día 15 de abril, una madre —Yésica Quintana— denunció públicamente haber sido víctima de maltrato por parte del personal de SUSA, cuando intentó renovar la tarjeta SUBE de su hija de 4 años con síndrome de Down. A pesar de presentar toda la documentación exigida por ley, el personal le negó la gestión con el argumento de una supuesta nueva normativa interna, que contradice abiertamente el marco legal vigente y terminó con la intervención de la policía para retirarla del lugar junto a sus dos hijos con discapacidad• A este hecho se sumaron otros relatos de padres, madres y tutores de niños con discapacidad, que evidencian un patrón de vulneración sistemática de derechos por parte de la empresa SUSA, al negarse a emitir tarjetas diferenciadas a menores de 5 años, aún cuando la ley establece la gratuidad del transporte para personas con CUD y su acompañante, sin distinción de edad. La Fundación Familias TEA Misiones solicitó la intervención urgente del Municipio, denunciando que SUSA incurre en prácticas discriminatorias, arbitrarias e ilegales, desconociendo la legislación vigente (Ley Provincial N.º 1, art. 18 inc. K) y limitando el derecho a la movilidad de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Koch sostiene que estos hechos no hacen más que agravar y confirmar lo que hace tiempo viene denunciando desde su banca. “SUSA ha demostrado una conducta reiterada de desprecio por los derechos de los usuarios del transporte público, especialmente de aquellos con discapacidad, a través de prácticas abusivas, falta de transparencia, cobros indebidos y decisiones unilaterales sin respaldo legal”.
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