Una obra para tratar residuos abrió un conflicto territorial entre Amaicha y Santa María
La construcción de un Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos en el límite entre Tucumán y Catamarca preocupa a la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle que pide informes al municipio catamarqueño. Qué dicen las partes involucradas
Una obra para tratar residuos abrió un conflicto territorial entre Amaicha y Santa María
La construcción de un Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos en el límite entre Tucumán y Catamarca preocupa a la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle que pide informes al municipio catamarqueño. Qué dicen las partes involucradas
Resumen para apurados
- Amaicha del Valle reclama este mes al municipio de Santa María por construir una planta de residuos en el límite Tucumán-Catamarca, alegando que es su territorio ancestral.
- La obra avanza con tecnología impermeable en tierras que Catastro debe definir. La comunidad indígena denunció la falta de respuestas oficiales a sus pedidos de informe previos.
- La resolución del conflicto definirá los límites interprovinciales y sentará un precedente sobre la aplicación de consultas previas obligatorias a comunidades originarias.
Entre los cerros que marcan el límite entre Tucumán y Catamarca, una obra destinada a mejorar la gestión de los residuos urbanos abrió un debate que trasciende lo ambiental. Allí donde el municipio de Santa María construye un Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle asegura que el terreno forma parte de su territorio ancestral y reclama que el proyecto avanzó sin consulta previa.
El conflicto reúne distintos planos. Por un lado, la necesidad de contar con infraestructura para el tratamiento de residuos. Por otro, la discusión sobre los límites entre ambas provincias y el alcance de los derechos territoriales de la comunidad indígena.
El reclamo
Horacio Díaz, cacique de la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle, explicó que el proyecto comenzó a seguirse desde el año pasado. Según relató, la comunidad presentó distintos pedidos de información ante las autoridades de Catamarca, pero asegura que nunca obtuvo respuestas.
Nosotros tomamos conocimiento del proyecto entre julio y septiembre del año pasado. Hicimos presentaciones para saber de qué se trataba y cuáles eran sus características, pero nunca contestaron, afirmó.
Díaz sostuvo que la principal preocupación no pasa únicamente por la obra, sino por el lugar donde se desarrolla. Una cosa es el límite político entre Tucumán y Catamarca y otra distinta es el territorio histórico de la comunidad. Nosotros sostenemos que esa fracción forma parte de nuestro territorio y por eso creemos que debimos haber sido consultados, señaló.
El dirigente explicó además que la comunidad atravesó durante los últimos meses un proceso judicial vinculado a su representación institucional, situación que, según dijo, demoró parte de las gestiones relacionadas con este reclamo. Actualmente, la conducción de la comunidad continúa bajo un régimen de medidas cautelares mientras la Justicia resuelve el conflicto de fondo.
Los límites
Paul Caillou, delegado comunal de Amaicha del Valle, confirmó que conoce el proyecto desde los primeros meses de la gestión de la intendenta de Santa María, Erica Inga.
Nos reunimos en 2023 y la idea era hacer una planta de tratamiento de residuos que pudiera beneficiar tanto a Santa María como a Amaicha. Si se hace respetando todas las normas ambientales, me parece una buena iniciativa, expresó.
No obstante, aclaró que todavía resta determinar con precisión dónde se encuentra emplazada la obra. Hoy, si uno consulta los mapas oficiales, el lugar aparece dentro de Catamarca. Pero hay quienes sostienen que, tomando como referencia la Cédula Real y el territorio histórico de la comunidad, correspondería a Amaicha. Eso debe definirlo Catastro de ambas provincias.
El funcionario señaló que ya solicitó la intervención de los organismos técnicos para que establezcan oficialmente el límite en ese sector.
La postura del municipio
Aunque al cierre de esta edición la Municipalidad de Santa María no respondió aún la consulta de LA GACETA, en publicaciones oficiales difundidas durante mayo informó que la obra corresponde al Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del departamento.
En esas publicaciones, la intendenta Inga sostuvo que el proyecto cuenta con financiamiento municipal, trabajo conjunto con el Gobierno de Catamarca y aportes de programas de responsabilidad social empresaria.
Las imágenes difundidas muestran el avance de la colocación de una geomembrana de alta tecnología, una membrana impermeable destinada a evitar que los líquidos generados por los residuos se filtren al suelo y a reducir los riesgos de contaminación ambiental.
El municipio presentó la obra como una iniciativa orientada a fortalecer la gestión ambiental y convertirse en el primer departamento del país en implementar ese sistema de protección para un centro de disposición final.
Dos miradas
Mientras la comunidad indígena sostiene que el proyecto avanzó sin consulta y sobre un territorio que considera ancestral, desde la Comuna de Amaicha no cuestionan la necesidad de una infraestructura para el tratamiento de residuos.
Yo veo un beneficio si realmente se trata de una planta que no contamine y cumpla con todas las normas ambientales. Lo que primero hay que resolver es si el terreno pertenece a Catamarca o a Amaicha, afirmó Caillou.
Por su parte, Díaz insistió en que el planteo no busca impedir una solución para la disposición de residuos: Nosotros no estamos en contra de que Catamarca resuelva el problema de la basura. Lo que pedimos es que se respete nuestro territorio y que se consulte a la comunidad cuando una obra puede afectarla.
Mientras la construcción continúa, el conflicto permanece abierto. La definición sobre los límites jurisdiccionales y las respuestas que puedan brindar las autoridades provinciales y municipales serán determinantes para establecer si el debate se limita a una cuestión de competencias territoriales o si también involucra el cumplimiento de los mecanismos de consulta previstos para las comunidades indígenas.
