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» Diariochaco
Fecha: 04/05/2026 10:28
La decisión judicial que apartó al diputado provincial Santiago Pérez Pons como querellante en la causa que involucra a la Bolsa de Comercio y al municipio de Sáenz Peña derivó en un enfrentamiento entre la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco y el Partido Justicialista provincial. Tras conocerse la medida, Pérez Pons publicó una duro acusación en sus redes sociales, donde apuntó directamente contra el juez de Garantías de Sáenz Peña, Luis Alberto Kubicek, a quien acusó de falta de imparcialidad. LA RESPUESTA DE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS Frente a esas declaraciones, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chaco emitió un comunicado de fuerte rechazo a las publicaciones realizadas por Pérez Pons contra Kubicek y remarcó que la independencia judicial "no es un privilegio de quienes ocupan esos cargos, sino una garantía de protección para toda la ciudadanía". Además, sostuvo que el desacuerdo con una resolución judicial no habilita agravios personales contra los magistrados: "Ello constituye un ataque a la independencia del Poder Judicial y no puede ser tolerado en un Estado democrático y constitucional", señalaron. Desde la Asociación remarcaron que las decisiones judiciales deben ser cuestionadas mediante los mecanismos procesales previstos por la ley y no a través de publicaciones en redes sociales. LA RESPUESTA DEL PJ CHACO Horas después, el Partido Justicialista del Chaco salió en defensa de Pérez Pons con otro comunicado bajo el título: "Independencia judicial sí. Blindaje corporativo, no". Desde el PJ consideraron "insólito" el pronunciamiento de la Asociación de Magistrados y cuestionaron lo que definieron como una defensa corporativa del juez. "La independencia judicial no puede existir sin imparcialidad. Un juez independiente que no es imparcial no protege a la ciudadanía: la desprotege", afirmaron. El partido sostuvo que cuando existen "elementos públicos y verificables" que generan dudas razonables sobre la imparcialidad de un magistrado, el silencio debilita a la Justicia en lugar de fortalecerla. "La verdadera defensa de las instituciones no consiste en blindar personas, sino en garantizar procesos transparentes y libres de cualquier condicionamiento", agregaron. También remarcaron que la crítica a una actuación judicial no debe interpretarse como un ataque al Poder Judicial, sino como parte del control ciudadano propio de una democracia. En el documento también se cuestionó el uso político de la Justicia y se advirtió sobre supuestas maniobras de persecución y operaciones judiciales. "No se puede utilizar al Poder Judicial como parte de una estrategia de extorsión política", señalaron, al tiempo que insistieron en que "la imparcialidad no es una opción: es una obligación constitucional". COMUNICADOS COMPLETOS Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chaco La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chaco expresa su enérgico repudio a las publicaciones realizadas por el legislador provincial Santiago Pérez Pons contra el juez de Garantías de Presidencia Roque Sáenz Peña, Dr. Luis Alberto Kubicek. La independencia de jueces y fiscales no es un privilegio de quienes ocupan esos cargos, sino una garantía de protección para toda la ciudadanía. El disenso frente a una decisión judicial no habilita el agravio a la integridad del magistrado, ya que ello constituye un ataque a la independencia del Poder Judicial y no puede ser tolerado en un Estado democrático y constitucional. Las decisiones judiciales están sujetas a revisión a través de los mecanismos y recursos procesales previstos por la ley. La eventual disconformidad con un pronunciamiento judicial debe encauzarse por medio de esos mecanismos preestablecidos, y no mediante publicaciones en redes sociales. Exhortamos a las autoridades correspondientes a garantizar que magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarias judiciales puedan desempeñar sus tareas con la libertad, independencia e integridad necesarias para asegurar el imperio de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia. Partido Justicialista del Chaco Independencia judicial sí. Blindaje corporativo, no. Sin imparcialidad no hay justicia independiente. Frente al insólito comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios contra el legislador provincial Santiago Pérez Pons, tras el vergonzoso fallo del juez Luis Alberto Kubisek en beneficio del mismo grupo político enquistado en el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña que impidió la selección de dos fiscales por parte del Consejo de la Magistratura, el Partido Justicialista del Chaco sostiene, sin reservas, la independencia del Poder Judicial como pilar fundamental de la democracia. La independencia de jueces y fiscales no es un privilegio corporativo: es una garantía para toda la ciudadanía. Precisamente por eso, cuando ese principio se invoca para obstruir el escrutinio público sobre la actuación de quienes ejercen el poder jurisdiccional, deja de ser una garantía democrática y se convierte en su contrario. La independencia judicial no puede existir sin imparcialidad. Un juez independiente que no es imparcial no protege a la ciudadanía: la desprotege. Cuando existen elementos públicos y verificables que generan dudas razonables sobre la imparcialidad de un magistrado en una causa de trascendencia, el silencio no fortalece a la justicia: la debilita. La verdadera defensa de las instituciones no consiste en blindar personas, sino en garantizar procesos transparentes y libres de cualquier condicionamiento. La independencia judicial no puede ser utilizada como escudo para impedir que la sociedad conozca, analice y cuestione vínculos personales, sociales o políticos que puedan comprometer la confianza pública en una decisión judicial. La crítica legítima a una actuación judicial no es un ataque al Poder Judicial: es el ejercicio del control ciudadano que todo Estado democrático requiere. Confundir ambas cosas no defiende la institucionalidad; la erosiona. Lo que no puede tolerarse en una democracia es la defensa corporativa y selectiva de magistrados cuando lo que está en juego es precisamente la imparcialidad de su actuación. La ciudadanía necesita jueces imparciales, transparentes y ajenos a cualquier vínculo que pueda condicionar sus decisiones. Por eso, el Poder Judicial debe garantizar mecanismos efectivos de control de la imparcialidad, actuar con transparencia ante señalamientos fundados sobre posibles conflictos de interés y no utilizar los canales institucionales para encubrir situaciones que comprometen la confianza pública en la justicia. Por su parte, la Asociación de Magistrados debiera ejercer una defensa de la independencia judicial coherente, integral y no selectiva. Defender la independencia de la magistratura es una tarea noble e indispensable; pero esa defensa pierde legitimidad cuando se convierte en protección corporativa frente a cuestionamientos sobre la imparcialidad de sus propios integrantes. La Asociación debe ser guardiana de principios, no de personas. La imparcialidad no es una opción: es una obligación constitucional. Eso no debilita al Poder Judicial, lo fortalece. No se puede utilizar al Poder Judicial, provincial ni nacional, como parte de una estrategia de extorsión política, ni como un mecanismo de espionaje ilegal, ni tampoco como una "vía legal" de contraespionaje derivada de investigaciones típicas de servicios de inteligencia, para desgastar opositores. Ahora ya no hablan de Venezuela ni de otros países, pero estas operaciones típicas de esta derecha vendepatria solo pueden ser avaladas por el silencio cómplice de una justicia amordazada y de medios controlados. Es peligroso para las instituciones democráticas y republicanas admitir esto como normal. No es normal inventar delitos, acusar sin pruebas, operar mediáticamente y, al mismo tiempo, desestimar denuncias y querellas que, siendo fundadas, pretenden arreglarse poniendo plata. ¡El fraude es fraude! ¡La estafa es estafa! ¡El delito es delito! No se arregla violando la ley. Inés Ortega - Vicepresidente 1° Isaías Alegre - Vicepresidente 2° Juan Manuel Pedrini - Secretario General
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