28/04/2026 15:07
28/04/2026 15:07
28/04/2026 15:04
28/04/2026 15:02
28/04/2026 15:02
28/04/2026 15:02
28/04/2026 15:02
28/04/2026 15:02
28/04/2026 15:02
28/04/2026 15:01
Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 28/04/2026 14:01
El Senado entrerriano avanza con tres proyectos clave: emergencias para personas con desafíos en la comunicación, bloqueo de apuestas online y fin de pensiones especiales Las comisiones de Salud Pública, Drogadicción y Legislación General trataron iniciativas sobre protocolos de emergencia, juego online y beneficios vitalicios En la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, senadores de las comisiones de Salud Pública y Drogadicción comenzaron a analizar un proyecto de ley que crea un procedimiento integral de actuación en emergencias para personas con desafíos en la comunicación, con el objetivo de garantizar una atención adecuada, accesible y humanizada, promoviendo su protección, seguridad y bienestar. La comisión presidida por Hernán Méndez (Islas Juntos por Entre Ríos) contó con la presencia de sus pares Nancy Miranda (Federal Más para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay Juntos por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón Juntos por Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay Más para Entre Ríos) y Víctor Sanzberro (Victoria Más para Entre Ríos). El proyecto, de 11 artículos, fue presentado por el senador Gustavo Vergara (Diamante Juntos por Entre Ríos) junto a integrantes del bloque Juntos por Entre Ríos. La iniciativa contempla a personas con Condición del Espectro Autista (CEA), discapacidad auditiva o sordera, trastornos del habla y del lenguaje, discapacidad cognitiva o del desarrollo, accidente cerebrovascular (ACV), esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y cualquier otra condición que implique dificultades en la comunicación verbal o no verbal. En ese sentido, se crea el Registro Único Voluntario de Personas con Desafíos en la Comunicación, de carácter confidencial y no obligatorio, con el objeto de facilitar la intervención de los servicios de emergencia. La Autoridad de Aplicación será la Dirección de Defensa Civil. Ya en el artículo 5°, se dispone que los móviles y dependencias de los servicios de emergencia provinciales cuenten con equipos de primeros auxilios psicológicos destinados a la atención de personas con desafíos en la comunicación. Además, se establece la capacitación obligatoria, periódica y continua del personal de los servicios de emergencia y de los agentes públicos involucrados en materia de comunicación accesible, abordaje respetuoso y no violento, primeros auxilios psicológicos y atención a personas con desafíos en la comunicación. El texto también contempla sistemas de identificación voluntaria, articulación interinstitucional, difusión y financiamiento. En los fundamentos de la propuesta se señala que, tomando como antecedentes las experiencias de las ciudades de Villa María y General Ramírez, el proyecto impulsado por la Asociación de Bomberos Voluntarios se presenta como una herramienta necesaria, razonable y efectiva para garantizar derechos, prevenir situaciones de violencia institucional y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado. Para profundizar el análisis, la comisión recibió a invitados que expusieron su visión sobre la iniciativa: el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de General Ramírez, Aaron Mendoza, junto a Sabrina Hergert. Mendoza agradeció la invitación y explicó que la propuesta surge en el seno de la institución, también movidos por una ordenanza de la ciudad cordobesa de Villa María donde se identifica a las personas con CEA, Condición del Espectro Autista, remarcó. Hergert, por su parte, se refirió al trabajo preventivo y de emergencia que llevan adelante y detalló que, cuando tienen identificadas a las personas con dificultades para comunicarse, se toman los recaudos necesarios en las primeras respuestas, con el objetivo de mejorar la calidad de atención. Las identificaciones, subrayó, son muy importantes para garantizar el derecho de una atención digna y consisten en una ficha colocada estratégicamente en las casas, en los vehículos en los que se conducen y en cada persona, en forma de pulsera o cadena. Los bomberos manifestaron a los senadores que la capacitación permanente es fundamental en todos los equipos de primera respuesta. Ambos relataron la experiencia positiva que desarrollan en General Ramírez, donde rige una ordenanza municipal, y expresaron que ojalá se pueda lograr en la provincia y en toda la Argentina para que en todos lados se utilice el mismo procedimiento. Luego de algunas preguntas por parte de los legisladores de la comisión, se acordó convocar a miembros de otros organismos involucrados en la materia, ya que la idea es escuchar más actores para enriquecer el texto de la ley, confirmó el senador Méndez. Proyecto para bloquear apuestas online en redes públicas Posteriormente, se reunieron las comisiones de Salud Pública y Drogadicción y de Legislación General para tratar un proyecto de ley presentado por el senador Casiano Otaegui, junto a integrantes del bloque Juntos por Entre Ríos, por el cual se prohíbe el acceso a sitios de apuestas en línea a través de redes públicas de acceso a internet brindadas por organismos estatales. Para este encuentro se sumaron los senadores de la Comisión de Legislación General, que preside Nancy Miranda, con Juan Pablo Cosso (Villaguay Más para Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano Peronismo Federal), Jaime Benedetti (Gualeguaychú Juntos por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná Más para Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz Más para Entre Ríos) y Rafael Cavagna (Nogoyá Juntos por Entre Ríos). En seis artículos, el proyecto establece que la autoridad de aplicación será el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), al que se le asignan, entre otras, las siguientes funciones: confeccionar periódicamente un listado de sitios de apuestas legales o ilegales que operen en el territorio provincial; realizar las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales para que se den de baja los sitios ilegales; enviar el listado de sitios de apuestas a los prestadores de internet para que sepan qué sitios, IP y DNS deben ser bloqueados desde redes públicas; recibir denuncias de autoridades municipales o comunales sobre la falta de inclusión de sitios en ese listado; y toda otra que considere pertinente la autoridad de aplicación. Asimismo, se fija la obligación para las empresas prestadoras de servicios de internet por medio de redes públicas de bloquear los sitios, IP y DNS indicados en el listado que periódicamente les brinde el IAFAS. A la vez, se invita a municipios y comunas a adherir y sancionar normas propias con sentido similar. El senador Otaegui explicó a sus pares el alcance de la iniciativa. Manifestó que, tomando como referencia el trabajo realizado en otras jurisdicciones, como Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se busca bloquear el acceso a sitios de apuestas y sus direcciones IP y DNS en redes públicas de organismos estatales, como complemento de otras estrategias con las que cuenta Entre Ríos para enfrentar el uso problemático del juego, que crece día a día. Los integrantes de las comisiones intercambiaron opiniones sobre esta realidad y sobre el proyecto de ley, y consensuaron cursar invitaciones a especialistas de distintos organismos para que aporten su visión antes de avanzar en el dictamen. Debate por la derogación de pensiones especiales y graciables Después de la hora 11, en un encuentro de la Comisión de Legislación General, se trató el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, con media sanción de 2024, que deroga la Ley 4.506 y sus modificatorias, norma sancionada en 1964 que establecía una pensión vitalicia para exgobernadores y exvicegobernadores. En siete artículos, la iniciativa estipula que ningún funcionario o empleado público provincial, municipal o comunal podrá ser beneficiario de pensiones especiales o graciables otorgadas por la Provincia que no provengan del sistema de jubilaciones ordinario, con la excepción de las previstas en la Ley Nº 7849 de Mérito Cultural y la Ley Nº 9216 de Héroes Entrerrianos Veteranos de Malvinas. En cuanto a los beneficios reconocidos durante la vigencia de la Ley 4.506 y sus modificatorias, continuarán abonándose, excepto que sus beneficiarios queden comprendidos en alguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en los artículos siguientes. La percepción de las pensiones otorgadas durante la vigencia de la Ley 4.506 y sus modificatorias resulta incompatible con la percepción actual o futura de beneficios previsionales o asistenciales de cualquiera de los regímenes vigentes, y también con la percepción de retribuciones, honorarios, sueldos o dietas provenientes de todo tipo de relación laboral o contractual con el Estado en los órdenes nacional, provincial, municipal o comunal, excepto las que correspondan al ejercicio de la docencia. En esos casos, el beneficiario deberá solicitar la suspensión del beneficio hasta la finalización de su gestión o contratación, o bien optar por el cobro de la pensión, renunciando a toda remuneración o asignación dineraria por el cargo desempeñado, comunicándolo a la autoridad encargada de liquidar el beneficio o la remuneración, según corresponda. Si el beneficiario no ejerciera la opción, el beneficio se suspenderá de oficio, debiendo restituirse a la Caja de Jubilaciones y Pensiones la suma percibida desde que se produjo la incompatibilidad, con más sus intereses legales. A tal efecto, el acto administrativo que disponga la suspensión será título ejecutivo suficiente para el cobro de la deuda liquidada. El artículo 5º se refiere a la caducidad del beneficio en caso de condena penal por determinados delitos. Al dictarse la sentencia de segunda instancia o, de quedar firme la de primera instancia, el juez o tribunal interviniente deberá comunicarla a la Caja de Jubilaciones y Pensiones para que proceda según lo establece la ley. A los efectos de esta norma, la caducidad será aplicable cuando exista sentencia condenatoria coincidente en Cámara revisora, asegurando el doble conforme en igual sentido, sin perjuicio de los recursos extraordinarios que pudieran corresponder. En caso de revocarse la sentencia condenatoria, el beneficio será restablecido en forma retroactiva. Sobre el artículo 5°, la senadora Miranda indicó que desde su bloque se propuso una modificación para evitar la caducidad del beneficio ya adquirido. Los miembros de la comisión acordaron continuar analizando el proyecto dentro de 15 días, antes de emitir dictamen.
Ver noticia original
.gif)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por