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Concordia » Diario Junio
Fecha: 01/02/2025 00:39
El partido político señala que estos adicionales se han estado cobrando desde 2013, prorrogándose anualmente mediante leyes aprobadas en ambas cámaras de la legislatura entrerriana. Sin embargo, durante 2024, el gobierno no prorrogó estas leyes, lo que resultó en un cobro de impuestos sin fundamento legal, lo que, afirman, lo convierte en un acto ilegal e inconstitucional. «Este pago durante el ejercicio 2024 fue ilegítimo, ilegal y por ende inconstitucional», señala el comunicado. La UCR Activa Entre Ríos destaca que esta situación constituye un «grosero acto de confiscación del patrimonio de los contribuyentes», haciendo hincapié en que la falta de una ley previa para el cobro de tributos es un principio elemental del derecho tributario que no puede ser ignorado. El gobernador Frigerio, según la UCR Activa, busca ahora que se ratifique este cobro indebido y que se prorrogue el adicional hasta 2025, lo que sería un acto de «lesa constitucionalidad», por lo que instan al gobernador a reflexionar sobre esta situación y ofrecen dos soluciones: reintegrar las sumas cobradas indebidamente o aplicar una compensación entre esas sumas y las nuevas deudas impositivas. «De no hacerlo, el gobernador podría enfrentar un juicio político y una denuncia penal por la comisión de delitos de gran gravedad», advierten. La UCR Activa Entre Ríos también hace un llamado a los senadores provinciales para que no aprueben este proyecto considerado inconstitucional, advirtiendo que quienes lo respalden se convertirán en corresponsables de una acción ilegal. A continuación, se transcribe de manera textual el comunicado de la UCR Activa Entre Ríos: “Desde este espacio político interno de la UCR, condenamos enfática y enérgicamente este verdadero desaguisado jurídico y tributario, pergeñado con inusual desprecio a las leyes, por el actual gobierno de Entre Ríos, encabezado por el licenciado en economía, Rogelio Frigerio, que pretende ratificar retroactivamente, el cobro de los adicionales de los impuestos automotor e inmobiliario, sin la obligatoria sanción de la ley previa de la legislatura que le da sostén y que es la única forma republicana y constitucional de sancionar la vigencia y el cobro de tributos en el mundo civilizado. Sucedió que este adicional se venía cobrando desde el año 2013 y desde ese momento hasta diciembre de 2023, fue siendo sucesivamente prorrogado a través de la sanción de las leyes respectivas, votadas en ambas cámaras de la legislatura entrerriana. Durante el 2024 a nadie del equipo de gobierno, ni siquiera a alguno de los cerebros importados de CABA, se les ocurrió ni percataron que se debía prorrogar por ley esos adicionales impositivos si se pretendía el cobro de modo regular (i.e., legal) de las gabelas correspondientes, ajustado ello a la letra de la Constitución y al inveterado principio “Nullum tributum sine lege praevia” (no hay tributo sin ley previa), una cuestión de técnica tributaria muy básica y elemental que ningún abogado, economista o contador público puede desconocer y menos aún violentar. Así las cosas, por olvido, impericia o indolencia de los funcionarios, sobre todo de los que ocupan cargos en la ATER, se cobraron estos adicionales a los contribuyentes entrerrianos SIN LEY PREVIA que les diera sostén de legalidad, por lo cual y siendo concretos, ese pago durante el ejercicio 2024 fue ilegítimo, ilegal y por ende inconstitucional. Constituyó, por decirlo de alguna manera y como lo ha sostenido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, un grosero e inexcusable acto de confiscación del patrimonio de los contribuyentes, sino también, derechamente, una exacción ilegal.
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