18/04/2025 18:25
18/04/2025 18:23
18/04/2025 18:23
18/04/2025 18:21
18/04/2025 18:18
18/04/2025 18:18
18/04/2025 18:18
18/04/2025 18:17
18/04/2025 18:17
18/04/2025 18:17
Concordia » Diario Junio
Fecha: 11/04/2025 13:32
La causa, caratulada “Guerrero, Mariano y otra – Administración fraudulenta en concurso ideal con uso de documento público falsificado en concurso real con destrucción de medios probatorios”, expone un entramado de acciones fraudulentas que culminaron en la venta a precio vil de un inmueble perteneciente a la mutual, ubicado en calle Sarmiento 563 de esta ciudad. La operación se realizó el 14 de septiembre de 2023 a favor de la empresa INFINET S.A.S., representada por Guillermo Schmid, con una documentación que afirmaba falsamente haber contado con la aprobación unánime de los socios de la entidad. La maniobra fue posible gracias a la acción conjunta de Guerrero (presidente), Martínez (secretaria) y Carlos Alcides González (tesorero), quienes según la acusación violaron sus deberes como autoridades de la institución. Además de la venta del inmueble, se constató que los implicados alteraron y destruyeron documentación oficial de la mutual, en particular el libro de actas habilitado por el Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos. La manipulación incluyó la eliminación de páginas y la falsificación de firmas de socios supuestamente presentes en asambleas. El Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. José Arias, y la defensa encabezada por el Dr. Ramón Luján Espinosa, acordaron los términos del juicio abreviado, al cual también adhirió la querella representada por el Dr. Juan Domingo Gallo y patrocinada por el Dr. Pablo Palacios. En la audiencia de este jueves, los imputados prestaron su consentimiento libre y voluntario, reconociendo los hechos que se les atribuyeron. La investigación se inició a raíz de una investigación periodística de DIARIOJUNIO que tuvo su correlato judicial en una denuncia penal presentada por los músicos Omar Kueider y Mauricio Vázquez, quienes advirtieron irregularidades en el manejo de la mutual, entre ellas la baja masiva de socios mediante la suspensión del cobro de cuotas y la negativa sistemática a incorporar nuevos miembros. Según señalaron los denunciantes, estas maniobras habrían tenido como objetivo vaciar la entidad y disponer del inmueble para su venta, sin control ni participación de la masa societaria. Según consta en el expediente, la operación se realizó mediante una maniobra que incluyó falsedades documentales: se insertó en el acta de asamblea del 29 de abril de 2022 que la totalidad de los 57 asociados había aprobado la venta, cuando en realidad varios de los allí nombrados desmintieron haber participado. Entre ellos, RUSSO, GONZÁLEZ RUSSO, ROBIN, TRAGLIAPIETRA, AGOUT, CABRERA, DOMÉ, JOUBERT, ALBORNOS, RITTER, TORRIENTE, OCHOA y ALMIRÓN declararon ante la Fiscalía que nunca estuvieron presentes ni autorizaron la venta. Incluso se detectó que uno de los supuestos firmantes, Silvio Martín Diez, había fallecido antes de esa fecha, lo que confirmó la falsedad del acta. La venta, realizada el 14 de septiembre de 2023, se concretó por un monto de 15 millones de pesos, que en ese momento equivalían a unos USD 20.000, es decir, menos del 10% del valor estimado en 2009 por los propios directivos de la mutual, que lo habían tasado en USD 250.000. En su declaración ante la Justicia, el comprador Guillermo Schmid —representante de INFINET y coimputado en la causa— afirmó haber pagado en efectivo la suma de USD 90.000, dinero que entregó en mano al tesorero de la mutual, Carlos Alcides González, al momento de la firma en la escribanía. Schmid también declaró que tomó conocimiento de la oportunidad de compra por una publicación en redes sociales, y que quien gestionó la operación fue la martillera Roxana Martínez Villalba (matrícula CCIER 1421), a quien ya conocía. Dijo que recién en la escribanía conoció personalmente a Guerrero, Martínez y González. Por su parte, el tesorero González también reconoció ese pago en dólares, aunque señaló que desconocía el valor final acordado hasta el momento de la escritura. «GUERRERO hablaba de USD 160.000 y la inmobiliaria decía USD 120.000. En la escribanía me enteré que habían cerrado por USD 90.000» El juez Larocca Rees consideró probado que el propósito no fue reinvertir el dinero obtenido por la venta del inmueble, sino apropiarse del mismo, dado que no se registró ninguna adquisición posterior ni mejora en la institución. En su fallo, detalló que el accionar de los imputados encuadra en los delitos de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7º del Código Penal), en concurso ideal con uso de documento público falsificado (art. 296), y en concurso real con destrucción de medios probatorios (art. 255). En su resolución, el Tribunal homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre las partes y condenó a Mariano Guerrero, de 79 años, por ser autor material y penalmente responsable de los delitos de administración fraudulenta, uso de documento público falsificado y destrucción de medios probatorios. Fue sentenciado a tres años de prisión condicional, con la obligación de cumplir una serie de reglas de conducta y de participar en órganos de administración de entidades civiles. La misma pena recibió Delia Catalina Martínez, de 48 años, quien fue considerada partícipe necesaria de los mismos delitos y coautora material en la destrucción de medios probatorios. Además, deberá realizar 150 horas de trabajos comunitarios y mantener una ocupación acorde a su capacidad. La Justicia también notificó al Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades de Entre Ríos (IPSYNER) y al INAES, en virtud del carácter de los delitos vinculados a la administración de una asociación mutual. Por otro lado, en cuanto al edificio de la asociación, el abogado querellante Juan Domingo Gallo precisó que “hay una propuesta por parte del imputado Guillermo Schmidt para reintegrar el inmueble, pero a cambio de ser sobreseído de la causa y de que se le reintegre el dinero que se ha secuestrado”. No obstante, el abogado se opone a esa salida, dado que “tiene que comprobar el origen legítimo de ese dinero”. Además, Gallo recordó que “durante el proceso, Schmidt ni siquiera indicó quiénes integran Infinet SAS”, la firma que efectuó la compra del inmueble ubicado en calle Sarmiento. Agregó que se trata de una sociedad «cuyo domicilio se encuentra en la provincia de Corrientes» y remarcó que hay otros datos que deberían corroborarse, por lo que “no se le podría devolver el dinero, porque tendríamos que saber primero quién está detrás de la empresa», explicó.
Ver noticia original
 (300 x 300 px).gif)
.png)
Examedia © 2024
Desarrollado por