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Crespo » Paralelo 32
Fecha: 05/05/2026 13:37
El gobierno de Entre Ríos avanza en la implementación de medidas para enfrentar la creciente cantidad de amenazas en establecimientos educativos. En ese marco, se analiza que los padres o tutores de menores identificados como responsables deban asumir los costos de los operativos policiales, a través de acciones de reparación civil por daños y perjuicios. La iniciativa fue abordada en una reunión interministerial e interdisciplinaria que reunió a autoridades del Consejo General de Educación (CGE), la Policía provincial, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el área de Justicia. Del encuentro participaron el presidente del CGE, Carlos Cuenca; el jefe de Policía, Claudio González; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; y el juez penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, entre otros funcionarios. Durante la reunión se definieron acciones legales y económicas orientadas a recuperar los gastos que generan este tipo de amenazas, muchas veces vinculadas a falsas alarmas de bomba o tiroteos. Según explicaron, cada activación de protocolos implica un importante despliegue de recursos humanos, tecnológicos y logísticos. Ese despliegue, provocado por una conducta irresponsable, configura un daño patrimonial que el Estado no tiene por qué absorber, señalaron las autoridades, al remarcar el impacto que estos operativos tienen sobre los recursos públicos. Responsabilidad civil y marco legal La propuesta se sustenta en lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, que en sus artículos 1753 y 1755 fija la responsabilidad civil de los progenitores o responsables legales por los hechos cometidos por menores de edad. Bajo este encuadre, la provincia buscará que las familias de los estudiantes ya identificados en causas judiciales afronten los costos derivados de los operativos. Desde el gobierno provincial destacaron que, si bien las sanciones penales pueden verse limitadas por la edad de los menores, la vía civil permite avanzar en el recupero de los gastos ocasionados. Costos millonarios y preocupación oficial De acuerdo con estimaciones presentadas en el encuentro, el costo total de los operativos realizados ante amenazas supera los 250 millones de pesos. Este cálculo incluye la movilización de móviles policiales, brigadas especializadas como explosivos, personal y horas de trabajo que se detraen de tareas preventivas. Además, se informó que gracias al trabajo de inteligencia tecnológica de la policía, ya se logró identificar a la mayoría de los autores de amenazas registradas en distintas localidades. Llamado a la responsabilidad familiar Desde la mesa de seguimiento, de la cual también forma parte el Copnaf, se hizo un llamado a las familias para reforzar el control sobre el uso de dispositivos digitales por parte de niños y adolescentes. No estamos ante una broma estudiantil, sino ante un delito penal que genera alarma pública y un gasto innecesario de recursos que deberían destinarse a la prevención del delito real, concluyeron las autoridades. La medida, aún en evaluación, busca no solo sancionar económicamente estas conductas, sino también generar conciencia social sobre la gravedad de este tipo de acciones.
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