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» Diario Cordoba
Fecha: 20/04/2025 06:24
Seguro que alguna vez, cuando paseaba por la calle, alguien le ha requerido su firma para poder ir al Congreso de los Diputados y, con su rúbrica y la de otras 499.999 personas, presentar una proposición de ley para cambiar esto o aquello. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es la figura recogida en el ordenamiento jurídico español para "intensificar la participación de los ciudadanos", según dice la ley. Sin embargo, desde la aprobación de la Constitución, solo dos iniciativas de este estilo han tenido suerte y han sido aprobadas. El resto -más de 160- se han olvidado en cajón, se han rechazado o, directamente, no se han admitido a trámite. No se lo tome como un agravio personal. La Cámara Baja es casi igual de tajante con las normas impulsadas por los parlamentos autonómicos, solo ha dado el visto bueno a 23 leyes de casi 200 propuestas. Lo que deja claro que el Congreso, puerta de entrada de estas iniciativas, guarda con recelo la función legislativa que le confiere la Constitución. Medio millón de firmas Hubo que esperar hasta el 3 de noviembre de 1983, cinco años desde la aprobación de la Carta Magna, para que los ciudadanos se estrenaran con el registro de una ILP. Desde aquel día, la sociedad ha entregado ante la Junta Electoral Central, encargada de fiscalizar este proceso, varios millones de firmas, muchas de las cuales no han servido para nada. La gran mayoría de iniciativas son inadmitidas a trámite por la Mesa del Congreso, ya que la Constitución deja claro que estos texto no podrán versar sobre "materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia". Y aquellas que pasan este primer filtro deben luego estar respaldadas por la firma de 500.000 personas. Si esto se consigue, la iniciativa queda al albur de los diputados. El Congreso ha rechazado en los últimos 42 años una decena de propuestas impulsadas por esta vía y ha aceptado debatir el mísmo número: 10. Tan solo dos de ellas han sido aprobas: una para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural durante el gobierno de Mariano Rajoy y otra para la protección del Mar Menor, hace tres años. Actualmente, la Cámara Baja está debatiendo una ILP para la legalización de medio millón de personas migrantes. La iniciativa, que se aceptó a trámite en junio del año pasado y desde entonces está bloqueada por PSOE y PP que aplican su mayoría en la Mesa del Congreso para prorrogar el plazo de enmiendas constantemente. Aun así, fuentes parlamentarias aseguran que hay un texto bastante consensuado, pero que los socialistas no terminan por dar el paso. La voz de las autonomías Los parlamentos autonómicos no tienen mucha mejor suerte. Desde 1981, cuando el Parlament de Catalunya remitió al Congreso una proposición de ley para "crear y ceder a la Generalitat de Catalunya un tercer canal de televisión de titularidad estatal", texto que terminó caducando, tan solo 22 normas impulsadas por las comunidades han logrado el visto bueno de las Cortes Generales, de un total de 196. El resto han sido rechazadas, han caducado por la inacción de las Cámaras, han decaído por distintos motivos o han sido olvidadas en algún cajón de la Mesa del Congreso. La gran mayoría de las leyes tiene un marcado carácter territorial, aunque algunas de las que han logrado el visto bueno de la Cámara Baja son de gran calado, como la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para permitir que las personas con discapacidad puedan votar, una reforma que fue impulsada en 2017 por la Asamblea de la Comunidad de Madrid. El bloqueo de los textos autonómicos suele producirse principalmente durante las legislaturas en las que gobierna el PP. De las 22 leyes aprobadas, 15 han salido adelante con un presidente socialista en la Moncloa y solo siete con uno popular. Además, País Vasco, Baleares y Canarias encabezan el ránking con tres iniciativas cada una aprobadas, y les sigue Catalunya y Andalucía, con dos.
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