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Fecha: 27/03/2025 08:01
El Gobierno implementó un nuevo esquema de incentivos que otorga bonificaciones económicas a quienes consigan una reducción significativa en la planta de empleados, como parte de su plan de racionalización del gasto público. En línea con su estrategia de optimización del gasto público, el Gobierno nacional oficializó una medida que establece premios salariales para los funcionarios que logren reducir la dotación de personal en sus áreas, siempre que esto derive en ahorros presupuestarios efectivos. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, contempla la asignación de unidades retributivas adicionales, un mecanismo vigente en la administración pública que se utiliza para reconocer iniciativas, desempeño o méritos relevantes de los empleados y funcionarios. ¿Cómo funciona el sistema de bonificación? La medida alcanza a autoridades superiores que forman parte del régimen de Gabinete de Asesores, quienes podrán acceder a bonificaciones proporcionales al ahorro generado por la baja de personal en sus equipos. Esto no incluye a ministros ni secretarios de Estado, cuyos salarios permanecen congelados desde diciembre de 2023. La cantidad de unidades que podrá otorgarse dependerá de: La estructura del área La cantidad de personal que haya sido reducido El ahorro presupuestario comprobado Este cálculo será supervisado por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública junto a la Subsecretaría de Presupuesto, bajo el paraguas del Ministerio de Economía. Un ejemplo concreto: Secretaría de Trabajo La Secretaría de Trabajo es una de las áreas donde ya se ve reflejada la implementación del plan. Según datos oficiales, la dotación bajó de 3.600 empleados en 2023 a 2.900 en la actualidad, lo que representa una reducción de 700 puestos. Si se toma un salario promedio del Sistema Nacional de Empleo Público ($1.200.000 mensuales), esa reducción equivale a un ahorro mensual significativo, que habilitaría la distribución de más de 64.000 unidades retributivas entre las autoridades superiores del organismo, por un valor cercano a los $52 millones. Objetivo: eficiencia y disciplina fiscal Fuentes del Ejecutivo señalaron que la medida responde a un criterio de eficiencia y responsabilidad fiscal, en línea con el objetivo trazado por el presidente Javier Milei de alcanzar el superávit financiero. “El sistema evita discrecionalidades y establece un criterio técnico y objetivo para calcular los incentivos en función del ahorro real”, indicaron voceros oficiales. El espíritu de la norma, subrayan, es reconocer el esfuerzo de quienes optimicen recursos sin comprometer la operatividad del Estado.
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