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» Sanluis 24
Fecha: 04/05/2026 17:42
Una fuerte controversia se desató en la Casa Rosada luego de que el contratista Matías Tabar declarara ante la Justicia que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habría pagado en efectivo 245.000 dólares por refacciones en su vivienda ubicada en un country de Exaltación de la Cruz. Según fuentes judiciales, Tabar brindó su testimonio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de una causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. El contratista aseguró que el pago se realizó en efectivo y sin emisión de factura, lo que generó sospechas sobre la legalidad de la operación. Desde el entorno del funcionario rechazaron la acusación y cuestionaron el monto declarado, asegurando que no es correcto y que los costos mencionados son exagerados. En ese sentido, adelantaron que podrían solicitar una pericia técnica y una inspección ocular de la vivienda para demostrar que las cifras no coinciden con la realidad. La situación se agrava con otra investigación judicial que señala que Adorni habría gastado más de 9 millones de pesos en un viaje familiar a San Carlos de Bariloche en junio de 2024, cuando aún se desempeñaba como vocero presidencial. Fuentes cercanas a la causa indicaron que llama la atención la demora del funcionario en justificar sus gastos, lo que alimenta especulaciones sobre posibles inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. Además, en ámbitos políticos circulan versiones sobre supuestos sobresueldos a funcionarios de alto rango, un tema que ya había sido mencionado durante la gestión de Nicolás Posse. Algunos analistas incluso comparan este caso con el de María Julia Alsogaray, quien enfrentó causas judiciales durante el gobierno de Carlos Menem por enriquecimiento ilícito vinculado a fondos reservados. En medio del escándalo, el presidente Javier Milei y su gabinete brindaron un respaldo público e inusual a Adorni, acompañándolo durante su exposición en el Congreso. Mientras tanto, la causa judicial continúa en curso y, hasta el momento, el funcionario no habría presentado pruebas concluyentes para demostrar su inocencia, según indicaron fuentes judiciales.
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