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Parana » Radio La Voz
Fecha: 26/04/2026 08:48
El Gobierno envió una nueva tanda de nominaciones para jueces, fiscales y defensores mientras se habla de cambios en Casación para asegurar el statu quo. El Gobierno envió una nueva tanda con más de 30 pliegos para jueces, fiscales y defensores. En total, son más de 100 los cargos que pretende cubrir por el momento, si consigue, como todo indica, el aval del Senado. Mientras tanto, la administración de Javier Milei mira hacia dos tribunales clave de Comodoro Py: la Cámara Federal porteña donde fantasea con tres vacantes y la Cámara Federal de Casación Penal donde podría propiciar una concentración de poder nunca vista. El viernes, el Poder Ejecutivo envió al Senado una nueva nómina de candidatos para ocupar juzgados, fiscalías o defensorías. Entre ellos, se destaca el pedido para que la jueza Matilde Ballerini permanezca en la Sala B de la Cámara Comercial más allá de los 75 años. Ballerini fue una de las juezas que favoreció a Mauricio Macri en la causa de la quiebra del Correo. Su situación es similar a la de Víctor Arturo Pesino, el camarista que rehabilitó la reforma laboral y fue premiado con el inicio del trámite para quedarse hasta los 80 años. La última tanda enviada no estuvo exenta de críticas, sobre todo porque quien la compuso fue Juan Bautista Mahiques, que, en la interna descarnada de la Casa Rosada, se alinea con Karina Milei. Desde el sector que encabeza el asesor Santiago Caputo le achacaron que estaba promoviendo a candidatos con simpatías con los organismos de derechos humanos. Uno de los nombres que circuló fue el de Ángeles Ramos, la fiscal que está a cargo de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), nominada como representante del Ministerio Público ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico (TOPE). El abogado libertario Alejandro Sarubbi Benítez apuntó contra otros tres candidatos para defensores en redes: Ana Clarisa Galán (Casación), Hernán Figueroa (TOPE) y María Esther Pinos (Formosa). Al parecer, su mancha habría sido firmar una declaración contra la baja de la edad de punibilidad. No hubo críticas, por ejemplo, a la elección de José Eduardo Villena como conjuez para los juzgados federales de Córdoba, quien participó en una jornada en la Legislatura porteña sobre falsas denuncias junto a la legisladora Lucía Montenegro. Entre los más de 100 pliegos que deberán ser analizados en la Comisión de Acuerdos del Senado, se destaca el de Emilio Rosatti hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema para un tribunal oral de Santa Fe. La nominación de Emilio Rosatti fue lo que detonó la última interna de los supremos, que se exteriorizó con la presentación de un proyecto para mejorar los concursos en el Consejo. También generó comentarios el envío del pliego de Ana Juan, una funcionaria bien considerada en la Cámara Federal porteña, para jueza de Hurlingham. Juan es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, juez que tiene en sus manos uno de los casos más sensibles para Javier Milei: $LIBRA. En general, la atención del Gobierno parece haber estado en juzgados civiles, los tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara Comercial, la Cámara en lo Penal Económico donde los nominados son Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, el juez que tiene la causa sobre el envío de municiones a Bolivia, las fiscalías ante los TOPE y los tribunales orales de San Martín. La Plata concentró el envío de muchos pliegos. Hay dos candidatos para la Cámara Federal platense: Emilio Santiago Faggi y Laureano Durán --hijo del camarista Alberto Durán, ya fallecido. Si el Senado aprobara esas dos candidaturas, aún quedarían tres vacantes en el tribunal de apelaciones platense. El Gobierno también envió varias nominaciones para los tribunales orales de La Plata, donde los jueces titulares brillan por su ausencia. Lo curioso es que hay tres nominados para el TOF 3, que todavía no está habilitado: no tiene personal ni lugar para funcionar. Si los candidatos consiguen el aval de la Cámara Alta, seguramente subrogarán en otros tribunales, estiman fuentes de la ciudad de las diagonales. No hubo nominaciones para Comodoro Py más allá de alguna defensoría. Es allí donde se libran todas las batallas y donde el Gobierno tiene interés en el devenir de las causas: $LIBRA, las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En son de paz, el ministro de Justicia volvió a postergar la aplicación del sistema acusatorio hasta el 15 de febrero del año que viene. El mismo plazo rige para el fuero penal económico. El 31 de marzo pasado, Mahiques y su número dos, Santiago Viola, visitaron la Cámara Federal de Casación Penal. En ese encuentro, en el que participaron todos los integrantes del alto tribunal penal con la excepción de Alejandro Slokar, se habló de una iniciativa para reducir la Casación Federal, que es el tribunal que revisa las sentencias de los juicios. Según las fuentes consultadas, Daniel Petrone habría sido quien envió la propuesta al Ministerio días antes de la visita. En el encuentro, Guillermo Yacobucci tomó la palabra y dijo que estaban bien tal como estaban. Mariano Borinsky, que integra las salas III y IV, se pronunció en el mismo sentido. Diego Barroetaveña expresó algunas dudas, sobre todo porque él es el representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura. En la Cámara Federal de Casación Penal hay nueve jueces en este momento. Hay cuatro lugares vacantes: los que dejaron Eduardo Riggi, Liliana Catucci, Ana Figueroa y Juan Carlos Gemignani. En el Ministerio de Justicia buscan bajar la polémica al señalar que existieron conversaciones, pero que no hay un proyecto oficial. La propuesta de que la Casación quede integrada con nueve jueces --y no trece, como debería-- implica concentrar el poder léase, las causas en menos manos. También es una forma de vedar el ingreso a quienes ya participaron del concurso 475 y quedaron bien posicionados. Hay algunos nombres y apellidos que no gozan de la simpatía del Gobierno ni del establishment judicial. Los tres primeros en el orden de mérito que se conocen son la jueza María Gabriela López Iñíguez, el juez José Michilini y el fiscal Leonel Gómez Barbella. Hubo gente desfilando por el primer piso de Comodoro Py toda esta semana para averiguar sobre esta iniciativa. No somos autores de las designaciones de nuestros pares, reconoció un camarista. Si el Gobierno quisiera avanzar con la reducción de la Casación, podría hacerlo a través de una ley. El ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, dijo en una entrevista que la propuesta era viable, aunque aclaró que habría que ver si era un proyecto integral de reforma de la justicia o una avivada política. Lo que estamos viendo es la colonización del Poder Judicial por vía de su destrucción. Todos pugnan por la cobertura de vacantes menos la Casación y la Cámara Federal, dice un magistrado de Comodoro Py que observa los eventos con cierto estupor. En la Cámara Federal, donde se revisan las causas en trámite, hay tres jueces en la cuerda floja. Por un lado está el caso de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados durante el macrismo. Por otro lado está Martín Irurzun, que en julio cumplirá 75 años y no consigue señales del Gobierno de que vaya a mandar su pliego para una reválida en el Senado. Al comienzo de la gestión libertaria, Bruglia y Bertuzzi tenían encaminado un acuerdo de solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para permanecer en sus cargos. Pero las propias internas del Gobierno terminaron en un tire y afloje. Viola a quien ambos procesaron por la operación que montó contra el juez Sebastián Casanello durante el macrismo no tiene demasiados incentivos para apuntalar esas gestiones.
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