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» Telediariodigital
Fecha: 04/05/2026 16:03
La provincia de Córdoba suspenderá el sueldo a los funcionarios que no presenten el narcotest Telediario Digital hace 18 minutos 2 Min. de lectura Se oficializó una resolución que endurece los controles sobre funcionarios públicos. Quienes no presenten el certificado negativo de consumo de sustancias verán suspendido el pago de sus haberes hasta regularizar la situación. El Gobierno de la Córdoba oficializó este lunes una medida que impacta de lleno en la administración pública: los funcionarios que no se realicen el narcotest obligatorio no cobrarán su salario. La disposición fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución N° 61, firmada por el secretario general de la Gobernación, David Consalvi. La normativa establece que las áreas de Recursos Humanos deberán informar de manera inmediata los incumplimientos a la Secretaría de Capital Humano. Según el texto, la falta de presentación del certificado producirá la suspensión de la liquidación de haberes del agente involucrado hasta tanto regularice su situación, sin descartar la apertura de otros procedimientos administrativos. El alcance de la medida es amplio: incluye tanto a funcionarios electos como gobernador, vicegobernador y legisladores como a ministros, secretarios, directores, asesores y otros cargos jerárquicos. La obligación surge de la Ley N° 10.954, que exige la presentación anual de un certificado negativo de consumo de sustancias ilícitas. Además, la resolución fija un protocolo para los casos en que los resultados sean positivos. En esas situaciones, la intervención quedará en manos de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, que evaluará cada caso y definirá los pasos a seguir en coordinación con el Ministerio de Salud provincial. Desde una mirada más amplia, la medida vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los controles en la función pública y la transparencia en las provincias. Mientras algunos sectores la interpretan como un endurecimiento necesario para garantizar idoneidad y responsabilidad, otros advierten sobre el riesgo de medidas que pueden derivar en sanciones automáticas sin instancias intermedias claras. En un contexto de ajuste y fuerte control del gasto público, la decisión también tiene impacto político: refuerza la línea de exigencia sobre quienes ocupan cargos estatales y abre interrogantes sobre su implementación real y posibles controversias legales en el corto plazo.
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