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  • INTI en alerta por cesantías masivas

    Parana » Cuestion Entrerriana

    Fecha: 30/04/2026 20:37

    La crisis en el INTI entró en una fase crítica con un plan oficial que, según advirtieron los gremios, podría implicar hasta 1.700 despidos y denuncias penales contra delegados sindicales, en el marco de una protesta que incluyó la presunta retención de autoridades del organismo. De acuerdo con lo que circula entre los trabajadores, la decisión impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apunta a un recorte de hasta 1.700 puestos, con un primer tramo de unos 600 cesanteados. La información fue transmitida por los sindicatos durante una asamblea realizada este viernes por la mañana, donde además se advirtió que los telegramas de despido podrían comenzar a llegar desde la próxima semana. En ese mismo encuentro, los representantes gremiales detallaron que quienes sean pasados a disponibilidad sufrirán una reducción de alrededor del 40% en sus salarios, dato que profundizó la preocupación dentro del organismo. El ajuste, remarcaron, no solo impacta en los puestos de trabajo sino también en las condiciones laborales de quienes permanezcan en funciones, con recortes que afectarían áreas técnicas clave. Denuncias penales y acusaciones de retención forzada El conflicto escaló todavía más cuando el Gobierno anunció que denunciará penalmente a integrantes de la junta interna de ATE por una protesta en la que, según la versión oficial, se produjo una retención forzada de autoridades. El episodio tuvo como protagonista al presidente del instituto, Miguel Romero, quien permaneció durante unas dos horas dentro de las oficinas del Parque Tecnológico Migueletes junto a parte de su equipo. Desde la Secretaría de Coordinación de Producción afirmaron que durante la manifestación los sindicalistas violentaron puertas y ventanas intentando entrar al edificio, en un comunicado que endureció el tono oficial. También señalaron que el titular de la junta interna, Francisco Dolmann, se comunicó con Romero para exigirle que abandonara el lugar. Según el relato oficial, le pidió que se rindiera y saliera del edificio y le aseguró que no tuviera miedo, que no le iba a pasar nada. El comunicado difundido por las autoridades fue contundente. El INTI no va a tolerar ninguna expresión de violencia por parte de militantes gremiales y promoverá las denuncias penales pertinentes para asegurar que quienes cometan delitos deban enfrentar la ley, advirtieron, en una señal directa hacia los delegados que encabezan la resistencia al ajuste. Recorte de controles y temor a una disolución del organismo El trasfondo del conflicto está directamente vinculado a una resolución que eliminó más de 1.000 controles de calidad que realizaba el INTI, lo que reconfigura de manera drástica su estructura y funciones. En un primer momento, los trabajadores estimaban que esa medida implicaría unos 700 despidos. Sin embargo, luego el propio Romero les comunicó que la decisión oficial era duplicar esa cifra, en línea con el objetivo de reducción del Estado que impulsa Sturzenegger. Desde la Multisectorial del INTI, Giselle Santana advirtió sobre el impacto estructural de la medida. Sturzenegger quiere en el INTI 1.400 despidos, lo que es directamente la disolución del instituto, sostuvo. Y agregó que, con una dotación reducida a cerca de 1.000 trabajadores, no hay manera de que cubra todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que hoy el organismo cuenta con unos 2.400 empleados distribuidos en todo el país. Rechazo interno y advertencias sobre el impacto productivo A ese rechazo se sumó un documento firmado por mandos medios del instituto subgerentes, directores y jefes de departamento, quienes plantearon una oposición categórica a cualquier esquema de despidos masivos o reestructuración de esta magnitud. En el texto advirtieron que una reducción de personal de ese orden provocaría la desarticulación del sistema de innovación, la pérdida de capacidades técnicas y la imposibilidad de garantizar estándares de calidad en múltiples sectores productivos. También señalaron que el recorte afectaría funciones sensibles vinculadas a la seguridad de productos, controles sanitarios y asistencia tecnológica a la industria, pilares históricos del rol del INTI en la matriz productiva nacional. En ese marco, alertaron que la medida podría debilitar la prevención de riesgos y aumentar la dependencia de estándares extranjeros, con impacto directo en la competitividad de las empresas locales y en la soberanía tecnológica. En paralelo, los firmantes dejaron planteado que, bajo estas condiciones, la continuidad de sus funciones se vuelve inviable tanto desde el punto de vista técnico como ético, al considerar que no pueden conducir una estructura que pierde las herramientas básicas para operar.

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