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Concordia » Diario Junio
Fecha: 15/04/2025 20:02
La empresa Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), concesionaria del Corredor Vial N° 18 entre 1993 y 2025, desmintió categóricamente a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) tras las declaraciones que esta última difundió en su página oficial, donde habría afirmado que la prórroga por un año del contrato de concesión se otorgó para permitir que la empresa sanee su situación financiera. “Las afirmaciones de la DNV son improcedentes y falsas”, sostiene la compañía en un comunicado difundido este martes, y asegura que la verdadera razón de la prórroga fue la imposibilidad de Corredores Viales S.A. —la empresa estatal que debía hacerse cargo de la operación— de asumir el corredor y la falta de definición de un plan alternativo por parte de las autoridades. Para respaldar su posición, CRUSA cita la propia resolución oficial de Vialidad (RESOL-2024-144-APN-DNV#MINF), donde se indica que “no existiendo operadores en condiciones de asumir la prestación de los servicios” y “a fin de garantizar la operatividad y servicios al usuario”, se hizo uso de una cláusula del contrato para extender el vínculo. Además, la concesionaria remarcó que en ningún documento de la DNV se afirma que la prórroga tuviera como finalidad que la empresa reorganice sus cuentas o prepare fondos para indemnizaciones del personal. En otro tramo del comunicado, CRUSA apuntó contra los reiterados incumplimientos del Estado nacional en materia tarifaria. La empresa denunció que en las reuniones previas a la extensión del contrato, se le prometió un cuadro tarifario acorde a las necesidades operativas del corredor, con un aumento que permitiera “pagar al personal, cubrir tributos y garantizar una operación correcta”. Sin embargo, lo otorgado fue la mitad del aumento que se aplicó a Corredores Viales S.A., y además con dos meses de retraso. También detallaron que la DNV incumplió con los ajustes tarifarios previstos para febrero y marzo de 2025, tal como estaba contemplado en la resolución RS-2024-388-APN-DNV%MEC. En dicha norma, el propio organismo nacional reconocía que, debido al contexto inflacionario, se había producido “una variación significativa de los precios” en los principales rubros de explotación y mantenimiento, lo que podía afectar la calidad del servicio si no se aplicaban las actualizaciones necesarias. CRUSA destacó además que desde enero de este año, Vialidad le solicitó el detalle de las indemnizaciones previstas para el personal al finalizar la concesión, lo cual —según la empresa— contradice los argumentos esgrimidos recientemente por el organismo estatal. “Se comunicó incluso que Vialidad estaba pensando en otorgar un aumento adicional para cubrir las indemnizaciones, pero eso nunca sucedió”, advirtieron. Pese a todo, la empresa afirma que actuó con responsabilidad y que, por decisión de su directorio, había constituido un fondo de contingencia destinado a afrontar un cierre ordenado de la concesión. Ese fondo, que al 31 de agosto de 2019 ascendía a un equivalente actual de $6.300 millones, debió ser utilizado parcialmente para pagar sueldos y mantener la operación ante la falta de ingresos adecuados. Finalmente, CRUSA recordó que desde 2023 se encuentra en concurso de acreedores, bajo la supervisión de la justicia comercial y una sindicatura profesional, por lo que descalificó nuevamente las expresiones de la DNV. “Resultan improcedentes y falsas”, concluyó la firma.
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