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Parana » El Once Digital
Fecha: 25/04/2025 18:30
Estafas con venta de terrenos: imputados tendrán penas condicionales. El Ministerio Público Fiscal informó que en el marco del legajo caratulado "Migueles s/ estafa", se arribó a un acuerdo de juicio abreviado para resolver la causa que investiga la millonaria estafa con la venta de terrenos inexistentes en la localidad de Oro Verde. Raquel Migueles y José Migueles. Según comunicaron desde la fiscalía, Norma Raquel Migueles aceptaría la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, mientras que José Ricardo Migueles admitiría acogerse a una condena de un año de prisión condicional, se confirmó a Elonce. El acuerdo fue alcanzado en conjunto con las respectivas defensas y se formalizará en una audiencia prevista para el próximo 30 de abril. Estafas con terrenos La causa se originó tras la denuncia de damnificados que señalaron haber sido víctimas de maniobras fraudulentas en operaciones inmobiliarias. En concreto, los imputados habrían ofrecido en venta terrenos que no existían o que no estaban en condiciones legales de ser comercializados, generando un perjuicio económico a varias decenas de personas. Imagen de promoción de los terrenos. Cabe recordar que los hechos investigados generaron preocupación en gran cantidad de personas que invirtieron sus ahorros para comprar un terreno en la vecina localidad de Oro Verde, y finalmente, fueron estafados, ya que las operaciones, implicaron la comercialización irregular de lotes y el apoderamiento del dinero de los inversores. Multimillonaria estafa Tal como dio cuenta Elonce, alrededor de 400 personas fueron estafadas con la venta de terrenos en Oro Verde, situación que ocurrió entre 2012 y 2019. La principal acusada, Raquel Migueles, quien era la titular de la supuesta inmobiliaria que ofrecía los lotes para la venta. Se estima que la mujer habría recaudado más de un millón de dólares. Otra imagen de promoción del loteo. En aquel momento, las personas decidieron invertir en la compra de terrenos en la zona de Oro Verde, con la esperanza de obtener una propiedad. Los contratos se firmaron estableciendo valores aproximados de $300.000 por cada terreno, y las adquisiciones se realizaron bajo distintas modalidades de pago. Sin embargo, cuando llegó el momento de formalizar la escrituración o tomar posesión de los lotes, los compradores descubrieron que habían sido víctimas de una estafa. Raquel Migueles. El rol de los escribanos El año pasado, el abogado Sergio Pacher, querellante en la causa y representante de algunos de los damnificados, había dialogado con Elonce y había precisado que “todo habría sido pergeñado por gente que estaba alrededor de la mujer, quien era la mano ejecutora. Ella ponía la firma, asistía a estudios notariales, para que con escribanos se ratificara la venta de terrenos. Algunos lotes no existían y otros no estaban a la venta. Ella recibía el dinero por parte de los compradores”, señaló en esa entrevista con Códigos. Al mismo tiempo, el letrado puso un manto de duda sobre los escribanos que actuaron en las operaciones inmobiliarias, ninguno de los cuales, fue acusado en la causa. “Los escribanos, a sabiendas de que había denuncias penales contra la señora Migueles, seguían haciendo boletos de compra venta como quien emite boletos de colectivo”. Estafas a 400 personas que compraron terreno: las graves acusaciones contra los escribanos Pacher recordó que pidió “la imputación de la escribana que firmó en el caso de mi defendida, pero no se me hizo lugar. En los allanamientos, se encontraron modelos de boletos de contra-venta en las casas de los escribanos, esto era un ardid, una organización delictiva formada por escribanos y esta gente”. Finalmente, sostuvo: “queremos saber dónde está todo el dinero, porque la señora Migueles no tiene ni un alfiler. Es mucho el dinero recaudado, si uno lo pone al dinero de hoy es mucho dinero recaudado. Queremos que reponga el dinero con creces. Los damnificados son de Paraná y alrededores”, reiteró. Lo incautado en los allanamientos. Detalles del acuerdo El juicio abreviado es una herramienta prevista en el Código Procesal Penal que permite abreviar el procedimiento, a partir de un reconocimiento de responsabilidad por parte de los imputados, a cambio de una pena acordada entre la fiscalía, la defensa y los propios acusados. Esta modalidad evita la realización de un juicio oral y público, agilizando la resolución de causas penales. En este caso, Norma Raquel Migueles y José Ricardo Migueles admitieron los hechos y su responsabilidad penal en el delito de estafa, lo que habilitó a las partes a convenir las penas condicionales mencionadas. De acuerdo al procedimiento, el juez deberá homologar el acuerdo durante la audiencia fijada. Raquel Migueles. Consecuencias de la condena La pena de ejecución condicional implica que los condenados no cumplirán prisión efectiva, salvo que incumplan las reglas de conducta que se les impongan o cometan un nuevo delito durante el período de prueba. Entre las condiciones usuales figuran la obligación de mantener domicilio, presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y no cometer nuevos hechos ilícitos. La resolución de esta causa en instancia de juicio abreviado busca dar una respuesta rápida a los damnificados, aunque desde el Ministerio Público Fiscal no descartaron la continuidad de otras investigaciones si surgieran nuevos hechos relacionados.
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