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» Comercio y Justicia
Fecha: 21/04/2025 10:02
El miércoles se concretará la audiencia de conciliación citada por el Máximo Tribunal para dirimir el reclamo de Córdoba por la deuda de Anses con el organismo previsional local. El planteo ya supera el billón de pesos. Hay conversaciones avanzadas entre la Provincia y la administración Milei en el marco del programa de conciliación de deudas y acreencias mutuas. En ese contexto, hay moderado optimismo en el Panal por un eventual acuerdo, aunque no inmediato. La negociación incluye la entrega por parte de la Nación de tierras y demás bienes, además de fondos cuya magnitud se desconoce fdag Por Alfredo Flury El miércoles será un día clave para la administración de Martín Llaryora. Aunque sabe que en esa jornada no habrá un resultado definitivo, no ignora que la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia entre la Provincia de Córdoba y el Gobierno nacional por la presentación realizada oportunamente por Juan Schiaretti por la deuda de la Nación con la Caja de Jubilaciones, será un momento bisagra para destrabar el envío de recursos de la Anses para el organismo local. El monto en juego es ciertamente voluminoso: Córdoba exige un pasivo que, actualizado, ronda un billón de pesos. Por cierto, también es consciente de que un acuerdo no llegará de inmediato, como tampoco un fallo del Máximo Tribunal que le otorgue la razón a la Provincia y que la administración de Javier Milei pague el monto que determine la Corte. En rigor, la apuesta -ya anticipada por Comercio y Justicia– es que las partes lleguen a un entendimiento por fuera del sendero judicial, y en el marco del programa de compensación de deudas y acreencias mutuas firmado a fines del año pasado entre Córdoba y la Nación, justamente para negociar los reclamos de ambas partes, incluido por cierto las demandas de la Provincia ante la Corte por el tema Caja de Jubilaciones. Esas negociaciones avanzaron por buen camino, según en su momento admitió el propio ministro de Economía, Luis Caputo, en un posteo en redes, acompañado por una imagen que incluía al propio funcionario, a Llaryora y al ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta. “Avanzaremos prontamente con la firma del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas”, fue el textual de Caputo entonces. Lo cierto es que, efectivamente, las partes fueron analizando diferentes posibilidades para llegar a un acuerdo, que incluyen entre otras, la entrega por parte de la Nación de bienes o tierras y no necesariamente de fondos tanto frescos o a plazo. Qué aportaría Nación En ese marco, trascendió que la Nación podría ceder como parte de pago de la deuda, determinados inmuebles o activos que le interesan a la Provincia. En el listado, se menciona a la Central Nuclear de Embalse de Río Tercero, propiedad de Nación por medio de Nucleoeléctrica. Esta empresa, que -además- es dueña de Atucha I y Atucha II, es una de las compañías que Milei pretende privatizar. Con la EPEC convertida ahora en Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), la firma provincial podría ampliar sus unidades de negocio, incluso a la energía nuclear. También se negocia la transferencia de viviendas en el marco del Procrear, no concluidas y que están en cabeza del Banco Hipotecario. En el mismo marco, figuran como posibles bienes de canje, los terrenos militares ubicados al oeste de la Circunvalación, entre la autopista a Carlos Paz y la ruta E55. La Reserva Natural de Defensa La Calera, que es propiedad del Ejército Argentino y que se utiliza para maniobras militares, incluye 11.377 hectáreas. Sin chances de monetizar esas tierras, la idea sería darle acceso público y convertirlas en un nuevo pulmón verde próximo a la ciudad. Aunque Fadea no está en el listado y se negocia el traspaso a la Provincia por cuerda separada, también podría ser parte del paquete. Finalmente, se baraja la alternativa de el pase a manos provinciales de instalaciones que Fadea tiene en la zona de Falda del Cañete. ¿Y la plata? El punto clave es cuantificar la deuda que, según la Provincia, llega a un billón de pesos sólo por la Caja. A ese monto habrá que sumar los más de 200 millones de dólares que reclama Córdoba por obras prometidas por el entonces presidente Mauricio Macri pero que fueron financiadas por el Tesoro provincial. Por el lado de la Nación, también aseguran tener acreencias por cobrar, por ejemplo unas generadas a fines de los 90 por municipios del interior pero que tenían como garantía al Gobierno de Córdoba. Una vez que se llegue a un acuerdo aproximado de cuánto es lo que ambas administraciones se adeudan, se buscará un mecanismo para compensar esos montos. En ese contexto, la audiencia de la Corte puede servir como un paso importante para darle forma a los números que ya se vienen debatiendo entre las partes desde hace meses. Más allá de que desde el Ejecutivo admitan que un acuerdo no sería inminente, sí hay moderado optimismo de llegar a un entendimiento en el mediano plazo. En ese sentido, más allá de los bienes que Nación transferiría a Córdoba, Llaryora necesita de fondos concretos para neutralizar en parte el rojo de la Caja que hoy supera 20 mil millones de pesos mensuales que debería cubrir la Anses y, sin embargo, debe aportar el Tesoro provincial. En un año electoral, el mandatario necesita recursos para, por ejemplo, anunciar una flexibilización del diferimiento previsional, tema siempre en la agenda de los reclamos de los gremios estatales. La audiencia En cuanto a la audiencia citada por la Corte, se concretará el miércoles a las 11. Según trascendió, estará presente el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; el titular de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele y los asesores letrados del organismo. No está aún confirmado si concurrirá el gobernador Llaryora.
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