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Fecha: 01/05/2026 09:01
La discusión empezó por un dato sanitario difícil de ignorar: en Mendoza, casi 8 de cada 10 nacimientos del sector privado terminan en cesárea. El número, que según datos oficiales llega al 78 % en clínicas privadas y al 42 % en hospitales públicos, quedó en el centro de una decisión que promete cambiar la forma de nacer en la provincia desde julio de 2026. El Gobierno mendocino impulsa un plan para reducir las cesáreas innecesarias y reorganizar las maternidades. El punto más sensible es que los partos pasarían a ser atendidos por médicos obstetras de guardia, y no necesariamente por el profesional que acompañó a la mujer durante todo el embarazo. La medida fue acordada con instituciones privadas, pero despertó una fuerte resistencia entre obstetras, sociedades médicas y pacientes. La Organización Mundial de la Salud sostiene desde hace décadas que, a nivel poblacional, las tasas de cesárea cercanas al 10 % pueden reducir la mortalidad materna y neonatal, pero que por encima de ese umbral no se observan beneficios adicionales en mortalidad. También aclara que la cesárea, cuando está médicamente justificada, puede salvar vidas. El debate, entonces, no pasa por negar el valor de la cesárea. Pasa por saber cuándo es necesaria, quién decide, cómo se organiza el sistema y qué lugar ocupa la mujer en ese proceso. El argumento oficial: menos cirugías y más equipos de guardia El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, sostiene que el problema no es una mujer que elige cesárea ni una indicación médica real, sino un sistema que, según su mirada, empuja hacia la cirugía incluso cuando la embarazada quería un parto vaginal. Cuando una cesárea no está indicada, aumenta el riesgo para el bebé y para la mamá. Es una cirugía y no debería ser una decisión liviana, planteó Montero a Con Bienestar. El funcionario defiende la idea de cambiar el patrón cultural de que el mismo obstetra que controló el embarazo debe estar disponible, de manera imprevisible, para asistir el parto. Según su lectura, ese modelo se volvió difícil de sostener y favorece la programación de nacimientos. La propuesta es que la mujer sea atendida por un servicio, con obstetras de la clínica, y que el nacimiento se produzca con un equipo de guardia preparado, con neonatólogo, anestesia, sangre segura y todo lo necesario las 24 horas, explicó. Desde el Ministerio de Salud también argumentan que el nuevo esquema permitiría: - ordenar las maternidades, - mejorar la seguridad - y formar mejor a los nuevos profesionales. En el diseño oficial, el obstetra de cabecera seguiría controlando el embarazo y derivaría a la paciente a una institución con equipo estable. En casos de riesgo o complicaciones, podría acompañar el nacimiento. Natalia Courtis, directora de Maternidad e Infancia de Mendoza, defendió el plan al señalar que se necesitan cambios profundos en todo el sistema y que el objetivo es educar a las pacientes sobre riesgos y beneficios reales, además de reducir la idea de que la cesárea es más fácil o más segura cuando no hay indicación médica. La respuesta médica: no es solo una cuestión de organización Del otro lado, los obstetras reconocen que la tasa de cesáreas es alta, pero cuestionan el camino elegido. El Dr. Jorge Manuel Ghazoul, miembro de la Sociedad de Ginecología de Mendoza, FASGO, SOGIBA, la Sociedad Argentina de Histeroscopia y la Sociedad Argentina de Menopausia, advierte que el fenómeno no puede explicarse por una sola causa. Intereses económicos no hay porque los honorarios médicos son iguales para parto y cesárea. ¿Por qué hay tantas cesáreas? No estamos haciendo nada mal. Lo que sucede es que es una cuestión multifactorial, afirmó Ghazoul. Para el especialista, cambiaron las características de las pacientes y también sus miedos. Las pacientes en este momento son más grandes, de 38 o 40 años. Ya no tienen muchos hijos como antes. La mayoría tiene uno o dos, señaló. También mencionó otros factores que pesan al momento de decidir. Está el temor al dolor, a la demora en la recuperación, el temor a los prolapsos, a los desgarros. Todas esas son causas que llevan a un incremento de la cesárea, enumeró. Ghazoul coincide en que hay que bajar los índices, pero propone hacerlo de otra manera: Se podría disminuir haciendo auditoría externa y con mayor educación a los médicos que están comenzando, capacitación para la atención del parto vaginal. El punto más sensible para los obstetras es el vínculo médico-paciente. Lo que nosotros queremos es conservar la relación médico-paciente, que no se viole la ley de parto respetado y que no se cercene la libertad al ejercicio profesional, sostuvo Ghazoul. La Ley 25.929 de Parto Respetado garantiza, entre otros derechos, que la persona gestante sea protagonista del embarazo, parto y puerperio, que reciba información clara, que pueda tomar decisiones y que esté acompañada por una persona de confianza durante el proceso. El punto ciego: quién protege mejor a la mujer La polémica tiene una paradoja. Gobierno y médicos dicen defender a la paciente, pero desde lugares distintos. Para el Gobierno, protegerla es evitar una cirugía innecesaria y garantizar un equipo completo, descansado y disponible. Para los obstetras críticos, protegerla es respetar la continuidad del vínculo con el profesional que conoce su historia clínica, sus miedos y sus decisiones. Cristian Palomba, médico obstetra e integrante de Obstetras Unidos de Mendoza, advirtió que la medida fue inconsulta y que podría ser contraproducente. Al no haber un vínculo, el médico no conoce a la paciente, probablemente el profesional de guardia espere menos la evolución espontánea de un trabajo de parto que su propio obstetra. Incluso pensamos que hasta se puede aumentar el índice de cesáreas, afirmó. También planteó que existen alternativas menos disruptivas, como auditorías internas, segunda opinión obligatoria para indicar una cirugía. En el fondo, Mendoza abrió una discusión que excede a la provincia. La Argentina tiene una relación ambigua con el parto: - por un lado, se habla cada vez más de parto respetado, protagonismo de la mujer y consentimiento informado; - por otro, las cifras muestran que en muchas instituciones la cesárea dejó de ser una excepción para convertirse en regla. La pregunta que queda flotando es incómoda: si una mujer elige parto vaginal, ¿el sistema realmente la acompaña hasta el final o la conduce hacia una cirugía por comodidad, organización o temor médico-legal? Pero también hay otra pregunta igual de importante: si una mujer construyó confianza durante meses con un obstetra, ¿puede el Estado modificar ese esquema sin una estrategia de transición, información clara y consenso profesional? Lee también: La prueba de salud gratuita y obligatoria que permite detectar enfermedades congénitas en los recién nacidos La respuesta no debería quedar atrapada en una pelea corporativa ni en una medida administrativa. Bajar cesáreas innecesarias es un objetivo sanitario razonable. Pero hacerlo sin escuchar a pacientes y equipos puede generar el efecto contrario: más desconfianza, más judicialización y más miedo en un momento que ya es sensible por naturaleza. Mendoza puso sobre la mesa un problema real. Ahora necesita demostrar que la solución también lo es.
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