23/04/2025 12:12
23/04/2025 12:11
23/04/2025 12:11
23/04/2025 12:11
23/04/2025 12:11
23/04/2025 12:11
23/04/2025 12:11
23/04/2025 12:11
23/04/2025 12:11
23/04/2025 12:10
» Elterritorio
Fecha: 23/04/2025 06:42
Mónica Gurina y Leandro Sánchez serán juzgados el 15 de octubre por desobediencia judicial y entorpecimiento del transporte, tras el acampe docente del año pasado. martes 22 de abril de 2025 | 17:00hs. La principal avenida posadeña estuvo varios días completamente cortada por el acampe. //Foto: El Territorio (Archivo). La justicia misionera fijó para el próximo 15 de octubre a las 8, en el Palacio de Justicia de Posadas, el inicio del juicio oral contra los referentes sindicales y docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez, imputados por "desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra en concurso ideal". El debate estará a cargo de la justicia Correccional y de Menores Uno, con la fiscal María Laura Álvarez como acusadora pública y el abogado Eduardo Paredes como defensor de los imputados. La causa se originó en el marco del acampe docente sobre la avenida Uruguay de la capital provincial, llevado adelante entre mayo y junio de 2024 por sectores sindicales que reclamaban una recomposición salarial. La protesta fue levantada por orden judicial el 4 de junio de 2024, pero poco después fue reinstalada por decisión de la asamblea docente, lo que motivó las imputaciones. Gurina, secretaria general de la CTA Autónoma Misiones, y Sánchez, secretario general de UTEM y secretario adjunto de la misma central, fueron señalados como coautores de los hechos investigados. Según la acusación, ambos habrían desobedecido dos órdenes judiciales de desalojo e interrumpido de forma deliberada la circulación del transporte terrestre durante la medida de fuerza. La causa fue elevada a juicio en noviembre de 2024 por el juez Miguel Mattos, a cargo del Juzgado de Instrucción Penal 7, quien rechazó el pedido de sobreseimiento planteado por la defensa. En su resolución, Mattos sostuvo que los hechos investigados configuraban delitos concretos, a pesar de su vinculación con el derecho a la protesta social. "La resolución considera cerrada la etapa de instrucción y habilita el juzgamiento en instancia oral", había informado Gurina en un comunicado, en el que también se cuestiona la decisión judicial por minimizar el valor constitucional del derecho a la protesta en contextos de conflicto social. Conflictos sociales Misiones atravesó durante el primer semestre de 2024 una intensa conflictividad social, protagonizada por trabajadores estatales, especialmente del sector educativo y fuerzas de seguridad, que exigían mejoras salariales frente al fuerte deterioro del poder adquisitivo tras la devaluación de diciembre de 2023 y escalada inflacionaria. Además de esta causa, Gurina y Sánchez se encuentran imputados en otra investigación judicial por supuestos daños al edificio de la Legislatura provincial durante una manifestación realizada ese mismo año, en el contexto de las protestas por recomposición salarial
Ver noticia original
 (300 x 300 px).gif)
.png)
Examedia © 2024
Desarrollado por