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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 04/05/2026 13:19
Una investigación judicial que sacude los cimientos de la gestión económica anterior busca determinar si el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) habría sido, en realidad, un mecanismo estructurado para la discrecionalidad y el cobro de presuntos retornos millonarios a cambio de divisas oficiales. - Por AF para Confirmado La investigación judicial que avanza en los tribunales federales bajo la supervisión del fiscal Franco Picardi dejaría al descubierto una trama de corrupción sistémica montada durante la gestión económica anterior, donde el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) habría funcionado, en los hechos, como una herramienta de recaudación paralela. El expediente, que se nutre de pruebas contundentes y testimonios clave, apuntaría a que la escasez de divisas no habría sido gestionada bajo criterios de eficiencia técnica, sino que habría sido el escenario perfecto para un esquema de retornos que oscilaría entre el 10% y el 15% del valor de cada operación autorizada, transformando el acceso al dólar oficial en una mercancía sujeta a la voluntad política y a la capacidad de pago de los importadores. El entramado que los investigadores estarían reconstruyendo señalaría responsabilidades que llegarían hasta estratos de alta relevancia técnica y política. Bajo la lupa de la fiscalía se encontrarían exfuncionarios de la Secretaría de Comercio, entre ellos el exsecretario Matías Tombolini, además de una serie de agentes y mandos medios del Banco Central, particularmente del área de supervisión de entidades no financieras. El avance de la causa habría permitido el secuestro de dispositivos móviles de funcionarios en actividad y el procesamiento de empresarios del sector financiero, quienes habrían actuado como eslabones esenciales para canalizar los pagos ilícitos. La hipótesis central sostendría que el control sobre el flujo de importaciones, lejos de ser un mero trámite administrativo, habría sido un cuello de botella diseñado deliberadamente para forzar a las empresas a recurrir a intermediarios muchas veces firmas sin solvencia real o monotributistas con volúmenes de facturación inexplicables capaces de destrabar las autorizaciones bloqueadas en el sistema SIRA. La ingeniería de este presunto esquema se habría apoyado en una compleja red de casas de cambio y entidades bancarias que, según las primeras revelaciones judiciales, habrían movilizado cientos de millones de dólares en operaciones sospechosas durante el 2023. Los testimonios de imputados colaboradores habrían comenzado a arrojar luz sobre cómo se habrían articulado estas maniobras, vinculando a figuras del poder con maniobras de lavado y el uso de firmas fantasma que habrían servido para ocultar el rastro del dinero. La investigación, que ya habría registrado medidas de prueba como allanamientos y levantamientos de secretos bancarios sobre sociedades vinculadas, buscaría determinar no solo quiénes fueron los receptores finales de los fondos, sino también cómo esta estructura de poder habría operado con total impunidad, llegando incluso a utilizar fuerzas de seguridad para amedrentar a quienes pudieran interferir en el circuito de negocios. Mientras el expediente continúa bajo reserva, la expectativa judicial se centraría en la profundidad de los vínculos políticos que habrían sostenido esta arquitectura de control. La causa, que estaría interconectada con otras denuncias por maniobras de espionaje y causas armadas, se perfilaría como una de las investigaciones más sensibles sobre el funcionamiento de la última administración. El hecho de que se habrían secuestrado datos de dispositivos que contendrían comunicaciones entre funcionarios y operadores privados permitiría prever que las próximas semanas podrían traer revelaciones aún más comprometedoras, desmantelando así una supuesta ingeniería de corrupción que habría utilizado el hambre de divisas del sector privado como una oportunidad de negocios ilegal.
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