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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 15/04/2025 12:41
Debido a la manipulación del Indec, los inversores no cobraron el cupón atado al crecimiento de la economía argentina Los demandantes en el juicio conocido como “cupón PBI” instaron al Gobierno de Javier Milei a acelerar las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo por el pago pendiente de USD 1.500 millones, tras la firma de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los tenedores de los warrants están representados por el estudio de Dennis Hranitzky, el abogado que embargó en 2012 la Fragata Libertad. El organismo incluyó el monto del litigio en sus proyecciones de compromisos al analizar la sostenibilidad de la deuda pública argentina, en el marco del nuevo programa por USD 20.000 millones, y confirmó que “se están llevando a cabo negociaciones para definir un cronograma de pagos”. El Fondo y el Gobierno consideran que los litigios pendientes son una de las barreras que enfrenta el país para retornar a los mercados internacionales de crédito. Dennis Hranitzky, el abogado que embargó en 2012 la Fragata Libertad. Los demandantes (Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited) confirmaron en un comunicado que mantuvieron reuniones con Argentina para discutir el pago de los USD 1.530 millones pendientes. También reiteraron su disposición a iniciar discusiones concluyentes y de buena fe para resolver la cancelación del monto pendiente. “Sin embargo, hasta el momento, Argentina no ha presentado ninguna propuesta de reembolso a los Demandantes ni ha respondido de forma específica a sus propuestas. Más bien, sus representantes sólo sugirieron que Argentina mantiene su disposición a negociar el asunto de buena fe, pero que no estaría dispuesta a hacerlo antes de finalizar sus acuerdos con el FMI”, dijeron. Los demandantes en este litigio ejecutaron en febrero pasado una garantía por 313 millones de euros que la Argentina había depositado en marzo mediante una Carta de Crédito emitida por el banco Santander. No se ha dado a conocer públicamente la composición de dicha garantía, pero los especialistas aseguran que se trata de efectivo, o bien, de Letras de rápido cobro. La condena en el Tribunal Superior de Londres fue consecuencia de la intervención del Indec en 2007, cuando el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, manipuló los datos de inflación. En 2013, el Indec cambió el cálculo del PBI, informando un crecimiento del 3,2%, lo que evitó el pago a los acreedores. Esto desencadenó la demanda de los cuatro fondos. Tras esa modificación, el organismo estadístico local informó que la Argentina creció menos de 3,22% del PBI ese año, cuando previamente, con la anterior base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En ese entonces, el gobierno de Cristina Kirchner se ahorró de pagar más de USD 3.600 millones de intereses. Noticia en desarrollo
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