06/03/2025 08:27
06/03/2025 08:26
06/03/2025 08:26
06/03/2025 08:26
06/03/2025 08:26
06/03/2025 08:26
06/03/2025 08:26
06/03/2025 08:26
06/03/2025 08:26
06/03/2025 08:26
» Comercio y Justicia
Fecha: 06/03/2025 02:46
Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, advierte sobre la crisis económica que atraviesan los profesionales del derecho y la necesidad de una reforma urgente de la ley arancelaria. La perforación de los mínimos y la discrecionalidad de los jueces a la hora de regular honorarios, en la mira de los letrados La situación económica de los abogados en Córdoba se ha deteriorado de manera alarmante en los últimos años. Según un informe de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), los ingresos de los profesionales han caído más de un 50 % desde 2010, lo que ha llevado a que más del 30 % de los abogados se encuentren por debajo de la línea de pobreza. Frente a este panorama, el Colegio de Abogados de Córdoba ha impulsado una reforma de la ley arancelaria, con el objetivo de garantizar honorarios justos y evitar la discrecionalidad en su regulación. En esta entrevista, su presidente, Eduardo Bittar, analiza la importancia de esta reforma, la necesidad de modernizar los códigos procesales y las iniciativas de capacitación que está impulsando la institución. -El año pasado presentaron desde el Colegio de Abogados un proyecto de reforma a la ley arancelaria. ¿Cómo viene este tema? -Así es. Nosotros trabajamos en un proyecto de ley de honorarios abierto y participativo, que recibió más de 140 aportes y también fue elaborado en conjunto con Fecacor. Se trata de una iniciativa con un respaldo sólido, fruto del trabajo de toda la comunidad jurídica. El proyecto ingresó a la Legislatura en diciembre, junto con la ley de licencias y la ley de aportes. Mientras que la ley de aportes avanzó rápidamente, ahora estamos a la espera del tratamiento de la reforma arancelaria. Esta es una cuestión esencial para el Colegio, ya que la normativa vigente está desactualizada y coloca a los abogados en una situación muy desfavorable. ¿Cuáles son los aspectos centrales que pretende modificar este proyecto de ley? El punto principal es establecer una unidad de valor para nuestros honorarios que esté atada al “jus”, evitando que quede al arbitrio discrecional de los jueces y desfasada por la inflación. También buscamos impedir la perforación de los honorarios mínimos y exigir que, cuando los jueces fijen el mínimo, deban fundamentar de manera específica su decisión. Esto último es clave porque, en la práctica, los juzgados tienden a regular los honorarios en los valores más bajos sin mayores justificaciones. Desde el Colegio encargaron un informe para conocer la situación económica que atraviesan los abogados. ¿Qué arrojó ese estudio? El informe, realizado por la UNC, confirma la preocupante pérdida del poder adquisitivo de los abogados. Desde 2010 hasta hoy, los ingresos han caído más del 50 %, debido a la baja regulación de honorarios, la perforación de los mínimos y la aplicación de tasas de interés negativas en los juicios. Esto nos motiva a reclamar una reforma urgente del sistema de honorarios. No puede haber un sistema de justicia eficiente si el primer eslabón, que es la abogacía, no cuenta con una remuneración justa. El impacto de la inflación ha sido devastador: más del 30 % de nuestros colegas están por debajo de la línea de pobreza. La despapelización modificó muchos procesos en la justicia. ¿Están trabajando en la reforma de los códigos procesales? Sí, desde el Colegio contamos con excelentes profesionales que trabajan en la elaboración de proyectos legislativos. Creemos que es fundamental avanzar en una reforma procesal, especialmente en el ámbito Civil y Comercial, para adecuarla a las transformaciones que han ocurrido en los últimos años. Sin embargo, para que esta reforma prospere, necesitamos el acompañamiento tanto del Ministerio de Justicia como del Poder Judicial. El Colegio creó recientemente una Corte de Arbitraje. ¿Cómo está funcionando? Así es. Para este año, estamos planificando una serie de cambios para potenciar su funcionamiento. La idea es ampliar su competencia y alcance, para que deje de estar limitada a la propiedad intelectual y se convierta en una Corte General de Arbitraje. En este sentido, estamos trabajando en conjunto con el Colegio de Corredores Públicos, con el objetivo de que puedan incluir una cláusula arbitral en sus contratos para que ante algún incumplimiento pueda intervenir esta Corte. Está comenzando el año y el Colegio tiene un fuerte énfasis en la capacitación. ¿Qué iniciativas están preparando? Seguimos con nuestras capacitaciones habituales y, como novedad, lanzaremos una diplomatura en Litigios Constitucionales. Este programa será dictado por secretarios letrados de la Corte Suprema de Justicia y posiblemente comenzará en la segunda mitad del año. Es una iniciativa de gran importancia para la formación de nuestros colegas.
Ver noticia original
.png)
 (300 x 300 px).gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por