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» Clarin
Fecha: 07/05/2026 06:15
Los recientes hechos que salieron a la luz sobre hurtos, comercialización y casos de consumo de propofol y fentanilo, que terminaron con un fallecimiento, se presentan como un caso policíaco, cuando en realidad nos señalan una falla institucional y sanitaria. Muestra de fragilidad estructural, endeblez gubernamental, precariedad política y vulnerabilidad ciudadana. El hecho nos coloca en una situación en la que la toma de decisiones debería imponerse frente a cualquier regodeo sensacionalista. En este sentido, merece destacar la respuesta del Gobierno de la Ciudad, que reaccionó con unas medidas de control adecuadas, aunque limitadas a sus instituciones (no así a las privadas y comunitarias), principalmente en lo que respecta al control del descarte. Pero como advertía Marc Lalonde, referente de la salud pública canadiense, la salud de una comunidad se encuentra influida por determinantes estructurales y directos, por condicionantes biológicos, psicosociales y socioculturales, y por factores predisponentes, vinculados a hábitos y situaciones que elevan el riesgo de daños o enfermedades. Si no estamos en condiciones de garantizar la trazabilidad, es decir, el rastreo y control de la trayectoria de elementos intrahospitalarios en este caso, de uso selectivo en quirófanos, poco cabe esperar de articulaciones logísticas más amplias. El episodio vinculado al propofol es una muestra de la incapacidad del sistema sanitario para rendir cuentas, incluso sobre insumos críticos. Allí donde se diluyen responsabilidades y el control interno fracasa, la intervención penal llega tarde y sólo actúa sobre las consecuencias. Sabido es que la gobernanza no puede ejercerse en instituciones colapsadas, sin capacidad procedimental ni programación orientada a objetivos precisos. Cuando falta conducción estratégica, la expansión presupuestaria y la incorporación de equipamiento o nuevos organismos sólo engrosan estructuras desordenadas. La transformación exige otra lógica: conducción político-técnica, acuerdos entre actores involucrados, financiamiento ligado a objetivos sanitarios, organización de servicios según necesidades y evaluación continua. La cuestión de fondo es reconstruir capacidad de regulación, vigilancia y cumplimiento. En Argentina, más que brecha tecnológica, persiste el desgarro institucional, que alimenta la indefensión sanitaria. Dejando una comunidad sufriente y, sin embargo, paralítica para defenderse y exigir idoneidad. Al colocar el problema en un móvil sin destino de corrección, como es darle el carácter de crónica policial, se formulan las preguntas equivocadas, lo que contribuye a desviar la mirada de los problemas que realmente importan e impiden su resolución. En este caso, el problema es institucional, no anecdótico, aunque, como sucede con la clínica de Villa Ballester, sólo se manifieste a través de un emergente ocasional. Indaguemos: ¿quién nos cuida? ¿Quién orienta, supervisa, habilita, acredita, categoriza y capacita? ¿Quién evalúa y planifica? ¿Dónde se rinden cuentas? Como si las instituciones no fueran responsables de lo que ocurre en su interior y la salud pública no auditara, controlara ni evaluara periódicamente. Se trata de la salud, un sector ineludible e indelegable del Estado y, sin embargo, dejado en manos del mercado, donde prevalece el interés corporativo. Sin Estado rector, la fragmentación genera indefensión e inequidad sanitaria; pero es también necesaria una participación efectiva de la comunidad: para que la democracia llegue a la salud. Sobre la firma Newsletter Clarín
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