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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 24/04/2026 09:44
Trabajadores formales del Estado entrerriano comenzaron a solicitar su propia quiebra ante la Justicia provincial debido al desfasaje entre salarios congelados, inflación persistente y deudas crecientes, según expedientes judiciales y sentencias recientes. Los tribunales de Entre Ríos registran una tendencia que hasta hace poco era excepcional: empleados públicos con ingresos estables que caen en cesación de pagos y recurren a la quiebra personal como única salida. Los casos comparten un patrón común: descuentos automáticos que absorben la mayor parte del salario, imposibilidad de cubrir gastos básicos y un endeudamiento que ya no responde a bienes durables sino a alimentos, medicamentos y alquiler. Uno de los expedientes corresponde a una empleada del Ministerio de Desarrollo Humano. Con un salario de aproximadamente 1.192.000 pesos y descuentos por 952.000, su ingreso neto rondaba los 239.000 pesos, insuficientes para pagar un alquiler de más de 347.000. Con doce acreedores y un pasivo de 12.646.000 pesos, el juez declaró su quiebra el 18 de marzo. Otro caso es el de una trabajadora que combinaba dos empleos en una asociación civil y en el Estado provincial para sostener a sus dos hijos menores. Su situación crediticia ya estaba calificada como «con problemas» e «irrecuperable» por el Banco Central, con deudas en bancos y financieras por más de 10.870.000 pesos. El juez Ángel Moia decretó su quiebra el 6 de abril. Un policía de Paraná con un año y medio de antigüedad percibía un salario bruto cercano a 1.137.000 pesos, pero los descuentos lo dejaban con apenas 40.000 disponibles. Su pasivo superaba los 10.755.000 pesos. Ante la imposibilidad de afrontar un alquiler, residía en una dependencia policial. Tras una primera negativa judicial, la Cámara de Apelaciones revocó la decisión y se dictó su quiebra el 20 de marzo. El caso de una empleada municipal de Colonia Avellaneda presenta características similares: un salario de poco más de 1.052.000 pesos con descuentos de 872.000, trece acreedores y un pasivo superior a 15.423.000 pesos. Madre soltera y sin cuota alimentaria, la Justicia consideró acreditada la cesación de pagos y decretó su quiebra. En Villaguay, un trabajador del Ministerio de Salud había solicitado un concurso preventivo para evitar la quiebra, pero su situación evidenciaba la misma matriz: ingresos insuficientes frente a un endeudamiento creciente. El juez Alfredo Alesio Eguiazu declaró la quiebra el 18 de marzo. A nivel nacional, un informe del Centro de Economía Política Argentina detalló que la morosidad en entidades financieras alcanzó el 11,2 por ciento en febrero, mientras que en entidades no financieras llegó al 29,9 por ciento. Hay 4,8 millones de personas con mora superior a tres meses, un crecimiento del 45 por ciento respecto de febrero de 2024. En la Cámara de Diputados de la Nación hay seis proyectos opositores que contemplan distintas estrategias para abordar el sobreendeudamiento, entre ellos la creación de un programa de desendeudamiento con línea de crédito de ANSES y la declaración de la emergencia crediticia de los hogares por dos años.
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