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Gualeguay » Debate Pregon
Fecha: 25/02/2025 11:11
La iniciativa, impulsada por el diputado del PRO, Gabriel Chumpitaz, cuenta con el respaldo de legisladores de la LLA, como Lorena Villaverde y Carlos Zapata, así como de otros integrantes del macrismo, entre ellos Verónica Razzini, Patricia Vázquez, Sergio Capozzi, Emanuel Bianchetti y José Núñez. Un cambio radical en la política Chumpitaz destacó que la lucha contra el narcotráfico y la prevención de adicciones deben comenzar con el ejemplo de quienes elaboran, aplican y hacen cumplir las leyes. "Esta iniciativa no es solo un mecanismo de control, sino una declaración de principios que exige un cambio radical en todos los ámbitos del poder", afirmó. Además, denunció la "doble moral" de ciertos funcionarios que consumen drogas y minan la confianza pública en las instituciones. Detalles del proyecto El proyecto establece que los exámenes toxicológicos serán obligatorios para funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, Legislativo y Judicial, así como para directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas del Estado. Los controles se realizarán al asumir el cargo y de manera anual, con pruebas aleatorias cada tres meses sobre una muestra representativa de funcionarios. Los análisis detectarán la presencia de cocaína y sus derivados, marihuana y derivados, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, alucinógenos y drogas sintéticas. Se permitirá el consumo de medicamentos con estas sustancias solo si son recetados por un profesional de la salud. Los análisis serán realizados por laboratorios certificados bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad. En caso de resultado positivo, el funcionario podrá solicitar una contraprueba en un plazo de 48 horas. Si la contraprueba confirma el consumo de estupefacientes, el funcionario será suspendido preventivamente sin goce de haberes hasta la resolución de su situación. Consecuencias de un resultado positivo Si el funcionario ratifica su consumo de drogas, su continuidad será evaluada por el Poder Ejecutivo, con la intervención de una junta médica oficial y la Oficina Anticorrupción, quienes emitirán un informe al Presidente de la Nación. En el Congreso, la Comisión de Asuntos Constitucionales de cada cámara podrá recomendar la destitución del funcionario, que requerirá aprobación por mayoría simple antes de iniciar un proceso de juicio político o remoción. Para los magistrados del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura será el organismo encargado de evaluar posibles sanciones o la remoción del implicado. Este proyecto busca reforzar la transparencia y confianza en la administración pública, asegurando que quienes ocupan cargos de responsabilidad estén libres del consumo de drogas.
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