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  • Barrio Islas Malvinas: 24 familias conviven entre la precariedad, las conexiones eléctricas ilegales y la orfandad estatal

    Concordia » Diario Junio

    Fecha: 22/04/2026 07:46

    Originalmente, hace 10 años había una familia que tenía un medidor sobre la calle a la entrada del terreno. Luego se conformó un grupo de 5 familias y actualmente, de acuerdo a los últimos relevamientos, son 25 familias. Desde allí llevaba un cable de varios metros hasta su domicilio por el terreno interno. El medidor estuvo hasta el año 2022. A partir de esa fecha, la Municipalidad extendió un cable preensamblado para alimentar a esta familia con energía de manera directa desde la red. El tema es que nunca se puso un medidor comunitario, dijo Silvero. La situación generaba un alto grado de riesgo para la seguridad de las familias involucradas. Hace pocos días, personal de la CEC (Cooperativa Eléctrica de Concordia) fue hasta el lugar y retiró el cableado. Entre los vecinos, la queja fue que no hubo un aviso previo. No tuvimos tiempo para el reclamo, indicó. La CEC les dio 10 días de plazo a las familias para que vean la posibilidad de regularizar la situación. Lamentablemente tuvimos que volver a conectar la luz entre los vecinos de manera clandestina para tener un poco de luz, dijo. Pero al tratarse de una sola conexión de 220 voltios entre una veintena de viviendas, la tensión es muy baja. Solo alcanza para encender un foco de noche, evitando dormir en la oscuridad. No podés enchufar nada, corres el riesgo de que se te quemen las cosas, mencionó. La comida que almacenan en las heladeras se descompone. Mala praxis y secuelas Mi nene tiene encefalopatía por una mala praxis, dijo. Cuando tenía siete años, Lisandro fue al hospital Delicia Concepción Masvernat. Les colocaron unas vacunas que le provocaron fiebre y convulsiones. Lo atendieron por guardia y lo enviaron tres días seguidos a la casa y siguió convulsionando hasta que lo internaron, indicó. El chico quedó en coma farmacológico porque los médicos no sabían qué le pasaba. No había neurólogo infantil acá en Concordia en ese entonces, recordó. Estuvieron siete días esperando la autorización para ser trasladados a Paraná. La encefalitis (la encefalitis es la inflamación del tejido cerebral, generalmente causada por infecciones virales como herpes o reacciones autoinmunes) le dejó secuelas graves. No habla, no camina y no se sienta. Tiene que estar en una silla con respaldo abrochado porque solo no se sienta, explicó el padre. Siempre depende de alguien. Lisandro no puede masticar por sí mismo y por eso la dieta se basa en leche, yogur, puré o carne picada. Necesita comidas semi-sólidas o licuadas y se necesita la luz sí o sí para una licuadora o un microondas. Son necesidades básicas y él depende de eso, remarcó. Nadie los atiene Un informe técnico en la distribuidora indica que se debe extender una red de media tensión, montar un transformador y armar la distribución en baja tensión. Por lo que hablaron con nosotros, en la Cooperativa no tienen problemas. Toda pasa por el municipio, pero si no autoriza no se puede hacer. Y el tema es que el municipio no responde. Los vecinos se contactaron con el director de Electrotecnia de la municipalidad, Andrés Villalba. No atendió muy bien, pero la solución escapa de él. La orden tiene que venir de arriba, mencionó. Los vecinos intentaron dialogar con el intendente Francisco Azcué, pero no los atendió. La secretaria privada les dijo que el mandatario comunal no podía hacer nada. El viernes pasado, la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza, según el vecino, les dijo que podría comunicarse con el Director Comercial de la CEC, Juan Martín Asueta, para intermediar. Según Silvero, Asueta les dio plazo hasta este viernes 25 de abril para regularizar la situación. De lo contrario, les advirtió que iban a ir a retirar los cables que colocaron los vecinos. Finalmente, la viceintendenta no se habría comunicado. Los vecinos temen que les arranquen 300 metros de cable y queden en la oscuridad. Anteayer lunes 20, los vecinos fueron hasta el municipio, pero las puertas estaban cerradas. Desde la presidencia del Concejo les indicaron que Reta no había ido a trabajar porque estaba enferma. Silvero admitió que esperaban otra actitud. A las palabras se las lleva el viento. Silvero remarcó que los vecinos no quieren luz gratis ni medidores comunitarios. Aunque en el caso del medidor comunitario, remarcó, sería una solución temporal, también admite que seguirían con baja tensión con el riesgo de quemar sus electrodomésticos. Queremos pagar el servicio, todos queremos el medidor. No queremos esto de volver a quedarse sin luz: hay chicos, hay adultos mayores. Es muy compleja la situación. Nadie quiere que se les regale nada, dijo. Certificado sin valor Una opción intermedia es la colocación de seis medidores sobre la calle Santa Lucia. Cada medidor sería compartido entre cuatro familias. Silvero remarcó que, de esa forma, la CEC ni debe ingresar al terreno privado. Sin embargo, requieren de la autorización del municipio. Y el problema es justamente ese. Silvero mencionó que necesitan que se haga la urbanización del terreno. Urbanizar un terreno es el proceso de acondicionar un suelo rústico o no urbanizado para hacerlo apto para la edificación y el uso urbano. Implica dotarlo de servicios básicos como agua, luz, alcantarillado, gas, pavimentación de calles y accesos. Para eso se requiere un proyecto técnico aprobado por el municipio y el cumplimiento de las normativas de uso de suelo. El vecino sostuvo que hay calles internas en el terreno, pero no figuran en los planos del municipio. Nunca se hizo la urbanización. Las calles no tienen nombre, indicó. La viceintendenta les dijo que el municipio no puede ingresar para hacer esos trámites porque se tratan de terrenos privados. No obstante, Silvero mencionó que todos los vecinos cuentan con un certificado del RENABAP. El RENABAP es un registro oficial creado en 2017 que identifica villas, asentamientos y barrios informales para impulsar su regularización dominial e integración socio-urbana. Permite a sus habitantes acceder al Certificado de Vivienda Familiar de ANSES, herramienta clave para acreditar domicilio, solicitar servicios básicos (agua, luz, cloacas) y acceder a mejoras de vivienda. Eso nos habilita a bajar los servicios, a una urbanización, a una expropiación municipal. El gobierno tiene que hacerse cargo. Es una ley vigente que la van a sacar, pero hoy está vigente. Una reforma que se discute en el Congreso actualmente apunta al Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, más conocida como «ley de barrios populares», con el argumento de que no funcionó porque «solo el 0,08% del suelo de los barrios del RENABAP tiene título de propiedad privada». En este punto, el proyecto tiene un elemento que ayuda al oficialismo a acordar con los gobernadores: le transfiere a las provincias y municipios el control sobre ese mecanismo y la potestad de aplicar instrumentos jurídicos para avanzar en la regularización de los títulos de dominio. Cuando se reunieron con Reta de Urquiza, la presidenta del Concejo les explicó que el municipio ya no expropiará más terrenos. Está por presentar una ordenanza nueva. Ellos van a ser intermediarios con los titulares de los terrenos para que los vecinos puedan llegar a un acuerdo y comprarlos, dijo el vecino. El cierre del Invytam El 9 de abril pasado, en el Concejo Deliberante se aprobó, con la oposición del bloque del PJ, el cierre del INVYTAM (Instituyo de Viviendas y Tierreas Municipales). La concejal Claudia Villalba (PJ) admitió en el debate que quienes ocupan terrenos viven en condiciones que no son dignas para un ser humano. Pero, al mismo tiempo, admitió que vivir en condiciones sumamente precarias en baldíos, sin acceso al agua, la luz ni las cloacas, es por la necesidad imperiosa de tener una vivienda. Por ello, la creación del Invytam preveía la compra de lotes para esas familias. Además, en los casos en que había usurpaciones, se proponía regularizar esa situación y llevar las redes de agua y cloacas. La respuesta provino del concejal Felipe Sastre quien manifestó que la realidad es que hay numerosos barrios donde tiran la cadena y eso va a parar a un pozo, sin cordón cuneta y sin agua. Azcué cuando asume la gestión se propone llevar adelante esas obras. Después descubre que es una cueva el Invytam como otros organismos autárquicos creados por el peronismo para evadir los mecanismos de control, remarcó. En lugar del INVYTAM, se crea la Dirección de Regularización Dominial y de Gestión Comunitaria. El edil del oficialismo dijo que la ordenanza no eliminaba los programas de vivienda en relación al hábitat. Reordena la estructura burocrática. No vamos a pagar más el alquiler ese de ahí de donde era Centro Eléctrico. Esto va a funcionar en calle Urquiza, en una oficina enfrente a Villa Teresita, dijo ese día Sastre. Pero, para Silvero, la solución no pasa por esas oficinas a las que no nombra. En lugar de ello, apunta más arriba: enviaron una carta al intendente pidiendo que los atienda, denunciaron la situación en las redes y en los medios, iniciaron un expediente en forma grupal (ya habían presentado a nivel individual), y analizan presentar un recurso de amparo en la Justicia. Sin soluciones a la vista, las familias de Islas Malvinas esperan una respuesta que hasta ahora no llega, pero es cada vez más urgente. Queremos que alguien nos responda; que alguien salga y diga se puede hacer esto. Estamos en una nube que no se sabe que va a pasar.

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