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Santa Elena » Ladepartamental
Fecha: 14/04/2025 15:10
Una semana después de anunciar el cierre de sus plantas en la provincia de Santa Fe, la empresa Vicentin informó que se encuentra “en condiciones de poner en marcha nuevamente ambas plantas y abonar la semana que viene un adelanto del 25% de los salarios de todo el personal correspondiente al mes de marzo”, gracias […] Una semana después de anunciar el cierre de sus plantas en la provincia de Santa Fe, la empresa Vicentin informó que se encuentra “en condiciones de poner en marcha nuevamente ambas plantas y abonar la semana que viene un adelanto del 25% de los salarios de todo el personal correspondiente al mes de marzo”, gracias a una propuesta de la Unión Agrícola Avellaneda y de Bioenergías SA para continuar con la molienda de girasol y la producción de etanol en Ricardone y Avellaneda. La empresa detalló que esta posibilidad también permitiría “regularizar además los compromisos comerciales más urgentes, como transporte, energía consumida en este proceso, insumos de producción, aportes y contribuciones”, según expresa un comunicado oficial del directorio. Este principio de reactivación operativa sería viable en el corto plazo. Desde la compañía explicaron que “una solución así debería permitir el giro de la empresa durante lo que resta del mes de abril, comprometiendo además otro adelanto de aproximadamente 25% de los salarios a fin de este mes”, en tanto se garantice que los servicios básicos como electricidad y gas no sean interrumpidos. Esperan confirmaciones clave para avanzar El comunicado aclara que la empresa necesita la “confirmación formal de ambos clientes (esto es, de Unión Agrícola Avellaneda y Bioenergías SA) y la confirmación de la aceptación de estas condiciones por los sindicatos y el personal fuera de convenio” para poder avanzar con el esquema planteado. En ese sentido, el directorio señaló que este entendimiento, aunque insuficiente aún para resolver la crítica situación, “puede representar el principio de una salida racional hacia la estabilidad que toda la comunidad necesita, requiere y persigue”. Esta propuesta llega luego de que el pasado sábado la cerealera anunciara el cierre total de sus plantas debido a la imposibilidad de conseguir contratos de fazón para continuar con su operatoria, lo cual impedía “cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad”. Situación judicial y rechazo al acuerdo de reestructuración Cabe recordar que Vicentin se encuentra en concurso preventivo desde fines de 2019, cuando declaró un default por deudas que oscilan entre 1.300 y 1.500 millones de dólares. La semana pasada, la Justicia provincial de Santa Fe rechazó la homologación del acuerdo entre la empresa y una mayoría de sus acreedores, lo que agravó el escenario judicial y económico. A raíz de ese fallo, la firma aseguró que esperaba “poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta”. En simultáneo, la Justicia dictó prisión preventiva por 120 días para cuatro exdirectivos de la compañía, acusados de integrar una “asociación ilícita”. En una comunicación interna a la que accedió la agencia Reuters, Vicentin explicó que “decisiones judiciales recientes (...) han agravado la incertidumbre entre nuestros clientes, quienes, por este motivo han cesado de alquilar nuestras instalaciones de molienda”, lo que derivó también en el incumplimiento con los salarios de marzo. Una reactivación condicionada al futuro del cramdown Actualmente, son alrededor de 1.500 los trabajadores afectados por el cese de operaciones. Fuentes cercanas a la firma indicaron que la empresa no cuenta con los cerca de cuatro millones de dólares necesarios para cubrir los compromisos inmediatos. A comienzos de este año, la Corte Suprema provincial había desestimado el acuerdo de reestructuración presentado por Bunge, ACA y Viterra para adquirir la empresa y saldar deudas. “Y ahora han solicitado el cramdown, algo que en Argentina, en general, no termina bien”, explicaron desde el sector agroindustrial. El cramdown es una figura legal que habilita a los acreedores u otros actores a tomar el control de una empresa en concurso. Sin la homologación judicial y en medio de un proceso incierto, las empresas que tercerizaban operaciones en Vicentin retiraron su participación. (Con información de Infobae)
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