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Parana » El Once Digital
Fecha: 25/04/2026 00:46
Caso Luana: investigarán a funcionarios de organismos intervinientes y podría haber imputados La fiscal Josefina Penon confirmó que los restos de la menor ya fueron entregados a su familia en Federación. El avanzado estado de descomposición complica la autopsia, mientras la causa avanza bajo la grave imputación de abandono de persona agravado. 24 de Abril de 2026 La fiscal Josefina Penon confirmó que los restos de la menor ya fueron entregados a su familia en Federación. El avanzado estado de descomposición complica la autopsia, mientras la causa avanza bajo la grave imputación de abandono de persona agravado. La ciudad de Federación vive días de profunda conmoción tras nuevos avances en la investigación por la muerte de Luana Cabral. La fiscal a cargo de la causa, Josefina Penon, brindó declaraciones en las que expuso detalles impactantes sobre el estado del proceso judicial y las dificultades que enfrenta la investigación. Uno de los datos más relevantes es que los restos de la menor ya fueron trasladados a Federación y entregados a su hermana mayor, Emilia Pucheta, quien se constituyó como querellante para intervenir activamente en la causa, publicó el medio La Última Campana. En cuanto a las pericias forenses, la fiscal confirmó que el estado del cuerpo representa un obstáculo significativo. Según explicó, el nivel de descomposición era extremo. Esta situación limita la posibilidad de obtener conclusiones inmediatas a partir de la autopsia, por lo que se iniciaron consultas con especialistas de otras provincias para intentar reconstruir lo ocurrido. Además, la fiscal confirmó que la investigación se amplía hacia otros posibles responsables. Se analiza el accionar de organismos públicos que podrían haber intervenido previamente en la situación de la menor. En caso de detectarse negligencias, no se descartan nuevas imputaciones contra funcionarios o personal estatal. En este sentido, detalló: "Esto no quita que el día de mañana se puedan ampliar imputaciones, reunir evidencia que permita sospechar que hay otra persona que no sean los padres, sino de algún organismo, algún funcionario de algún organismo del Estado a quien también le correspondía la responsabilidad o la obligación legal de asistir a Luana". "Recabamos información de los organismos de salud que debían asistir a Luana, a quienes se le había dado intervención. Creemos que hubo una falencia, pero también es materia de investigación", subrayó Penon. Respecto a la situación judicial de los padres, la causa muestra avances concretos. El padre de la menor continuará detenido, ya que la prisión preventiva por 60 días quedó firme tras no ser apelada por su defensa. El hombre optó por no declarar, aunque sostuvo que no convivía en el domicilio desde días previos, un argumento que la fiscalía considera insuficiente frente a sus responsabilidades. "Él hizo una aclaración de que él hacía 15 días que vivía en ese domicilio. Fue lo único que declaró. Me parece un absurdo, porque el hecho de no vivir en la casa donde vive tu hija no te quita responsabilidad", apuntó la fiscal en diálogo con La Última Campana. Por su parte, la madre permanece detenida bajo custodia policial, aunque continúa internada en el Hospital San José debido a un cuadro de depresión aguda que, por el momento, le impide prestar declaración, informó La Última Campana. "De lo que se los acusa es de no haber hecho cuando tienen la obligación legal de hacer. Ellos no cuidaron a Luana, ellos no alimentaron a Luana", señaló Penon. Y aseveró que "Luana era una niña que prácticamente era un bebé, una persona que tenía una discapacidad que la hacía depender absolutamente... Ellos no hicieron nada para que Luana continúe con vida". La investigación está caratulada provisoriamente como abandono de persona agravado por el vínculo y el resultado de muerte, una figura penal de extrema gravedad. Desde la fiscalía sostienen que la menor dependía completamente de sus padres y que no se cumplieron las condiciones mínimas necesarias para garantizar su supervivencia. De sostenerse esta imputación, las penas previstas van de 8 a 20 años de prisión, aunque no se descarta un agravamiento en función de los resultados finales de las pericias y los informes médicos. Mientras tanto, la Fiscalía continúa recabando testimonios de familiares, vecinos y profesionales de la salud, en un intento por reconstruir los hechos detrás de una tragedia que ha generado un fuerte impacto en toda la comunidad. 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