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Crespo » Paralelo 32
Fecha: 26/04/2025 03:43
Este martes 29 de abril, a las 15 horas, la Comisión de Asuntos Constitucionales volverá a sesionar con el objetivo de retomar el debate sobre el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para reformar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La iniciativa, que obtuvo dictamen el pasado 8 de abril, había sido incluida en el temario de la sesión del jueves 24, pero fue retirada ante la falta de respaldo del bloque justicialista. Ante ese escenario, el oficialismo decidió regresar la propuesta a comisión y convocar a una nueva reunión con el fin de generar consensos y acercar posiciones en torno al contenido del texto, que ha sido objeto de diversas críticas por parte de sectores académicos, como la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), y de magistrados del Poder Judicial. Inscripciones más caras y financiamiento privado Uno de los puntos más comentados del proyecto es el incremento del 60% en el valor de inscripción a los concursos para cubrir cargos judiciales. Actualmente, la inscripción cuesta 5 unidades juristas ($97.500 al valor de $19.500 cada una), pero pasaría a costar 8 unidades, es decir, $156.000. Además, se incorpora la obligación de constituir domicilio en la ciudad de Paraná, incluso para quienes deseen concursar por cargos en otras localidades como Concordia o Gualeguaychú, lo que ha sido calificado como una exigencia poco práctica y restrictiva. Cambios en la composición y representación La redacción del proyecto también deja abiertas posibilidades de superposición en la representación dentro del Consejo. No se establecen limitaciones que impidan que jueces o funcionarios judiciales participen como académicos, lo cual podría alterar el equilibrio institucional del organismo. Una situación similar se presenta con la representación de las ONG, ya que no se exige que el delegado no sea abogado, lo que permitiría el ingreso indirecto de profesionales del derecho por esa vía. Asimismo, se plantea un cambio en la integración del jurado evaluador para los concursos, que deberá incluir un académico, un abogado y un magistrado, todos seleccionados de una lista confeccionada por el propio Consejo. En la normativa vigente sólo se requiere que los evaluadores tengan experiencia en la especialidad del cargo a cubrir. Impugnaciones más lentas y terna con orden de mérito Otro punto conflictivo es la modificación del mecanismo de impugnaciones. Actualmente, las objeciones se resuelven ante el Superior Tribunal de Justicia con un plazo de 30 días. Con el nuevo texto, se habilita la vía contenciosa administrativa, un proceso largo que puede extenderse por años, afectando la agilidad en la resolución de estos trámites. En cuanto a la terna final para el nombramiento de jueces y funcionarios judiciales, el proyecto restablece el orden de mérito, una práctica que había sido eliminada. Esto significa que los tres nombres propuestos al Ejecutivo estarán clasificados por puntaje, lo que puede orientar la decisión del Gobernador. Concurso anticipado y plazos suspendidos Una innovación que genera debate es el llamado “concurso anticipado”, que permite al Consejo convocar a concursos antes de que se produzcan vacantes, con el fin de tener una nómina preaprobada con vigencia de cuatro años. No obstante, esta previsión choca con el artículo 33° del mismo dictamen, que mantiene los plazos de 15 días para comunicar vacantes y 30 días para convocar concursos, mientras que el artículo 42° suspende dichos plazos por dos años, prorrogables por el Ejecutivo. Esta contradicción podría derivar en la acumulación de vacantes y la demora en la cobertura de cargos, incluso cuando haya concursos ya cerrados para cargos aún no vacantes. Apertura a financiamiento privado Una de las modificaciones estructurales más significativas es la creación de un Fondo de Financiamiento que habilita el ingreso de aportes privados. Según el artículo 38°, este fondo se nutrirá de recursos presupuestarios, aranceles de inscripción, ingresos por capacitaciones, donaciones y convenios con entidades nacionales e internacionales, entre otros. Hasta el momento, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura se solventaba exclusivamente con fondos estatales.
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