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» tn24
Fecha: 31/03/2025 13:58
La causa sobre los desmontes ilegales en Chaco suma un nuevo capítulo con la solicitud de detención del empresario Roberto Nardelli, quien continuó con las prácticas prohibidas a pesar de las resoluciones judiciales que suspendían la actividad. La desaparición de maquinaria secuestrada y su implicación en una trama de corrupción política agravan el caso. La investigación por los desmontes ilegales en Chaco dio un giro importante con el pedido de detención del empresario Roberto Nardelli, acusado de continuar con la actividad prohibida en su terreno, a pesar de las resoluciones judiciales que suspendieron temporalmente los desmontes. El caso, que involucra a funcionarios, exfuncionarios y empresas, comenzó a tomar fuerza tras una modificación en el mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en abril de 2024. La nueva legislación permitió la tala de miles de hectáreas de monte nativo, afectando terrenos de campesinos, pueblos originarios y especies en peligro de extinción. A raíz de estos cambios, el fiscal federal Patricio Sabadini había logrado una medida cautelar que suspendió los desmontes durante tres meses, hasta noviembre de 2024. Esta medida fue extendida hasta febrero de 2025, y luego prorrogada nuevamente por seis meses. Sin embargo, el 21 de febrero de 2025, se descubrió que las máquinas utilizadas para los desmontes continuaban operando en la zona de Tres Isletas, y que una de ellas, incautada por la Justicia, había desaparecido semanas después. En una entrevista, el fiscal Sabadini expresó: «Lo hizo cinco veces, realizó maniobras de desmonte en varias oportunidades, y en el último hecho denunciado, una de las máquinas incautadas a nombre de su empresa continuó con el desmonte cuando ya estaba prohibido. No solo es una maniobra de desobediencia, sino que nos tomaron de boludos». La trama parece involucrar una compleja red de corrupción política y empresarial que complica aún más el panorama para los responsables de estos desmontes ilegales. Sabadini también apuntó contra otros actores clave involucrados en el caso al funcionario Halavacs, a quien acusó de actuar como «gestor» para autorizar a Nardelli a continuar con los desmontes. Además, criticó a otro implicado, el exfuncionario Atlanto Honcheruk, señalando que personas vinculadas a la actividad forestal estuvieron involucradas en la sanción de la última ley que modificó el ordenamiento territorial de bosques, facilitando así los desmontes ilegales. Según Sabadini, esta red de complicidades está en el corazón del problema y debe ser investigada a fondo.
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