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» Diario Cordoba
Fecha: 22/04/2025 04:15
El Gobierno pretende desplegar a lo largo de este año las principales medidas pendientes del denominado Plan de Acción por la Democracia. Entre ellas, la nueva ley de secretos oficiales, la regulación del secreto profesional o la reforma de las normas de publicidad institucional, derecho al honor y financiación de partidos políticos, según se recoge en el plan anual normativo de 2025. En el último Consejo de Ministros se avanzó ya la aprobación del anteproyecto de reforma de la ley electoral, incluida en el plan, para hacer obligatorios los debates electorales y la difusión de los microdatos de las encuestas. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, defendió durante su última comparecencia en la comisión Constitucional del Congreso que se han aprobado o impulsado casi un tercio de las 31 medidas del plan de regeneración. Un paquete de reformas concretado el pasado mes de septiembre y que surgió de un mandato de Pedro Sánchez tras los cinco días de reflexión en los que hace ahora un año valoró si dimitir de la presidencia del Gobierno. Aunque con un fuerte foco en la “desinformación” y los “pseudomedios”, sus tres ejes se sustentan en “ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental”, “fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestro ecosistema informativo” y “reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral”. La ley de publicidad y comunicación institucional será el punto de llegada de la pata del plan relacionado con los medios de comunicación, que busca limitar la financiación de los “pseudomedios”. “Fijar límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios esencialmente impulsados por o dependientes de administraciones públicas”, se argumenta. En esta línea se ha avanzado en la regulación para que los medios deban hacer pública la información sobre sus propietarios y accionistas, así como de la inversión publicitaria institucional que reciben. El anteproyecto, que adapta el reglamento europeo de medios de comunicación, delega en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la potestad sancionadora y el control de un registro de medios. Una de las medidas más controvertidas tiene que ver con los criterios a la hora de determinar lo que se entiende o no por un medio de comunicación. La reforma de la ley del derecho al honor complementará a la de derecho de rectificación, aprobada en primera vuelta el pasado mes de diciembre. En ambos casos se pretende endurecer la regulación y “actualizar los plazos de resolución de los procedimientos y los mecanismos de determinación de las indemnizaciones de quienes ven vulnerados sus derechos, para adecuarlos al dinamismo del ecosistema mediático actual y asegurar su carácter propiamente compensatorio”. Desde el Ejecutivo se considera que ambas normas están desactualizadas y no garantizan una respuesta ágil ante las difamaciones “en cualquier medio o pseudomedio”. Endurecimiento de sanciones La reforma de la ley de financiación de partidos, impulsada por el ministerio de Interior, pretende “reforzar el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada”, según los objetivos que marca el plan anual normativo. En el plan de regeneración se profundiza a este respecto que “dada la detección reciente de ciertos casos de incumplimiento y a la vista del efecto social negativo que estos provocan, es necesario reforzar el régimen actual para asegurar la vigencia y capacidad disuasoria de la norma”. Los socialistas ponen el foco en Vox y casos como su presunta financiación por un banco extranjero. Concretamente, del húngaro Magyar Bank Holding (MBH) que, según ha llegado a denunciar Pedro Sánchez desde el Congreso, "tiene como mayor accionista a una firma de inversión controlada al cien por cien por el Gobierno de Hungría". La Fiscalía Anticorrupción incoó diligencias de investigación, de carácter secreto, por presunta financiación irregular de Vox, después de que el pasado mes de septiembre el PSOE presentase una denuncia contra la formación liderada por Santiago Abascal al considerar que utiliza métodos para captar ingresos de manera opaca y ha recibido fondos extranjeros de modo ilegal. La formación ultraderechista ya recibió una sanción de más de 233.000 euros por financiación irregular, pero este préstamo todavía no ha sido fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Dos textos sobre información clasificada Otra de las medidas que pretende aprobarse “en unas semanas” es la ley de información clasificada. La reforma de la ley franquista de secretos oficiales es una demanda histórica del PNV y el Ejecutivo ya aprobó un anteproyecto durante la pasada legislatura. Ahora la intención es llevar el mismo texto en segunda vuelta al Consejo de Ministros para remitirlo al Congreso. Se solaparía así con la norma que el PNV impulsó al inicio de la legislatura y fue tomada en consideración por el Congreso, pero que lleva acumulando prórrogas semanales en su plazo de enmiendas desde hace más de un año. La nueva norma busca “dotar al ordenamiento jurídico español de un régimen actualizado y acorde a los estándares internacionales en la materia”. En su parte expositiva se justifica así que el “acceso a la información pública y buen gobierno, exigen acometer una actualización del régimen jurídico de la información clasificada”. Su finalidad, según se añade, “es adecuar el ordenamiento jurídico español a las necesidades actuales y adaptarlo a los estándares internacionales en materia de información clasificada, dentro del marco previsto en el artículo 105.b) de la Constitución Española, según el cual la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, ‘salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas’”. Precisamente, las diferencias entre el Gobierno y los nacionalistas vascos radican en los plazos de desclasificación de los documentos y en los automatismos, al otorgarse al Ejecutivo la capacidad de prorrogar el plazo de desclasificación de documentos concretos aduciéndose motivos de seguridad nacional.
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