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Parana » Pagina Politica
Fecha: 20/04/2026 18:14
Los allanamientos a los domicilios de Gustavo Bordet, pero principalmente en el de la hija, suponen una certeza. La intromisión de un sector del Poder Judicial en el ámbito de la política. Coincide con los movimientos en vísperas de las elecciones del 2027. La medida se llevó adelante en esos domicilios porque para hacerlo en el que vive el ex gobernador se requiere de la autorización de la Cámara de Diputados de la Nación. La urgencia por la cual se recurrió a realizar esos allanamientos no tiene explicación alguna si se repasa el proceso en el que se investiga su patrimonio. La denuncia interpuesta por el señor Héctor Daniel Ambros lleva dos años y Bordet ni siquiera ha sido imputado. ¿Por qué, entonces, un allanamiento a una hija que no estuvo ni cerca de las gestiones de su padre? El ex gobernador y diputado nacional sabía que se venía algo raro. Es por eso que decidió dar una entrevista y advertir que hace un largo tiempo ha brindado toda la información y no lo han llamado a explicar nada. Cuarenta y ocho horas después de su entrevista los hechos le dieron la razón. Es el dirigente de la oposición de mejor imágen en la consideración pública. Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal de Concordia José Arias, de importante trayectoria en las calles de Paraná para manifestarse en favor de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, cuando ésta era sometida al Jurado de Enjuiciamiento. Arias, también, se convirtió casi en un ciudadano paranaense cuando se instaló para torpedear el concurso para cubrir vacantes en la Fiscalía Anticorrupción, en lo que se anotó sin buenos resultados. Durante la segunda gestión de Bordet no tuvo empacho en hacer declaraciones en contra de esa administración, lo que debería valerle ahora una excusación. Un pedido de recusación caería en resolución del procurador según el Código Procesal Penal, unas de las maravillas que dejó la gestión de Sergio Urribarri. Los allanamientos de Arias contaron, como corresponde, con la autorización de un juez de Garantías. Quien puso la firma fue Edwin Ives Leonardo Bastián. Un allanamiento no se le niega a nadie, mucho menos a un fiscal dispuesto a ir a los medios para escrachar a otros magistrados. Arias amenazó con promover un juicio político contra los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina y Miguel Giorgio, por haber solicitado en el marco del Consejo de la Magistratura un informe -como está previsto en el proceso evaluatorio- donde se puso énfasis en el desapego al Código de Ética Judicial. En otras de sus giras mediáticas Arias solicitó la remoción del entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Mariano Churrarín. No era para menos, no calificó para ninguno de los tres cargos de la FA, lo que lo motivó a presentar impugnaciones. Los allanamientos del viernes pasado podrían conectar con la apertura de una segunda causa por los contratos truchos en la Legislatura, cuyo destino es inapelable: el bochorno. Se les imputa a los presidentes de las cámaras legislativas un peculado imprudente, mientras que a los administrativos y asesores económicos que hacían inversiones con los fondos sustraídos penas de cárcel. La elevación a juicio de la causa 1, así como está, es un disparate solo comparable con la apertura de la causa 2. Pero para el sistema penal de Entre Ríos esas son nimiedades. La condena es el proceso. Es por eso que el único organismo que se opone a la reforma del Código Procesal Penal sobre los plazos razonables es el Ministerio Público Fiscal. Los allanamientos y la apertura de una nueva causa parecieran tener el sello de Goyeneche, aunque por ley la Procuración General es vertical y el jefe es Jorge García. Con la vuelta de la doctora, triunfante, podría romperse esa verticalidad o, por lo menos, reformularse en un doble comando. Antes de reformar la Constitución, el Gobierno podría dar un paso menos ambicioso y más firme: equilibrar el proceso penal. Fuente: Página Política
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