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  • Extraordinaria venta de dólares del BCRA antes de los anuncios abre nuevo frente judicial al Gobierno

    La Paz » Politica con vos

    Fecha: 14/04/2025 12:11

    El Banco Central ejecutó u$s398 millones a un valor inferior a los $ 1.100 por cada unidad horas antes de que Luis Caputo declare el fin del cepo cambiario. El abogado Martínez Herrero presentó una denuncia ante la Cámara Federal porteña para que se investigue si hubo tráfico de información privilegiada y administración contraria a los intereses del Estado. La extraordinaria venta de dólares del Banco Central de la República Argentina en las horas previas al anuncio del nuevo esquema cambiario -caracterizado por los especialistas como una devaluación- abrirá nuevos frentes judiciales al gobierno: la pregunta extendida es si hubo quienes contaron con información privilegiada que les permitió comprar dólares el viernes hasta un cuarenta por ciento más baratos de lo que podrían costar la semana siguiente, cuando rija el nuevo esquema de bandas cambiarias que coloque al dólar en un valor flotante de entre 1000 y 1400 pesos. La sospecha ya generó una primera denuncia judicial: el sábado por la tarde el abogado Leonardo Martínez Herrero presentó, por correo electrónico, una denuncia ante la Cámara Federal porteña para que se investigue si hubo tráfico de información privilegiada y administración contraria a los intereses del Estado. “El Banco Central bajo la conducción de Santiago Bausili y el resto del directorio, el pasado viernes liquidó reservas por valor de u$s 398.000.000 (Dólares Estadounidenses Trescientos Noventa y Ocho Millones) a un valor inferior a los $ 1.100 por cada unidad, cuando ya se descontaba una devaluación por parte del gobierno con posterioridad al acuerdo técnico que habían arribado en el Presidente Milei y su Ministro de Economía con el Fondo Monetario Internacional y se sabía que ese mismo día el directorio del FMI haría el anuncio de la aprobación del referido acuerdo”, escribió el abogado. “Deseo aclarar que el gobierno sabía lo referido anteriormente y había convocado desde temprano a una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía para las 16:30 en la que anunciaría el fin del cepo cambiario y una flotación de la cotización entre $1.000 (Pesos Un Mil) y $ 1.4000 (Pesos un Mil Cuatrocientos)”, continuó. A modo de resumen, resaltó que no se explica porque la autoridad monetaria vendió en el Mercado Único y Libre de Cambios los 398 millones de dólares “a valor de $ 1097,50 (Pesos Un Mil Noventa y Siete con 50/100), sabiendo que se elevaría su cotización en pocos minutos más, ya que estaba fijando la banda cambiaria por un monto mayor”. El movimiento obliga a despejar una serie de dudas: ¿por qué el BCRA realizó una intervención tan fuerte -la mayor desde el 17 de marzo- sabiendo que lo que vendría era un nuevo esquema que permitiría elevar la cotización del dólar hasta 1400 pesos por unidad? ¿Quiénes se beneficiaron con esos movimientos? La denuncia se sorteará este lunes, a primera hora, en los tribunales federales porteños de Comodoro Py. Un dato ilustrativo, que permite graficar el tamaño de la intervención, fue el que escribió el investigador y doctor Ciencias Químicas Rodrigo Quiroga en su cuenta de X: “Si se preguntan por qué bajaron las cotizaciones de los dólares financieros, es porque vendieron 400 millones hoy. El presupuesto anual de CONICET es 500 millones. Una locura”. La denuncia por la venta de dólares baratos en la previa al anuncio devaluatorio se sumará a un frente judicial ya bastante robusto para lo que es el primer año y medio de gestión del gobierno de Javier Milei: esta semana, por caso, la justicia avanzó con medidas de prueba sobre él y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en el caso $LIBRA, en el que se investiga si fueron parte de una criptoestafa. El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó que se levante el secreto fiscal y bancario del presidente y su hermana así como también del resto de los principales sospechosos del caso: los criptoemprendedores Manuel Terrones Godoy y Mauricio Gaspar Novelli y el renunciado asesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Daniel Morales. El fiscal lo solicitó luego de recibir una serie de sugerencias investigativas por parte de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos y la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones. Por estas horas, los abogados defensores que ya son parte del expediente se entretienen con una cruzada: pretenden sacar del caso a los querellantes, representados entre otros por Juan Grabois, y por eso apelaron ante la Cámara de Casación la decisión que antes había tomado la Cámara Federal porteña. No debería preparar la intentona. Otro expediente que produjo novedades en las últimas horas fue aquel que investiga la represión a jubilados e hinchas de futbol el 12 de marzo último en las inmediaciones del Congreso. Allí la jueza María Servini tuvo por querellantes a los familiares del fotógrafo brutalmente herido Pablo Grillo. Y en calidad de querellantes, se movieron rápido. Acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, los familiares de Grillo solicitaron que, a un mes del hecho, se avance en las medidas de prueba urgentes e importantes que habían sido requeridas el 28 de marzo pasado. Solicitaron que el Ministerio de Seguridad de la Nación remita el diseño del operativo de seguridad previsto para el 12 de marzo; los listados de quienes se encontraban en la Sala de Situación de la Dirección General de Operaciones y los audios de las modulaciones radiales entre fuerzas de seguridad y funcionarios presentes. También reclamaron que se informe el contenido de las órdenes que autorizaron el uso de armas menos letales; el listado con nombre, cargo y repartición del jefe del operativo y de todo el personal que intervino, discriminado por fuerza, inclusive quienes lo hicieron vestidos de civil; y la nómina completa del armamento del que fue dotado todo el personal interviniente. La querella quiere que se determine si tuvo responsabilidad en los hechos la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y si no que se detecte a la persona de más lato rango que hubiera estado dando las órdenes. (C5N)

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