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Parana » Uno
Fecha: 20/04/2025 10:30
Gustavo Acosta, de la Fiscalía de Estado, destacó que su rol en la causa contratos truchos de la Legislatura es buscar una reparación económica para el Estado. Gustavo acosta, el representante de la Fiscalía de Estado en el proceso de los contratos truchos de la Legislatura. El martes 22 comenzará la discusión sobre la elevación a juicio de la causa conocida como de los contratos truchos de la Legislatura, que abarca hechos ocurridos entre 2008 y 2018, con un monto sustraído estimado que asciende a 53 millones de dólares. Según la Fiscalía, para disimular su origen ilícito, el dinero fue destinado a diferentes inversiones inmobiliarias y agrícolas ganaderas. La audiencia se llevará a cabo ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata, quien será la encargada de decidir el futuro de esta investigación que involucra a una veintena de personas. Las audiencias, se prevé, se extenderán hasta septiembre. En una primera instancia, el caso contaba con 32 imputados, pero 12 de ellos accedieron a una suspensión del juicio a prueba, comprometiéndose a realizar tareas comunitarias y depositar una suma simbólica de dinero como reparación económica por los daños causados. En la próxima audiencia, se espera que se presente un acuerdo de juicio abreviado para Esteban Scialocomo y un pedido de sobreseimiento para el contador Gustavo Falco, lo que reduciría el número de acusados a 18. El rol de la Fiscalía de Estado El caso genera gran atención, no solo por la magnitud de las irregularidades que se investigaron, sino también por la participación activa de la Fiscalía de Estado. En la causa, esa dependencia actúa como actor civil, con el objetivo de buscar una reparación económica integral por el daño patrimonial causado a la Legislatura entrerriana. A diferencia de los fiscales encargados de la parte penal, cuyo interés radica en obtener condenas, la Fiscalía de Estado busca la restitución del perjuicio económico sufrido por el Estado. camara de diputados transparencia.jpg Gustavo Acosta, quien representa a la Fiscalía de Estado, detalló en diálogo con UNO el rol que desempeñará en el proceso. “En el caso nuestro, de actor civil, lo que se persigue es una finalidad o una reparación estrictamente económica, es decir, nuestro interés es que el Estado sea reparado económicamente por el perjuicio que se ha cometido”, explicó. Y añadió: “El constituirnos como actor civil es intentar recuperar la totalidad del monto que se configura como daño económico y patrimonial al Estado. Esa es la finalidad. Después dependerá del desarrollo del juicio oral y público, y si el juez acoge la petición nuestra de una reparación económica en el marco de una sentencia penal. Son las dos opciones posibles. Si se consigue la reparación integral en sede penal no tiene sentido iniciar una demanda en un fuero civil o en el fuero contencioso administrativo, pero eventualmente si no se obtiene la reparación integral, nos faculta el ordenamiento jurídico a perseguir el resarcimiento integral”. “En el caso de la suspensión de juicio a prueba, las reparaciones tienen carácter simbólico, y en función de esto es que hacemos la reserva de reclamar esa diferencia entre lo que se ofrece y se va a pagar en el marco de la suspensión de juicio a prueba. El saldo que queda será calculado por el Tribunal de Cuentas”, explicó. La cifra de la reparación económica se encuentra en discusión, ya que muchos de los contratos fraudulentos investigados fueron suscritos hace más de una década, por lo que los montos deben ser actualizados por la inflación. "Es necesario actualizar esos montos para que no haya perjuicio para el Estado Provincial", afirmó Acosta. Fallas en el control El caso también ha puesto en evidencia fallas en el control de los organismos encargados de supervisar las finanzas públicas. En el requerimiento de la causa a juicio, los fiscales señalaron que la maniobra de desfalco con los contratos truchos tuvo éxito por los laxos controles de los revisores de cuentas pertenecientes al Tribunal de Cuentas. Por ello, se imputa por incumplimiento de deberes de funcionario público a Hernán Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani, Mariano Speroni y Diego Pagnoni, a quienes se les atribuye el haber omitido efectuar los controles que legal y funcionalmente debían haber realizado. "El reproche está dirigido a esos organismos y a esos funcionarios. La ley ya establece sus obligaciones y los funcionarios deben cumplir con su rol", cerró Acosta. Quiénes accedieron a probation La semana pasada, 12 imputados accedieron a una suspensión de juicio a prueba. Ellos fueron: María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni. Los imputados que van a juicio Los imputados que deberán sortear la discusión de elevación a juicio, son: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
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