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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 06/11/2024 00:10
«Atento la inminencia de las audiencias programadas, la complejidad de una reprogramación, y lo manifestado en los escritos presentados por las partes, suspéndase las audiencias fijadas para los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2024 y pase el presente legajo al Area de Fijación de Audiencias». De ese modo, Gabriela Crespo, subdirectora de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial mandó al freezer la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, que, según lo previsto, este lunes daría comienzo a las audiencias de la remisión a juicio oral. A comienzos de septiembre se había conocido la novedad: la Justicia había puesto finalmente fecha a las audiencias de remisión a juicio de la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura. El 31 de mayo de 2021 el Ministerio Público Fiscal había solicitado la remisión a juicio pero el trámite tropezó con una disputa de competencia de la Justicia Federal. Así, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial había fijado las audiencias de remisión a juicio para los días 11, 12 y 13 de noviembre. Pero en los últimos días se sucedieron los pedidos de aplazamiento de ese trámite. En marzo último, y luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el pedido de intervención en el caso por parte del Juzgado Federal Nº 1 de Paraná, y confirmara la competencia de la jueza de Garantías De Paraná Marina Electra Barbagelata, la magistrada puso a andar nuevamente la maquinaria judicial de la megacausa Contratos Truchos en la Legislatura. Se trata de la investigación de los contratos supuestamente apócrifos en la Legislatura entrerriana, un investigación que abarcó una década, de 2008 a 2018, y que busca establecer el desfalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política. En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry señalan que «encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria en lo que refiere a los imputados antes nombrados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a Juicio, previa realización de la audiencia». La petición fue elevada a la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado. Pero ese paso, la remisión a juicio, no se pudo dar. El 5 de marzo último, la Corte Suprema de Justicia dispuso: «De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, corresponde rechazar el planteo de inhibición formulado por el Juzgado Federal N° 1 de Paraná, lo que así se dispone. Hágase saber al Juzgado de Garantías N° 1 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos». La megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, que se abrió en 2018, había ingresado en 2021 en un litigio de competencia que trabó su avance: la investigación estaba a cargo de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Electra Barbagelata, pero los defensores de algunos imputados acudieron al Juzgado Federal a cargo de Daniel Edgardo Alonso y reclamaron cuestión federal: los delitos que se investigaban, dijeron, se relacionaba con la violación a la Ley Electoral -los fondos sustraídos de la Legislatura fueron a parar a la campaña del PJ- y entonces correspondía su tramitación a la Justicia Federal. Rechazo de Barbagelata Barbagelata había rechazado la inhibitoria para seguir tramitando la causa penal que investiga la supuesta existencia de contrataciones truchas de personal en la Legislatura y que según la imputación del Ministerio Público Fiscal entre 2008 y 2018 habría supuesto un drenaje de cuantiosas sumas de dinero hacia un destino que de momento no ha sido determinado. La cifra estimada del desfalco que proyectó Fiscalía sería del orden de los $ 4.961.988.609. «Negar la inhibitoria, ratificando la procedencia del fuero ordinario y la competencia de los tribunales de la Justicia de la Provincia, con asiento en Paraná», dice la resolución de la magistrada que, de ese modo, rechaza la petición formulada por el juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, de girar las actuaciones a la Justicia Federal a partir de la petición formulada por los defensores de los imputados Gustavo Pérez, exdirector contable del Senado, Jorge De Breuil, Pedro Opromolla y Alejandro Almada. En su extensa resolución, la magistrada sostiene que «al analizar los hechos que constituyen la acusación, los fundamentos del requerimiento de remisión a juicio, los medios de prueba que se proponen para el juicio, y las disposiciones legales que se consideran aplicables, su correlación con los hechos y con la intervención que atribuye a los imputados, concluyo sin lugar a dudas, que por la materia y las personas, la investigación o, mejor, el juzgamiento de los hechos de la causa Beckman, son de competencia ordinaria». «En efecto -agrega Barbagelata-, los hechos que la Fiscalía investigara, y por los que hoy ha requerido la remisión de la causa a juicio contra los imputados, encuadran en delitos de naturaleza ordinaria (asociación ilícita (…) en concurso real con peculado reiterado (…) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (…). Estos delitos, según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, fueron ejecutados en perjuicio del patrimonio de la Legislatura de la provincia de Entre Ríos, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, por las que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, quedando el resto del dinero en poder de la organización». En un cruce picante entre la jueza Barbagelata y el juez federal Alonso, se lee en la resolución: «No puede dejar de advertirse que los Fiscales entrerrianos valoraron la documentación en cuya existencia el Juez Federal subrogante basó la resolución que declara la competencia del fuero Federal, no sólo en el requerimiento de remisión de causa a juicio, sino también al contestar la vista sobre la inhibitoria planteada, expresando que la misma ´confirma la hipótesis fiscal de que Hugo Rubén MENA -carente de toda actividad política – partidaria, es uno de los principales responsables de la maniobra investigada y que en el afán de desviar la pesquisa, para que ésta recale en el Fuero Federal (ahora lo entendemos), se confeccionaron a la medida planillas con información falsa, que por «arte de mági[c]a» terminan apareciendo en la puerta del domicilio de un Letrado local´. Explican esta conclusión, en que ´25 hojas sueltas de cuaderno con nombres que no coinciden con el universo de los setecientos contratos investigados de las cuales 16 de ellas contienen un llamativo ´pie de página´ agregado por la mano de Mena y con un elemento escritor distinto al resto de las anotaciones, que rezan: ´Extra campaña J. Busti – retira – M. Fabre (Sen) – 75.000 – G. Taleb (Dip) 100.000´. Señalan que ello se desprende no sólo del modo irregular de su aparición, sino de la confrontación de los datos de las planillas con información remitida por el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., en la que no se registran libramientos de cheques a nombre de las personas consignadas en esas listas, contra la cuenta de la Cámara de Diputados en el período 2008-2011. También describen que la otra documentación que apareció junto a las mencionadas planillas, consiste en una constancia de AFIP a nombre de Hugo Mena, correspondiente al 06/04/2016; un recibo de ´Integral Asesoría´ a nombre de Flavia Beckman de fecha 09/08/2011 sin ninguna otra aclaración; y noventa y dos talonarios de facturas a nombre de distintas personas, tres de los cuales tan sólo, contienen facturas extendidas a nombre de la Honorable Cámara de Diputados, datadas 29/12/2011, fecha totalmente distinta a las que aparecen en las planillas manuscritas». Negó la jueza que el producido de la operatoria de los contratos truchos en la Legislatura se hubiera destinado a financiar actividad política -en ese caso, debería intervenir la Justicia Federal- sino que a partir de la información colectada por la Fiscalía, la acusación sostiene que «los imputados asociados entre sí, aplicaron el producto de los delitos al desarrollo de actividades pecuarias mediante la compra y venta de ganado, a la compra inmuebles y al desarrollo inmobiliario mediante la construcción de edificios, al pago de los servicios de personas que se desempeñaban en actividades particulares. Contrariamente, no surge de la pieza procesal de acusación que se hubiera derivado a la actividad político-partidaria, ordinaria (habitual) y/o extraordinaria (electoral) nacional, cuyo control de legalidad se encuentre expresamente a cargo de la jurisdicción especializada atribuida a este Juzgado Federal con competencia electoral». Plantea al final que «el Juez Federal reclama la competencia federal electoral no porque haya sospecha concreta del origen de fondos que están siendo auditados en un específico proceso de control en trámite, sino porque ciertos imputados de sustraer ingentes sumas de dinero del patrimonio entrerriano afirman en el planteo inhibitorio, a través de sus defensores, que todo ese dinero, que niegan haber sustraído, si se sustrajo, se destinó a campañas políticas, y que esto se prueba con lo que uno de ellos anotó en 16 planillas de documentación que aparecieron en la calle», en referencia a una caja con documentación que aportó a la causa el abogado Milton Urrutia. La disputa El brete se produjo tras la resolución que adoptó el 16 de junio de 2021 el juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, que introdujo una cuestión de competencia en la causa contratos: le pidió a la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata las actuaciones tras la resolución del 9 de de junio de ese año que declaró la competencia de la Justicia Federal en esa investigación. La magistrada de momento no se ha expedido sobre esa petición, y entonces el caso quedó entre paréntesis. Alonso se declaró competente para entender en la causa Contratos tras acoger favorablemente a una petición que hicieran los abogados Emilio Fouces, (defensor de Sergio Cardoso, exadministrador de la Cámara de Dipatudos), José Velázquez (por Flavia Beckman, Esteban Scialocomo y Hugo Mena, los denominados recaudadores), Miguel Ángel Cullen (defensor de Gustavo Pérez, exadministrador del Senado, y de Pedro Opromolla) y Damián Petenatti e Iván Vernengo (por Alfredo Bilbao). En la misma decisión, requirió el expediente a la jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Marina Barbagelata. El juez aceptó el planteo de que la causa debía pasar al ámbito de la Justicia Federal puesto que existiría prueba que indican que los fondos investigados tendrían como fin “aportes y/o financiamiento” de campañas políticas partidarias en el período comprendido entre 2008 y 2018. Alonso señaló «que la inhibitoria en una causa con contenido penal se rige por el artículo 47 de la Ley 23984 que en lo que aquí interesa establece: ‘Cuando se promueva la inhibitoria se observarán las siguientes reglas: 1°) El tribunal ante quien se proponga resolverá dentro del tercer día, previa vista al ministerio fiscal, en su caso, por igual término. 2°) Cuando se deniegue el requerimiento de inhibición, la resolución será apelable ante la Cámara de Apelaciones’». Qué investiga la causa Contratos Truchos La investigación penal se abrió en septiembre de 2018. Se trata de una investigación que abarcó una década, de 2008 a 2018, y que busca establecer el desafalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política. En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry remitieron la causa a juicio -en medio ocurró el planteo de competencia- y señalan que «encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria en lo que refiere a los imputados antes nombrados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a Juicio, previa realización de la audiencia». La petición fue elevada a la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado. Son 32 los imputados en la causa :Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni. “Ha quedado establecido –dicen los fiscales- que este particular modo de saqueo, según la evidencia encontrada, se inició en momentos diferentes según la Cámara legislativa de que se trate y continuó de forma progresiva, ampliándose de manera significativa luego del inicio del período de Gobierno que comenzó el 10/12/2011”. Al respecto, agregan: “En efecto, obran registros específicos que permiten afirmar con certeza que en la Cámara de Senadores las maniobras de sustracción, a través de la suscripción masiva de contratos de obras, se iniciaron allá por el mes de enero de 2008, mientras que la Cámara de Diputados se incorporó a esta mecánica sustractiva en fecha 11 de diciembre de 2011”. Más adelante, el escrito con el pedido de remisión a juicio destaca: “Asimismo, se pudo comprobar que el número de vínculos falsos experimento un rápido ascenso mientras se fue perfeccionando la mecánica extractiva de caudales públicos, y en particular luego de haber expandido el uso de las mismas maniobras a la Cámara de Diputados. Vale decir, el incremento fue directamente proporcional a la especialización de la arquitectura delictiva y de sus operadores”. ¿Cuál fue el valor del desfalco a partir de esas maniobras delictivas? Según el primer informe elaborado por el contador Héctor Enrique, perito del Ministerio Público Fiscal, sería de $ 2.244.142.048,47. Esa cifra fue actualizada. “Es así que el monto sustraído durante los casi 11 años que fueron objeto de investigación asciende a 52.927.878,50 dólares, lo que actualizado a mayo de 2021 (cotización dólar oficial BNA $93,75 al 28/05/2021) nos informa de un total de $ 4.961.988.609”, apunta. “De la evidencia reunida, resulta claro que se conformó una organización delictiva con el objeto de consumar actos sucesivos de sustracción de dinero público, primero de la Cámara de Senadores de la Provincia, para luego de transcurridos los primeros cuatro años, sumar las arcas de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el colectivo consumó, además, diversas ilicitudes complementarias”, dice los fiscales, y agregan: “Pergeñada la maniobra ilícita, teniendo en cuenta su complejidad, era indispensable generar una estructura con diversos estamentos que se encargara de ejecutar las fases del accionar delictivo, que comprendía desde el reclutamiento de los falsos contratistas; la registración de los mismos ante los organismos recaudadores; la firma de los instrumentos públicos contractuales; la presentación de éstos en los servicios administrativos y contables de la Legislatura; la posterior aprobación por éstos y las respectivas autoridades legislativas (Presidentes o Vicepresidente de ambas Cámaras); la autorización del libramiento de los pagos respectivos por los Servicios Contables de ambas Cámaras; la supuesta acreditación de los falsos servicios prestados para otorgarle un aparente marco de legalidad; la percepción de los importes a través de la presentación de los cartulares ante el agente financiero de la Provincia; la necesidad de mantener regularizada la situación impositiva de los ´contratistas´ mediante el pago mensual del impuesto al monotributo e ingresos brutos ante la ATER, la confección de facturas falsas, y la aprobación de todas estas contrataciones, a pesar de las irregularidades que presentaban, por parte del máximo organismo de control de las cuentas de la Provincia, el Honorable Tribunal de Cuentas”. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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