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La Paz » Politica con vos
Fecha: 22/11/2024 17:35
El actual intendente de Santa Elena sostiene una postura muy crítica respecto de la pasividad con que funcionarios, legisladores y dirigentes de la oposición provincial manejan algunos temas. Afirma que existen acuerdos poco claros y de espaldas a la militancia. Habla de un posible blindaje político hacia la jueza Schumacher por parte del oficialismo y con rosca previa con el Bordetísmo, en detrimento de figuras históricas del peronismo. Los diputados del bloque «Más para Entre Ríos», alineados con el gobernador Gustavo Bordet, han protagonizado una polémica jugada política al entregar a «el Pato» para proteger a la jueza Gisela Schumacher, envuelta en críticas por sus fallos recientes. Este movimiento involucra a figuras clave del oficialismo, desde la esposa de Bordet, referentes de La Cámpora, y hombres y mujeres de confianza del gobernador, quienes, bajo la cobertura de la ley Castrillón, tejieron esta estrategia con el propósito de salvar votos y aliados estratégicos. La maniobra también se relaciona con el voto favorable a Schumacher en instancias previas y la jubilación anticipada de su amigo Carbonell, quien dejó el Superior Tribunal de Justicia justo antes de la salida de Bordet como gobernador. Este episodio deja en evidencia el blindaje político que Schumacher recibe del oficialismo, incluso en detrimento de figuras históricas del peronismo. En paralelo, el bloque oficialista permanece en silencio ante la situación del exgobernador Sergio Urribarri, cuya detención ha sido objeto de cuestionamientos legales. Urribarri aún tiene pendiente la resolución de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, y en el sistema penal entrerriano, la ejecución de una condena no debería comenzar hasta que esta sea definitiva. Sin embargo, su detención parece ser la excepción a esta norma. Aunque la condena de Urribarri enfrenta rechazos en diferentes instancias, mientras quede una posibilidad de revisión, no se considera firme según el derecho penal vigente. La falta de firmeza en la condena debería garantizarle el respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales, algo que Bordet y sus aliados han optado por ignorar en este caso. Este escenario refleja el uso discrecional del poder político y judicial en Entre Ríos, donde los intereses del oficialismo se anteponen al cumplimiento estricto de la ley y a la imparcialidad del sistema judicial.
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