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» Diario Cordoba
Fecha: 06/03/2025 08:27
Los protocolos contra el acoso y violencia sexual intentan blindar de esta lacra a las universidades, institutos y colegios de Córdoba, que cuentan con estos documentos guía para intentar proteger a las posibles víctimas de sus agresores y hacer de los centros espacios seguros para todas. Sin embargo, esto no siempre se cumple y, en la práctica, las universidades, colegios o institutos tienen pocas competencias para actuar, aunque sí tienen el deber de poner a salvo a sus alumnas y brindarles todas las herramientas que tengan al alcance si han sufrido un episodio de abuso en las instituciones. La Universidad de Córdoba actualizó a finales del año pasado su protocolo para, por un lado, adecuarlo a la nueva ley de convivencia en las universidades y a la ley de garantía integral de la libertad sexual y, por otro, quizás más importante, intentar que los tiempos y plazos de respuesta a las víctimas sean más ágiles, materia pendiente en este tipo de protocolos en casi todas las instituciones. La directora de Igualdad de la UCO, Silvia Medina, cree que estas guías son efectivas, pero queda mucho por hacer para agilizar los tiempos y, a la vez, seguir cumpliendo con todos los pasos desde que se recibe una solicitud de intervención por parte de una alumna, como la presunción de inocencia, la recopilación de más información y la apertura de una investigación. Si es necesario, se invita a la víctima a denunciar ante la Policía Nacional. Más consultas La Comisión de Acoso Sexual y por Razón de Sexo de la UCO se creó en 2013 y, desde 2015 ha recibido 14 denuncias con activación del protocolo, al menos una cada año. Sin embargo, desde 2022 se aprecia un incremento de las consultas, gracias a la instalación de los puntos violetas, asegura Medina, que agrega que también los equipos directivos de los centros y coordinadores de titulación realizan consultas con mayor frecuencia que antes. Pero estos protocolos no llegan a todo, en ciertos casos es necesario ir más allá y denunciar. Cuando hay casos que son delitos o agresiones sexuales que están penadas ya sale del nivel interno de la institución. El máximo castigo que puede tomar la UCO es la expulsión, que puede ser por meses o años de acuerdo a la gravedad del caso. Si la víctima decide denunciar en la Policía, la Universidad presta su apoyo, asesoramiento y acompañamiento, además de colaborar en un posible proceso judicial, si fueran llamados para ello. En las últimas semanas, ha estado de actualidad el caso de Juan Carlos Monedero, al que la Universidad Complutense de Madrid abrió primero una investigación y terminó por apartarlo de sus clases, al menos por ahora, tras recibir una denuncia por acoso sexual a una alumna. Al respecto de casos como este, Silvia Medina asegura que el movimiento Me Too en la Universidad está vivo y suele hacerse eco de esta realidad: «cuando tiene que ver con profesores hay miedo a la denuncia, cuesta más cuando hay alumnas que deben denunciar a un profesor». Para Medina estas situaciones están muy invisibilizadas todavía y son parte de los ejercicios de poder dentro de las propias instituciones. Denuncias anónimas en la Loyola En la Universidad Loyola en Córdoba también cuentan con herramientas para actuar frente al acoso sexual en la institución, también entre trabajadores. Según explica el agente de Entorno Seguro de la Universidad, Luis Hidalgo, su actuación incluye abusos de todo tipo, sexual, de poder, de autoridad, de confianza, de conciencia, espiritual, psicológico, acoso entre estudiantes (bullying), laboral o ciberacoso o conductas inapropiadas en general. En el caso de que alguien detecte, sospeche o conozca una situación que puede constituir un caso de abuso se debe que poner en contacto con la defensora universitaria de la Universidad Loyola (defensorauniversitaria@uloyola.es), con el agente de Entorno Seguro (entornoseguro@uloyola.es) o en el canal de denuncias, que es anónimo y on line: https://whistleblowersoftware.com/secure/UniversidadLoyolaCanaldedenuncias. Hidalgo afirma que protocolos por acoso sexual se abren menos que, por ejemplo, por acoso laboral o bullying entre los alumnos, que suele ser lo más habitual. Aunque tienen varias formas y canales para comunicar, canalizar y resolver estas situaciones en la institución, también se recomienda, de acuerdo al caso, denunciar porque «no somos Tribunales, la víctima debe denunciar cuando es un delito». Hidalgo recuerda que la institución universitaria no tiene potestad sancionadora más allá de la expulsión del alumno o el despido del trabajador. En colegios e institutos La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional cuenta con protocolos de actuación e intervención ante situaciones de acoso escolar, maltrato infantil, situaciones de violencia de género en el ámbito educativo, o agresiones al profesorado o al resto del personal de los centros docentes, todas aprobadas en el año 2011. En el caso de violencia de género, incluye la física, psicológica, económica y los abusos sexuales. El protocolo establece al menos 12 pasos a seguir para garantizar la seguridad de las alumnas. Lo primero es ponerlo en conocimiento del director o directora del centro, que se reunirá con el tutor o tutora del alumnado afectado, la persona responsable de coeducación y los responsables de la orientación para recopilar toda la información posible sobre el presunto acto violento, analizarla y valorar la intervención que proceda. Deben informar además al Servicio Provincial de Inspección de Educación. En caso de requerirlo, hay dos medidas de urgencia: garantizar la inmediata seguridad de la alumna, con apoyo y ayuda y medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumno o alumnos del centro, considerándose entre ellas la no asistencia al aula. También se traslada la información a las familias o tutores legales. Una vez recogida y contrastada toda la información, se adoptarán las correcciones a las conductas o medidas disciplinarias correspondientes, que van en función de cada centro. Suscríbete para seguir leyendo
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