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Parana » ER 24
Fecha: 21/04/2025 03:14
ROMERO, MEDINA Y BADANO: EL TRIÁNGULO DE PODER QUE BLOQUEA EL REGRESO DE CECILIA GOYENECHE Y CONSOLIDA EL CONTROL POLÍTICO DE LA JUSTICIA ENTRERRIANA A más de dos años de la destitución de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, las esperanzas de su regreso al Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos se diluyen en medio de una estructura judicial profundamente reconfigurada. Aunque judicialmente el caso aún no ha sido cerrado de forma definitiva —sigue pendiente la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación—, políticamente el sistema ya tomó posición: Goyeneche no volverá. Y no lo hará porque quienes hoy controlan los resortes del poder judicial han sellado un pacto de silencio y reparto interno que la excluye. Ese entramado tiene tres nombres que lo definen: Rosario Romero, Susana Medina y Marcela Badano. Tres mujeres que, desde distintos espacios institucionales, tejieron y consolidaron el andamiaje que primero permitió la caída de Goyeneche, y ahora garantiza su exclusión permanente de los ámbitos de poder. Rosario Romero: la operadora política del poder judicial entrerriano Exministra de Gobierno de Gustavo Bordet y actual intendenta de Paraná, Rosario Romero es sindicada por la propia Goyeneche como la principal responsable política de su destitución. Con una larga trayectoria legislativa, Romero fue durante años la arquitecta jurídica del poder provincial, con incidencia directa en el armado judicial, los organismos de control y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Desde su despacho en Casa de Gobierno operó designaciones estratégicas, bloqueos institucionales y hasta intervenciones indirectas en expedientes de alto voltaje político. Fue quien sostuvo, articuló y ejecutó desde las sombras la mesa judicial que provocó la salida de la fiscal que se atrevió a investigar la corrupción en la Legislatura entrerriana. Hoy, nuevos elementos revelan hasta dónde llegó el encubrimiento: el procurador Jorge García tenía en su poder el video donde el exsenador KUEIDER aparece contando fajos de dinero a metros del despacho del entonces gobernador Bordet, en una escena digna del cine negro. Ese video, captado durante el desarrollo de la causa de los contratos legislativos truchos, jamás fue incorporado a la investigación ni utilizado para frenar la avanzada política contra Goyeneche. García lo ocultó. Eligió callar. Eligió a Bordet. Eligió a Romero. Y dejó que su subordinada —la fiscal que había denunciado el saqueo institucional— fuera sacrificada. KUEIDER, señalado como uno de los operadores financieros de la red de contratos falsos, fue detenido en Paraguay en 2023 tras una orden de captura internacional, pero el sistema judicial entrerriano no emitió una reacción institucional ante el escándalo. Al contrario: quienes debían investigar fueron desplazados y quienes debían responder, premiados. Susana Medina: la jueza que nunca perdonó La expresidenta del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina, tuvo un rol clave en el proceso. En su carácter de titular del STJ, no solo ejerció una fuerte influencia sobre el Jurado de Enjuiciamiento que destituyó a Goyeneche, sino que también encabezó un sector del Poder Judicial alineado con el statu quo político y judicial. Medina ya tenía antecedentes de tensiones con aliados de la fiscal: Josefina Etienot, exviceintendenta de Paraná y firme defensora de Goyeneche, la denunció públicamente por presionar con pedidos indebidos. Según Etienot, Medina le solicitó fondos municipales para un viaje institucional a Nueva York —petición que fue rechazada— y ese acto marcó su enemistad con el círculo que más tarde terminó provocando su propia salida institucional. Desde su despacho en el STJ, Medina fue garante de la maniobra. Cada resolución, cada silencio, cada voto alineado con la remoción de Goyeneche, consolidó el plan de limpieza política del Ministerio Público. Marcela Badano: la heredera silenciosa del poder de García Marcela Badano, fiscal de reconocida trayectoria, fue en su momento considerada una aliada de Goyeneche. Pero con la salida de la procuradora adjunta, emergió como la nueva figura fuerte del Ministerio Público Fiscal, liderando al grupo de fiscales funcionales al poder político. Con Jorge García semirretirado pero aún sin jubilarse, Badano tomó el control efectivo del Ministerio. Desde allí articula, designa, define prioridades y, sobre todo, bloquea cualquier posibilidad de reconfiguración institucional. Su liderazgo es claro: mantener alineados a los fiscales “leales” y evitar cualquier retorno de la línea Goyeneche, que implicaría revisar expedientes, reactivar causas dormidas y sacudir acuerdos sellados. Badano interpreta el regreso de Goyeneche no solo como una amenaza a su espacio de poder, sino como una potencial bomba institucional. “No hay lugar para dos JEFAS”, comentan fuentes internas. Probation para los socios, destitución para la fiscal Uno de los datos más indignantes del expediente de los contratos truchos es que la gran mayoría de los socios comerciales del contador Opromolla —vinculado directamente a la red de contrataciones irregulares en la Legislatura— fueron beneficiados con probation. A cambio de montos menores y compromisos simbólicos, los implicados cerraron sus causas penales sin mayores consecuencias. No hubo juicio. No hubo condena. No hubo investigación a fondo. Mientras tanto, la única funcionaria pública que investigó, denunció y pretendió llegar al fondo del escándalo fue removida del cargo, humillada públicamente y expulsada del sistema. El mensaje fue claro: quien se mete con el poder paga el precio. Quien lo acompaña, negocia su libertad. El viraje de Vitor y el nuevo ajedrez judicial El último movimiento político que termina de sellar el destino de Goyeneche es el giro de Esteban Vitor, exdiputado provincial, abogado del gobernador Bordet en su causa contra la fiscal, y otrora cercano a Etienot y su espacio. Hoy, Vitor aparece entre quienes impulsan la llegada de la jueza Paola Firpo al Superior Tribunal de Justicia, para cubrir la vacante dejada por Giorgio. Firpo, vinculada al entorno de Romero y alineada con sectores conservadores del Poder Judicial, aseguraría una mayoría estable en la Sala Penal, cerrando definitivamente el cerco contra Goyeneche. La jugada no es jurídica: es política. Y responde a una lógica de preservación de poder. Una purga institucional a medida La historia de Cecilia Goyeneche es una radiografía de cómo se ejecuta una purga institucional en democracia. Una fiscal que investigó al poder, denunció a quienes debía denunciar, no pactó ni retrocedió. Y fue expulsada por hacerlo. Romero operó, Medina blindó, Badano heredó, y García —el gran responsable— guardó la prueba clave en un cajón. Mientras tanto, los verdaderos responsables del saqueo a la Legislatura firmaron probation y se fueron a casa. Nadie fue condenado. Nadie fue sancionado. La única destituida fue quien se atrevió a investigar. Entre Ríos tiene hoy una justicia funcional al poder. Lo que no tiene es independencia. Lo que perdió fue la posibilidad de ser creíble. Y mientras el video de KUEIDER estaba escondido, Goyeneche solo sirvio para montar la VERSION OFICIAL de la causa CONTRATOS TRUCHOS (con libro proximamente, seguro novelado).
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